El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas Ramos, ha elaborado un informe de 300 páginas junto al fiscal de Sala Jefe de lo Penal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, la fiscal de Sala Delegado en Materia de Tutela y Protección de los Intereses de las Víctimas en el proceso penal, Pilar Fernández Valcarce, y también ha sido apoyado por la Unidad Especializada de Siniestralidad Laboral y la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.
En dicho informe se rechaza que se investiguen 20 querellas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia. «Todas las querellas han sido objeto de tratamiento individualizado, en función de los hechos denunciados y los delitos atribuidos, tales como delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo, homicidios y lesiones imprudentes, prevaricación administrativa y omisión del deber de socorro… En cuanto al fondo y contenido de las querellas presentadas hasta la fecha, el informe que se ha presentado el día de hoy solicita su inadmisión». Más que la fiscalía del Estado parece la abogacía del Gobierno.
También se dice que no hay constancia «de que se haya producido ni grave infracción de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo, ni el correlativo grave riesgo para la vida y salud de los trabajadores. Las referencias genéricas sobre la falta de equipos de protección y la falta de control de los adquiridos nos impide determinar que la conducta suponga una vulneración de la normativa infringida en materia de seguridad y salud en el trabajo».
A su vez se afirma que no se ha demostrado causa-efecto entre las decisiones políticas y las muertes causadas por el virus, y si hay casos en los que sí haya indicios de responsabilidad esta cae sobre terceros; luego los miembros del Gobierno quedan intactos, porque -según se sostiene- es ilógico pensar que todos fuesen negligentes. Y para más inri se afirma con todo el rostro que la actuación de tales miembros fue «idónea y razonable para contener la pandemia». Sólo faltaría que se sostuviese que gracias a semejante actuación «salimos más fuertes».
No obstante, se dice algo que, como lo anterior, también es falso: es absurdo «pensar que no solo la totalidad de las administraciones públicas españolas se mostraron negligentes en la gestión de la crisis, sino también las administraciones competentes en materia sanitaria pertenecientes al resto de países de nuestro entorno cultural». Pero países como Portugal, Grecia, Alemania, Hungría, Polonia o la República Checa pusieron medidas muy prudentes y por eso el virus no se ha cebado tanto con su población. La gestión de los gobiernos de estos países no puede catalogarse como negligente sino como prudente; o, si se prefiere, «idónea y razonable para contener la pandemia».
También se afirma que el querellante «se limita a insinuar que los miembros del Gobierno debieran haber aprobado el estado de alarma con anterioridad al 14 de marzo de 2020; sin embargo, no precisa en momento alguno en qué fecha debiera haberse decretado, ni tampoco qué norma o precepto jurídico fueron vulnerados por los querellados». No hacía falta el Estado de Alarma, sólo bastaba con suspender las aglomeraciones. Y el delito del gobierno no sólo estuvo en no cancelar las masificaciones sino en alentar unas marchas ideológicas que tuvieron que celebrarse sí o sí y eran intocables, se pusiese como se pusiese el virus; porque, entre otras cosas, había una intensa polémica entre los dos partidos del Gobierno por liderar las marchas feministoides.
El cinismo del informe, o más bien de los firmantes, es ilimitado: «Debe precisarse, a los meros efectos dialécticos, que, aun para el caso de constatarse que, en efecto, se hubieran llegado a producir situaciones en que la salud e integridad de los trabajadores pudiera haber llegado a peligrar, fruto del riesgo de contagio de COVID-19, resulta notorio que la escasez de los equipos de protección individual no podría resultar atribuible al Ministerio de Sanidad, pues son de general y público conocimiento las dificultades que existieron al objeto de lograr la adquisición de aquellos productos, atendida la coyuntura internacional». El 3 de febrero -es decir, con poco menos de un mes y medio antes de poner en marcha el Estado de Alarma y explotar el virus en España, lo que era bastante tiempo- la OMS y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) avisaron a los gobiernos (entre ellos el gobierno de España) de que hiciesen compras adicionales preventivas de mascarillas, guantes, gafas protectoras, respiradores, batas quirúrgicas, camas y otros materiales sanitarios. El mismo 8 de marzo, sin que el Gobierno tomase nota de lo dicho por la OMS y el ECDC, Illa llegaría a decir en rueda de prensa: «A día de hoy tenemos los recursos necesarios de todo tipo para poder hacer frente a la situación». Pero cuando el virus estaba atacando en lo más fuerte de la pandemia efectivamente se dieron esas dificultades para adquirir esos productos porque, al no proveerse de los mismos, se tuvo que hacer cuando todo el mundo los necesitaba (y «todo el mundo» aquí es una expresión literal o aproximada) y desde luego que la coyuntura internacional era en exceso complicada y más aún en España por la falta de prevención, es decir, por negligencia. Y eso que se contaba con un plan de pandemia y sin embargo en el gabinete se desconocía. ¿Es que España es uno de los países con mayor número de muertos por millón de habitantes y con más sanitarios contagiados sólo por casualidad? Lo que se hizo ni fue lo idóneo ni lo razonable.
