España, un Estado que no se defiende

Día a día se habla de Ceuta, de la bajísima natalidad, de la sistemática corrupción, del mal estado de las carreteras y de los trenes, del nefasto estado de la red eléctrica española –que está tan mal que no puede ni aprovechar la nueva burbuja que viene: la de los centros de datos–; se habla asimismo de la inflación y de los precios, de la delincuencia, de la falta de futuro para los jóvenes, del degradado y ridículo sistema educativo español, parejo al sistema sanitario… En fin, se habla a diario de un sinfín de problemas que atraviesan la España actual, pero se habla como quien recorre las secciones de un periódico: cada asunto en su página, con sus especialistas y sus tertulianos, y sin que nadie pregunte por el hilo que los une. Ahora bien, basta detenerse un momento para advertir que en todos ellos se juega una misma cuestión, que no es sin más migratoria, ni demográfica, ni económica, ni moral, sino política en el sentido más estricto del término: se trata de si España conserva la capacidad de mantener su orden –si es que sabemos cuál es ya– y de prolongarlo en el tiempo frente a las demás sociedades políticas con las que coexiste y compite. La pregunta no es retórica. Durante décadas se ha dado por supuesto que España, por el mero hecho de estar ahí, seguiría estando. Pareciera que se da por supuesto que las fronteras se vigilan solas, que las generaciones se reponen solas, que las infraestructuras se mantienen solas y que la confianza de los ciudadanos en sus instituciones es un capital inagotable. Pues bien, aunque no es un fenómenos nuevo, ni mucho menos, los acontecimientos de los últimos meses obligan a revisar ese supuesto.

Conviene fijar antes los términos. Un Estado no es el Gobierno: el Gobierno es sólo una de las partes rectoras de la sociedad política, y puede cambiar, equivocarse o degenerar sin que el Estado deje de existir, aunque su acción puede, desde luego, ponerlo en peligro. Llamamos eutaxia al buen orden de una sociedad política, es decir, a la unidad que las partes rectoras logran establecer entre sí y sobre las partes gobernadas, y que es lo que asegura a esa sociedad su recurrencia, su capacidad de reproducirse y mantenerse en el tiempo. La distaxia es el proceso inverso: las partes rectoras se escinden, pierden el control de la base o dejan de ser reconocidas por ella, y la sociedad política se encamina, si nada lo corrige, a su fragmentación o a su absorción por otra. No son valoraciones morales, sino modos de ser de una sociedad política, que se dan por grados y en procesos. Un Estado no subsiste por inercia: subsiste mientras sus partes rectoras logran sostener la unidad del conjunto, y ninguna sociedad política dura porque lo merezca.

Empecemos por Ceuta, donde el Estado se mide frente a otros Estados. Como es bien sabido, del 30 al 31 de julio se produjo una entrada masiva desde Marruecos que el Ministerio del Interior cifró en hasta 50.000 personas en una sola noche y en 72.000 en los últimos días de julio. Pero otras cifras dadas por otras instituciones suben hasta más de 80.000, de las que para 4 de agosto habrían regresado unas 70.000. No fue una sorpresa absoluta: un informe de la Guardia Civil del propio 30 de julio recogía 1.109 intentos de entrada a nado en las veinticuatro horas anteriores, y el presidente de la Ciudad había advertido esa mañana de unas 2.000 entradas en los diez días previos, el 2 % de su población. Cuando el ministro compareció en la Comisión de Interior el 28 de agosto, admitió que seguían en la ciudad en torno a 5.000 personas. Cifras que se han demostrado después claramente falsas, pues como mínimo es el doble. Lo decisivo, sin perjuicio de la discusión sobre las cifras, y sabiendo del papel de Marruecos en todo esto –como hemos tratado en ocasiones anteriores–, es que durante horas el Estado español no controló en absoluto un tramo de su propia frontera, en una ciudad que es española desde 1640.

A ello se suma una cuestión de información que no es menor. El balance de inmigración irregular de enero a julio excluyó los datos de Ceuta de los días 30 y 31 por requerir «un análisis específico», y el de enero a agosto, que sitúa las entradas terrestres en 4.076, un 102,3 % más que en 2025, sigue sin incluirlos. Dicho de otro modo, los gobernados no saben con exactitud qué ha ocurrido, y quien debe decírselo ha decidido, de momento, no hacerlo. Y hay un tercer plano, el más importante, que conviene presentar como lo que es, una inferencia. Que Interior describa el regreso de decenas de miles de personas como voluntario y a un ritmo de unas 150 por minuto es, al menos, un indicio de que el flujo era regulable por quien controlaba el otro lado de la frontera. Esto nos lleva a una conclusión que puede ser dolorosa, a saber: una frontera cuyo flujo depende de la voluntad de otro Estado ha dejado de ser plenamente propia, y la dialéctica entre Estados no se detiene porque uno de ellos prefiera no verla.

