Gorburu es el nombre clave en las negociaciones con ETA del por entonces Presidente español José Luis Rodríguez Zapatero: el presidente felón, el presidente que las actas de ETA revelan como actor de alta traición.

Tales actas relatan los encuentros que mantuvieron los etarras con los intermediarios del Gobierno desde la reunión en Ginebra de Jesús Eguiguren, líder del Partido Socialista de Euskadi, con Josu Ternera en junio de 2005, hasta las negociaciones políticas y técnicas entre el Gobierno, los etarras, Batasuna y el PSOE después del atentado de la T-4 de Barajas (finales de 2006). Tras esto, el Gobierno de ZP no rompió los contactos con la banda asesina sino que los redobló.

Los protagonistas de tales reuniones eran Lau (Henry Dunant, que hacía de mediador), Era (ETA), Eo (Josu Ternera), Go (Jesús Eguiguren), Gorburu (Zapatero). Gorburu-ZP avisó a los etarras de que fuentes policiales francesas le habían informado de que planeaban un golpe importante contra la banda tras la detención de Ramón Sagarzazu, alias Alain, a finales de mayo de 2005. Así lo expresa una de las actas de ETA: «GorBuru (Zapatero) le dice al mediador que le han dicho fuentes policiales francesas que después de la detención de Alain tenían preparado un golpe operativo importante contra la organización. Desde entonces, no sabe nada. Estaban preocupados ante una posible detención de Eo (Ternera), pues temen que podría acarrear la ruptura de las negociaciones».

Según las actas de la banda, Gorburu-ZP ofreció a ETA la creación de un estatuto común para Euskadi y Navarra, es decir, la anexión de Navarra al País Vasco; así como la legalización de Batasuna, no detener a más etarras, liberar a Iñaki de Juana Chaos (autor de 25 asesinatos) y otros presos etarras enfermos, el acercamiento de etarras presos al País Vasco, poner fin a la Doctrina Parot y, por si no fuera ya suficiente, solucionar el problema financiero de ETA por mediación de un organismo internacional a fin de que los etarras dejasen de enviar cartas de extorsión o de «impuesto revolucionario».

También se ordenó la disminución de controles policiales en los Sanfermines y así contentar a la banda. Los etarras también exigieron la disminución de la presencia policial en el País Vasco.

Por todo esto ETA afirmaba en su comunicado: «ETA hace saber que la suspensión definitiva de su accionar armado dependerá del comportamiento que tengan España y Francia ante el proceso democrático en Euskal Herria».

Hoy podemos decir que ETA ha conseguido gran parte de tales exigencias. Es decir, la traición de Gorburu se ha consumado. ETA ha dejado las armas porque, como reconoce en su comunicado, el gobierno ha accedido a sus peticiones y así ha conseguido sus objetivos.

El separatismo en toda España está a día de hoy más fuerte que nunca. Y el separatismo ha sido lo que ha sido y es lo que es por los tiros en la nuca y los coches bombas de ETA. Los hunos remueven el árbol y los hotros recogen las nueces. Aunque también los diferentes gobiernos de Moncloa han tenido que ver algo con el asunto, y no poco.

Lo más grave, quizá, ha sido la anulación de la Doctrina Parot que fue abolida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una sentencia que el gobierno de España (¡entonces presidido por Mariano Rajoy!) no tenía por qué acatar. Y lo más grave es que, al quedar abolida, más de 60 etarras salieron en libertad. Y -lo que es ya gravísimo- bajo el pretexto de tal abolición tuvieron que salir pederastas y violadores, algunos de los cuales han reincidido. En su momento, ¿protestaron por esto los grupos del feminismo dominante? Desde luego que no, ¡sólo faltaría! Al fin y al cabo, entre estos grupos, el PSOE, el partido Podemos y la ETA hay afinidad ideológica. Esos pederastas y violadores tuvieron que salir para encubrir la amnistía a los etarras. Para que no se notase mucho. Aunque mayor descaro no cabe.   

La abolición de la Doctrina Parot por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se llevó a cabo por el recurso presentado por la etarra Inés del Río (una asesina con 24 víctimas mortales en su currículum, que fue condenada a 3.000 años de cárcel). Uno de los jueces en votar a favor de la abolición de la Doctrina Parot en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos fue Luis López Guerra, amigo personal de ZP y especialmente adverso a tal doctrina.

Lo mínimo que los ciudadanos españoles podemos exigir es que se lleven a cabo acciones legales para denunciar semejante traición, porque esto es alta traición. Según el código penal, ZP debería pasar entre cinco y diez años de cárcel. Así lo dice el artículo 576: «Será castigado con las penas de prisión de cinco a diez años y multa de dieciocho a veinticuatro meses el que lleve a cabo, recabe o facilite cualquier acto de colaboración con las actividades o las finalidades de una organización o grupo terrorista».

Si en España hubiese justicia ZP sería condenado por crimen de lesa patria. Ahora bien, también es cierto que no sería el único. Pero como no hay justicia… pues le sale gratis. Y a los otros felones también.

Daniel López. Doctor en Filosofía.