El culpable sin nombre: así diluye Marruecos su responsabilidad en la invasión de Ceuta

En los últimos días ha circulado en algunos medios españoles un relato que, a primera vista, podría parecer la confirmación definitiva de algo que buena parte de la opinión pública sabe desde el 30 de julio: que la entrada masiva de decenas de miles de personas en Ceuta no fue un desbordamiento espontáneo, sino una operación dirigida desde Marruecos. El artículo en cuestión, titulado «Un sector del Makhzen, el círculo de poder en torno al rey Mohamed VI, dirigió la invasión de Ceuta», y publicado por La Razón y firmado por J. M. Zuloaga, se presenta con el aparato propio de una filtración de inteligencia, pues en él se habla de interceptaciones del Ejército español, cadenas de mando, convergencia de vectores de alerta… Para quien no esté familiarizado con este tipo de textos, no sería extraño leerlo como la pieza que por fin señala con nombre y apellidos al responsable. Ahora bien, una lectura atenta revela que el artículo hace justamente lo contrario: en vez de señalar de manera concreta, diluye la responsabilidad marroquí. Y ese gesto de disolución es, precisamente, la operación que interesa analizar.

Pero, ¿de dónde procede este relato? Pues no es cualquier filtración anónima. El artículo se apoya en un informe de un analista español, José María Gil Garre, presentado como «experto en seguridad», cuyo nombre ha sido vinculado en diversas ocasiones a círculos de inteligencia marroquíes. Y lo firma un periodista, Zuloaga, cuya trayectoria al servicio de intereses marroquíes ha sido denunciada en múltiples ocasiones. Esto no convierte automáticamente en falso lo que el texto afirma –una fuente interesada puede filtrar datos veraces cuando le conviene–, pero sí determina algo decisivo: no estamos ante una investigación independiente sobre Marruecos, sino precisamente ante un relato de origen marroquí sobre Marruecos, y ese dato debe condicionar por completo el modo en que se lee.

El artículo sostiene que «un sector del Makhzen» –el círculo de poder en torno al rey Mohamed VI– disponía de capacidad de mando real sobre gendarmes y fuerzas auxiliares en la frontera, y que las interceptaciones del Regimiento de Guerra Electrónica 32 muestran órdenes operativas, no el ruido de un dispositivo desbordado. Hasta ahí, el texto no dice nada que no confirme lo que ya sabíamos por una fuente de otra naturaleza bastante más fiable. Nos referimos al informe del CENIF, remitido a la Audiencia Nacional, que habla de «dirección estratégica y operacional» y de «guiado activo» de la masa invasora hacia los pasos fronterizos. Ese es el suelo documentado, y conviene no perderlo de vista porque es lo único, en todo este asunto, que procede de una institución con responsabilidad pública y no de una filtración interesada.

Pero el CENIF, precisamente por su carácter institucional, se detiene donde debe detenerse: no atribuye esa dirección operacional a persona, facción o institución identificable. Y es exactamente en el punto donde el informe oficial calla donde el artículo de Zuloaga empieza a hablar, y lo hace con una precisión sospechosa: un «sector» del Makhzen, sin nombre, sin cargo, sin identificación posible. Compárese esa vaguedad con el detalle con que el mismo artículo describe la parte española del relato: la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, el Centro Nacional de Inteligencia, la inteligencia militar, el Gobierno de Sánchez y sus silencios… Ahí sí hay instituciones nombradas, fechas, órganos concretos. La asimetría no es casual: es la estructura misma del texto, y es ella la que revela su función.

