Este pasado jueves se cumplieron todos los pronósticos. La ley de amnistía superó su tramitación en el Congreso de los Diputados tras ser aprobada con el sí de 178 diputados. Lo que nos obliga a mantenernos a la espera de su recorrido parlamentario en el Senado.

Un día negro para todos los que creemos en una España unida. Nos han vendido una concordia no exenta de fanatismo independentista. Este país es un ejemplo histórico de convivencia pacífica y cívica y la están convirtiendo en una dictadura regida por un líder rendido ante un prófugo de la justicia por el simple hecho de mantenerse como inquilino en el Palacio de la Moncloa.

PP, VOX, Coalición Canaria y UPN votaron en contra de este dislate sin precedentes. Ahora el Senado tiene dos meses, como máximo, para ejecutar su tramitación tal y como establece nuestra Carta Magna y solo la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo podría frenarla, ya que tiene mayoría absoluta en el Senado, pues de manera legal no puede llegar a tumbarla.

Aproximadamente, a mediados del mes de mayo, y una vez superado dicho texto en la Cámara Alta volvería a pasar por la sede de la soberanía nacional. Tan solo le haría falta una mayoría simple para conseguir su aprobación. Cuestión que podría ocurrir entre los comicios catalanes del 12 de mayo y las europeas que se celebran el 9 de junio.

No olvidemos que la amnistía es el instrumento jurídico del poder legislativo que puede impedir el enjuiciamiento penal y supone el olvido de los delitos cometidos. Situación que solo ha sucedido en 1977, con el fin del facilitar la transición de la dictadura a la democracia.

Si se superan todos los trámites parlamentarios los jueces vinculados al procés tendrán la patata caliente de aplicar la ley con un tiempo máximo de dos meses, puesto que es de aplicación “urgente y preferente”. Carles Puigdemont podría regresar a España esta vez fuera del maletero de un coche, limpio de delitos pues no será ni presunto malversador, ni perseguido, ni causante de desórdenes públicos. Al magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, de nada le serviría la euroorden dado que, una vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ratifique la sentencia del Tribunal General, nada habría “sucedido”.  En conclusión una ley realizada a la carta y a medida con consentimiento del Gobierno de España y sus secuaces. El caso de Tsunami Democràtic, que supuso algunos escollos en las negociaciones entre los socialistas y Juntos por Cataluña, también quedaría totalmente olvidado y perdonado.

¿Pero esta ley en que beneficia a los ciudadanos catalanes? La respuesta es clara: en absolutamente nada. No es una ley para los catalanes sino solo para aquellos que están vinculados al procés, en el marco temporal que se establece desde el 1 de enero de 2012 al 13 de noviembre de 2023. Unas 3000 personas entrarían a formar parte de la lista de borrado de backup de todo lo acontecido en España sobre estos hechos. Quedarían perdonadas también las multas en referencia al artículo 7 que obligaría a la Administración a devolver el dinero impuesto por las sanciones derivadas de las diversas  manifestaciones celebradas a lo largo de la jornada del referéndum ilegal, bajo el amparo de la ley de seguridad ciudadana.

Una ley que beneficia únicamente a los implicados en este proceso, encabezados por Carles Puigdemont, la familia Pujol, Artur Mas, Clara Ponsatí, Marta Rovira, Toni Comín, Josep Lluís Alay y un larga lista a los que se añade la eliminación de antecedentes penales a los Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa o Santi Vila.

Sin embargo, la ciudadanía catalana seguirá igual porque no se trata de una ley que mejore la calidad educativa, ni que acabe con la inseguridad ciudadana que crece a máximos históricos, ni que establezca planes especiales de actuación para la situación de sequía. Es una ley para salvar las posaderas de aquellos que cometieron delitos y quieren que sean suprimidos para siempre. Aquí no acaba todo. La portavoz de Juntos por Cataluña, Miriam Nogueras, ha advertido que “esto solo marca el principio de una nueva lucha, la independencia de Cataluña”.

Los españoles seguiremos combatiendo este despropósito y no pararemos hasta que se haga justicia y acabemos con la implantación de esta dictadura sanchista. La goma de borrar no lo elimina todo, siempre quedan residuos recubiertos de grafito que pueden dejar nuevas marcas.

Patricia Rodríguez