El informe insiste en que las comunidades autónomas son las que poseen las competencias exclusivas en la legislación en materia de sanidad. Entonces ¿no era que el gobierno de Sánchez asumía «el mando único»? No obstante, hay que recordarle a los fiscales que el 22 de enero Illa llegaría a decir: «Nuestro país cuenta con recursos y con un buen sistema de coordinación de las CC.AA. Ya estamos preparados para actuar ante cualquier eventualidad». Pero no había preparación, por la propia estructuración del régimen de taifas del 78; a lo que había que sumar la negligencia del Gobierno (y también de los autonómicos y la inacción de la oposición), y de ahí se explican las dificultades mencionadas en el anterior párrafo.
Respecto a la manifestación del 8M, se señala que si los miembros del Ejecutivo hubiesen sido conscientes del riesgo que se corría, no hubiesen acudido a las marchas ni hubiesen llevado a sus familiares. «Cabe sumar la paradójica circunstancia de que los querellados acudieran, junto a sus familias, a tales manifestaciones, dato este que resulta ciertamente relevante en orden a valorar el ánimo que pudo guiar su actuación». Por eso Simón dijo que si su hijo quería ir que hiciese lo que le diese la gana, pese a que el mismo director del CCAES elaboró un informe el 6 de marzo (una ampliación del que se publicó el 10 de febrero) en el que se alertaba de la peligrosidad de contagio por la cercanía, con una capacidad de contagio el doble que el de la gripe, y además se señalaba el riesgo que suponían los asintomáticos.
Asimismo, se dice que «no es posible atribuir a los miembros del Gobierno de España responsabilidad por las manifestaciones y demás celebraciones del día 8 de marzo, pues lo cierto es que en aquella fecha no gozaban de facultad o competencia alguna asociada a la celebración de aquellos eventos, resultando por ello inviable atribuirles los resultados lesivos derivados de su celebración». Falso, pues el visto bueno de que se celebren eventos de ese tipo, entre ellos las marchas del 8M, los da la Delegación del Gobierno. ¿Por qué si no fue interrogado, aunque después también se archivó el caso, José Manuel Franco Pardo, el delegado del Gobierno en Madrid?
Navajas llegaría a decir en una entrevista en Onda Cero que algunos de sus compañeros, entre ellos la ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal, están «contaminados ideológicamente». ¿Y defender lo indefendible no es acaso estar contaminado? Nuestro protagonista se queja de que «intentaron influir sobre mí». ¿Y acaso no ha intentado influir sobre él la fiscalía general del Estado de Dolores Delgado? ¿Es que tal vez esta señora no está contaminada ideológicamente, ni tampoco ese juez inhabilitado por prevaricador que bebe de su copa? ¿Y no lo están los miembros del Ejecutivo? Navajas asegura que Delgado «no ha intervenido para nada, ni por activa ni por pasiva». ¿De verdad que la fiscal general del Gobierno, o directamente del PSOE, no tiene nada que ver con toda esta injusticia e indecencia?
Todavía quedan 36 denuncias contra Pedro Sánchez y otros personajes del Ejecutivo, aunque también están implicados presidentes de comunidades autónomas como Isabel Díaz Ayuso (por lo ocurrido en las residencias de ancianos). Pero Navajas asegura que tendrán el mismo recorrido que las querellas, como veremos en las próximas semanas.
Daniel López. Doctor en Filosofía.
