Los padrinos de Rabat: de la Marcha Verde a la invasión de Ceuta

La invasión de Ceuta desde los días 30 y 31 de julio suele leerse como un episodio más del contencioso bilateral entre España y Marruecos. Es decir, suele entenderse como un vecino que presiona, otro que cede, y una frontera que se convierte en instrumento de chantaje. Ahora bien, esa lectura, que no es falsa, se queda corta. No es que esté equivocada, es que si nos quedamos sólo con eso se pierde todo lo demás. Y es que, en realidad, Marruecos nunca ha actuado solo frente a España. Detrás de cada uno de sus grandes avances ha habido una potencia, o varias, interesadas en que avanzara, y un Gobierno español, por cálculo o por debilidad –a menudo más bien lo segundo–, dispuesto a dejarle hacerlo. Pues bien, para comprender lo que ocurre hoy en Ceuta conviene volver la vista cincuenta años atrás, porque el guion se escribió entonces y apenas ha cambiado desde entonces.

El 16 de octubre de 1975, horas después de que el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya negara cualquier vínculo histórico y de soberanía entre el reino de Marruecos y el Sáhara Occidental, Hasán II anunció la Marcha Verde. En ella, varios miles de civiles –aunque no los 350 mil que siempre se mencionan, fueron muchísimos menos pero suficientes–, escoltados por las Fuerzas Armadas Reales, fueron lanzados sobre la frontera de un territorio que España administraba. ¿Nos suena la historia? El dictamen jurídico había sido un revés para Rabat, y la respuesta fue desplazar la cuestión del terreno del derecho al de los hechos consumados. Pero la operación no se sostenía por sí misma. En plena Guerra Fría, Estados Unidos temía que un Sáhara independiente acabara en la órbita de Argelia y, a través de ella, en la del bloque soviético. Una vinculación con el bloque soviético que a menudo ha sido exagerado con obvios intereses. Pues bien, la diplomacia de Kissinger empujó a España a desprenderse del territorio, una provincia española de pleno derecho, antes de que la agonía de Franco complicara aún más las cosas. El Ejército español, muy superior al marroquí, conocía los preparativos con antelación; lo que faltó no fue información y capacidad, sino voluntad política en un Madrid absorbido por la sucesión y acobardado por las presiones externas –por no hablar de los intereses personales que desembocan en traiciones a la nación española–. Así pues, los Acuerdos de Madrid del 14 de noviembre entregaron la administración a Marruecos y Mauritania a cambio de irrisorias contrapartidas –derechos de pesca y una participación minoritaria en la explotación de fosfatos– que difícilmente pueden considerarse proporcionadas a lo cedido. El derecho internacional quedó –como cabía esperar–subordinado al cálculo de una gran potencia, y España aceptó el papel de pieza sacrificable.

Y hay un dato de ese año que suele olvidarse y que resulta decisivo para nuestro presente. En enero de 1975, meses antes del dictamen de La Haya, Hasán II ya había incluido a Ceuta y Melilla en el mismo litigio territorial que el Sáhara. Dicho de otro modo, la reivindicación marroquí nunca fue sólo sahariana: fue desde el principio un único paquete, del que el Sáhara era la primera entrega. Quien hoy presente la presión sobre Ceuta como un fenómeno nuevo, o como un desbordamiento inmigratorio sin más, ignora que Marruecos lleva medio siglo anunciando exactamente lo que está haciendo. Y que seguirá en su empeño.