Porque, ¿qué consigue un relato que difumina la responsabilidad marroquí en un «sector» anónimo mientras precisa hasta el detalle la negligencia española? En primer lugar –y esta es la clave–, evita que la operación pueda calificarse como acción del Estado marroquí, con las consecuencias diplomáticas que ello acarrearía: si el responsable es «un sector» cortesano en pugna interna, y no el Majzén como aparato de poder ni el rey como jefe de ese aparato, entonces Marruecos como sujeto de derecho internacional queda a salvo. En segundo lugar, reactiva –sin aportar una sola prueba nueva ni un solo nombre verificable– la hipótesis que ya circulaba desde agosto en medios como The Objective, según la cual detrás de la crisis estaría una facción cortesana en pugna por la sucesión, vinculada a las elecciones marroquíes de septiembre. Ahora esa misma hipótesis reaparece revestida de aval técnico –interceptaciones, cadenas de mando–, lo que la hace parecer más sólida sin que en realidad lo sea: sigue sin haber un nombre, sigue sin haber un documento con firma y fecha, sigue habiendo sólo «fuentes de inteligencia de ambos países» que nadie sabe quiénes son en concreto ni puede contrastar de forma independiente.

Y, en tercer lugar –esto es lo más relevante–, el centro de gravedad del reproche se desplaza hacia España. El verdadero titular del artículo, si se lee con atención, no lleva a la interpretación de «Marruecos organizó la invasión», sino a «España lo sabía y no hizo nada», por la fractura entre el diagnóstico privado del PSOE y su discurso público, el silencio sobre la convergencia de los vectores de inteligencia, la desclasificación incompleta… Es un desplazamiento hábil, porque convierte lo que debería ser un escándalo de agresión exterior en un escándalo de política interior española, y hace recaer sobre Sánchez y el Gobierno español el peso de una responsabilidad que, sin dejar de ser real –el Gobierno, en efecto, disponía de información y no actuó, lo cual hace sospechar de dolo–, sirve aquí para desviar la mirada de quien organizó la operación hacia quien, como mucho, no supo o –hipótesis muy plausible– no quiso reaccionar a ella.

Además, haríamos bien en situar este relato en un marco más amplio, porque no es un fenómeno aislado. Del mismo modo que, meses atrás, analizábamos en estas páginas cómo el artículo de Michael Rubin operaba desde fuera para normalizar la idea de que Ceuta y Melilla son territorios cuya soberanía podría discutirse, aquí asistimos a una operación de sentido inverso, pero de idéntica lógica: no normalizar la duda sobre la soberanía española, sino normalizar la idea de que la verdadera falta está en España y no en Marruecos. Son las dos caras de una misma estrategia de gestión del relato: cuando conviene cuestionar la legitimidad española desde fuera, aparece un analista afín a Israel y a Marruecos hablando de colonias y de nuevas Marchas Verdes; cuando conviene exculpar al Estado marroquí desde dentro, aparece un informe filtrado por vías vinculadas a su propia inteligencia, publicado por un periodista de su cuerda, que traslada el foco de la responsabilidad hacia el Gobierno español. En ambos casos, el objetivo no es tanto convencer con pruebas como desplazar el marco de la discusión.

Esto no significa que haya que rechazar en bloque todo lo que el artículo contiene. El dato de que hubo dirección operativa marroquí sobre el terreno sigue siendo, hasta donde hoy sabemos, lo mejor acreditado que tenemos, porque cuenta con respaldo institucional propio, ajeno a esta filtración. Lo que no puede aceptarse sin más es la etiqueta «sector del Makhzen» ni la supuesta fractura interna del PSOE tal como se presentan: son afirmaciones de una fuente interesada, sin nombre, sin contraste independiente, y filtradas precisamente por quien tiene interés en que la culpa de Marruecos se diluya y la de España se precise.

En definitiva, la crisis de Ceuta no se libra sólo en la frontera, sino también en el relato que se construye sobre ella. Y si algo demuestra este episodio es que la sofisticación técnica de una filtración –interceptaciones, cadenas de mando, vectores de inteligencia– no la convierte en prueba: puede ser, con la misma facilidad, el instrumento más eficaz para que un Estado interesado en no aparecer como responsable directo logre, precisamente, no aparecer como tal. Frente a ello, la única defensa posible es la que venimos sosteniendo desde el principio de esta crisis: exigir a cada «revelación» la misma pregunta elemental que a cualquier otra fuente. Hay que saber quién habla y a quién beneficia lo que cuenta, antes de dejar que ese relato ocupe el lugar de los hechos.

Emmanuel Martínez Alcocer