Mientras todo esto sucedía, se había ido tejiendo otra relación, mucho menos visible y a la larga más importante: la de Marruecos con Israel. Una relación que se empezó a forjar desde el inicio mismo de Marruecos como realidad política en la segunda mitad de los años 50, pero que tiene algunos hitos destacables. Entre 1961 y 1964, mediante la llamada Operación Yajín, Hasán II permitió la salida hacia Israel de cerca de noventa mil judíos marroquíes a cambio de una compensación económica por cada emigrante. Sin duda un suculento negocio que Israel, por su parte, también agradeció. En 1965 fue mucho más lejos, porque en ese año el monarca alauí autorizó a los servicios israelíes a grabar en secreto la cumbre de la Liga Árabe celebrada en Casablanca, en la que jefes de Estado y mandos militares árabes discutieron con franqueza su capacidad para una guerra contra Israel. Según el que fuera jefe de la inteligencia militar israelí, Shlomo Gazit, esas grabaciones fueron decisivas para la confianza con la que Israel lanzó su ataque preventivo en junio de 1967, y el entonces director del Mossad, Meir Amit, la calificó como uno de los mayores logros de su servicio. Pero los factores iban en ambos sentidos. Pues ese mismo año, según reconstrucciones periodísticas basadas en testimonios de veteranos israelíes, el Mossad habría ayudado a los servicios marroquíes en la desaparición del opositor Ben Barka en París. No era amistad, obviamente, era un intercambio de servicios. No era algo personal, sino negocios. Y el doble registro se mantuvo, ya que en 1973 Marruecos envió tropas a combatir oficialmente contra Israel en la guerra de Yom Kipur, sin que ello interrumpiera la colaboración secreta. Solidaridad árabe de cara a la galería, pragmatismo con Israel puertas adentro.

Ese doble registro es la clave de lo que vino después. En diciembre de 2020, la relación secreta se hizo pública e institucional: Marruecos normalizó sus relaciones con Israel en el marco de los Acuerdos de Abraham y, a cambio, Estados Unidos reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara, rompiendo con la posición mantenida durante décadas por Naciones Unidas. La transacción no pudo ser más explícita: el Sáhara que España entregó en 1975 bajo presión norteamericana se convertía, cuarenta y cinco años después, en la moneda con la que los estadounidenses pagaron a Marruecos su alineamiento público y declarado con Israel. Desde entonces la cooperación militar no ha dejado de crecer. Podríamos hablar de memorando de seguridad en 2021, que reguló la cooperación en inteligencia y la industria de defensa; de los drones, sistemas antidrones y programas de vigilancia adquiridos por Marruecos; de los instructores israelíes entrenando al ejército marroquí en guerra de túneles en plena ofensiva sobre Gaza; de un plan de trabajo militar conjunto para 2026 firmado en Tel Aviv el pasado enero; o de un Marruecos que Estados Unidos perfila ya como socio de seguridad en el dispositivo de posguerra de Gaza. Todo ello realizado, eso sí, contra el parecer mayoritario de la propia población marroquí, que se ha manifestado en diversas ocasiones por la ruptura con Israel. El Majzén vuelve a hacer lo que hizo Hasán II: ofrecer servicios a quien puede pagarlos.

A ese padrinazgo se han sumado después otros. Francia respaldó en 2024 el plan de autonomía marroquí, y el 31 de octubre de 2025 el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 2797, que exhorta a Marruecos y al Frente Polisario a negociar sin condiciones previas tomando como base la propuesta de autonomía marroquí de 2007. Cuestión esta que ha entendido muy mal –en buena medida por la manipulación interesada generada–, porque esa resolución no da la razón a Marruecos, simplemente establecía su plan como una propuesta desde la que discutir, pero sin aceptarla como tal. Pero el detalle más elocuente vino después: el primer encuentro entre las partes tras esa resolución se celebró en Madrid en febrero de 2026, bajo los auspicios de la embajada estadounidense. En la capital de la antigua potencia administradora, y con otro de anfitrión. Difícilmente puede representarse mejor el lugar que hoy ocupa España en un asunto que es, histórica y jurídicamente, suyo.

Y es que la debilidad española no es una fatalidad de 1975, sino una pauta que se ha repetido. En mayo de 2021, tras la hospitalización en Logroño del líder del Polisario, unas diez mil personas entraron en Ceuta con la pasividad y guiado de la gendarmería marroquí. ¿Nos vuelve a sonar la historia? Y pocos meses después, en marzo de 2022, el presidente del Gobierno, decidiendo unilateralmente, comunicaba por carta a Rabat que consideraba el plan de autonomía marroquí la base más seria, realista y creíble para resolver el conflicto, un giro de medio siglo de política exterior adoptado sin debate parlamentario. Una carta de dudosa redacción y que fue aireada precisamente por Marruecos, interesado en que la traición del presidente español fuera conocida ya que jugaba a su favor. Entre medias, como todos sabemos, el teléfono del propio presidente había sido infectado con Pegasus, un programa de espionaje de fabricación israelí, sin que el Gobierno atribuyera nunca oficialmente la autoría y en una investigación judicial que tropezó una y otra vez con la falta de colaboración israelí. Presión en la frontera, concesión en la diplomacia: la secuencia es demasiado nítida como para no verla.

Pues bien, sobre ese fondo hay que leer lo ocurrido este verano y lo que se sigue padeciendo en Ceuta. Situación que, si no fuera tan trágica y grave, habría que considerarla como esperpéntica. El informe del CENIF remitido a la Audiencia Nacional describe una entrada organizada por fases y guiada activamente por gendarmes marroquíes y agentes de paisano, dirigida a colapsar el control fronterizo español. Frente a ello, el Gobierno negó durante semanas cualquier indicio previo y cualquier responsabilidad marroquí, hasta que el propio ministro Torres tuvo que admitir una «responsabilidad lógica» de Marruecos. Cabe discutir si esa conducta obedece al cálculo, a la subordinación o a algo peor; lo que no cabe discutir es su efecto, que ha sido en todo momento el más conveniente para Marruecos. Y cuando un Gobierno actúa sistemáticamente como convendría a una potencia rival, es a él a quien corresponde demostrar que no lo hace por ella. A ese informe, por cierto, hay que sumar los informes emitidos desde la inteligencia del ejército que hablan de la presencia de decenas de agentes secretos marroquíes y militares encubiertos que están actuando en Ceuta.

Pues bien, es importante entender, por último, por qué el padrinazgo exterior de Marruecos es tan sólido. No se trata de simpatías. Se trata de que Marruecos ha sabido ofrecer a cada potencia exactamente lo que necesitaba: a Estados Unidos, un «bastión anticomunista» africano frente a Argelia en 1975 y un socio de los Acuerdos de Abraham en 2020; a Israel, población e inteligencia en los sesenta, normalización pública después y hoy un aliado militar en el flanco occidental del mundo árabe; a Europa, la supuesta contención de los flujos migratorios que él mismo es capaz de abrir o cerrar a voluntad. España, en cambio, no ha ofrecido en todo este tiempo nada que no hubiera cedido ya de antemano. En la dialéctica entre Estados no existen amistades, sino intereses que se refuerzan o se neutralizan, y un Estado que renuncia a hacer valer los suyos no puede esperar que otros lo hagan por él. Ceuta, además, no es una plaza cualquiera: su posición en el Estrecho le da un valor geoestratégico que excede con mucho su tamaño, y precisamente por eso su debilitamiento interesa a más de un actor. Un debilitamiento que puede ser un paso previo a su cesión.

En definitiva, la invasión de Ceuta no es un episodio aislado ni un simple «desbordamiento migratorio». Es el enésimo capítulo de una historia que comenzó con la Marcha Verde: un Marruecos que avanza respaldado por potencias que lo necesitan más de lo que necesitan a España, y un Madrid que, absorto en sus propias corrupciones y sus propios cálculos internos, prefiere gestionar el relato antes que defender el territorio. La herida de 1975 nunca llegó a cerrarse. Lo que hoy vemos en Ceuta es esa misma herida, reabierta por los mismos padrinos, y ante la misma pasividad. O peor.

Emmanuel Martínez Alcocer