En la base material de la sociedad política el problema es de otro orden, pero afecta a lo mismo. Según el INE, la fecundidad se situó en 2024 en 1,10 hijos por mujer, muy lejos de los 2,1 que aseguran el reemplazo generacional. Y nos dice también que ese año hubo 318.005 nacimientos, de los cuales el 33,3 % fueron de madres nacidas en el extranjero, y el saldo vegetativo fue de −116.056 personas, cifra que las estimaciones provisionales de 2025 elevan a −122.167. Así pues, el crecimiento de la población, que alcanzó los 49,57 millones a comienzos de 2026, procede por entero del exterior: durante 2025 los nacidos en España descendieron en 18.696 personas y los nacidos fuera aumentaron en 100.216, de modo que, por primera vez, los residentes en España nacidos en el extranjero superan los diez millones. De esos casi 50 millones de personas que vivimos en España, 10 proceden del extranjero, un quinto de la población total. Pero lo peor es que la proyección del propio INE no corrige la tendencia, sino que la prolonga: más defunciones que nacimientos durante los cincuenta años próximos y un descenso de la población nacida en España del 79,8 % al 59,6 % del total. El saldo migratorio de 2024, de 626.268 personas, equivale por sí solo a más del 1 % de la población en un año. Son cifras de espanto pues, de seguir así, en unas décadas sólo el 59,6 % de los residentes en España –o de lo que quede de ella– serán españoles nativos, incluyendo en ese porcentaje todos los nacidos de la población extranjera que ahora reside en España.

La respuesta que se da a esta situación, una y otra vez, consiste en cubrir el hueco con más población de fuera. El argumento económico es conocido y tiene su parte de verdad, porque sin ese flujo la población española decrecería. Pero presupone que una sociedad política es una suma de individuos intercambiables, de manera que basta que la cifra de habitantes se mantenga para que la sociedad se mantenga. No es así. Porque una cifra puede crecer mientras la sociedad que debía sustentar se deshace. Pero es que, además, la pregunta decisiva, que es con qué lengua, con qué derecho y con qué lealtades se incorpora quien llega, queda sin formular. Tampoco ayuda la lectura puramente humanitaria, que reduce un problema político a un problema ético y confunde planos que conviene mantener distintos: los derechos de las personas sólo los garantiza, de hecho, un Estado en pie, y un Estado incapaz de sostenerse es incapaz de garantizarlos, tanto a los de aquí y como los que llegan. Precisemos, por último, que el INE clasifica por lugar de nacimiento y por nacionalidad, y que muchos nacidos fuera han adquirido la española; los números no miden, por tanto, cuántos españoles quedan, sino un proceso de sustitución en el sentido neutro de que un decrecimiento se compensa con aportes exteriores. Que ese proceso responda a un designio es una tesis que los datos no prueban; que se haya producido sin una deliberación pública sobre el modelo de población al que se aspira es, en cambio, un hecho político.

Y es que España es una nación política, no una nación étnica, y de ahí la importancia de la distinción. Si fuera lo segundo, el problema sería de sangre y no tendría remedio; siendo lo primero, lo que una sociedad política exige a quien se incorpora a ella es lengua, derecho y lealtad, no linaje. La historia lo confirma: el Imperio español fue una máquina de incorporación de pueblos muy diversos, y lo hizo con provincias, virreinatos, capitanías y reinos, no con colonias. Y es que un Estado eutáxico decide el ritmo, las condiciones y los procedimientos con que incorpora población, y los hace compatibles con la continuidad de la sociedad política que lo sostiene. Por eso, presumiblemente, los menguantes españoles de hoy querrán seguir siéndolo y defender lo que son. Esa «voluntad política» no es un dato de encuesta, sino la condición misma de que haya sociedad política, y es lo que un Estado en eutaxia protege y uno en distaxia deja de proteger.

Queda la capa en que los gobernados juzgan a los gobernantes, y aquí hay que manejar los datos con más prudencia. En el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional correspondiente a 2025, España obtuvo 55 puntos sobre 100 y ocupó el puesto 49 de 182, tres puestos por debajo del año anterior y diecinueve por debajo de 2019. Se trata de una percepción, no de una medición de casos, y por sí sola no prueba una corrupción sistémica; pero una percepción que empeora año tras año es un dato político de primer orden, porque la eutaxia se apoya en que los gobernados reconozcan como propias a sus instituciones, y más en un régimen democrático. Lo mismo vale para las infraestructuras. El accidente de Adamuz, el 18 de enero de 2026, el más grave registrado en la alta velocidad española, causó más de cuarenta muertos, y su causa –aunque ya conocida– está todavía en investigación; pero el informe del Instituto de Estudios Económicos que lo ha acompañado estima que el gasto de mantenimiento por viajero ha caído de 31,7 euros en 2020 a 8,5, con un déficit acumulado de unos 3.600 millones. Y los precios en general, que arrancaron el año con una inflación del 2,3 %, alcanzaron en julio el 3,6 %, con una subyacente del 3 %, lejos de los niveles de 2022 pero en una dirección que los ciudadanos perciben cada vez que llenan la cesta. Aunque crezcan menos la cuestión es que los precios no dejan de crecer. Y un Estado que presta peor servicio a un coste mayor, que no mantiene lo que construye y que no logra contener los precios va perdiendo la lealtad de los gobernados, y con ella su capacidad de pedirles sacrificios.

Es esto lo que une los frentes. Sin una frontera firme no hay población propia que cuidar; sin reposición de la población no hay quien sostenga la economía; sin una economía sana el Estado carece de medios; y sin medios no hay quien defienda la frontera. Ninguno de los datos, tomado aisladamente, prueba la tesis, y quien extrajera de ellos más de lo que contienen debilitaría su propia posición. Pero todos juntos, y con las cautelas señaladas, muestran síntomas de distaxia en cada una de esas capas de la sociedad política y, lo que importa más, síntomas que se refuerzan unos a otros. La distaxia no suele llegar con una catástrofe, sino con un lento vaciamiento en que cada parte debilitada debilita a las demás.

En definitiva, la cuestión no es qué Gobierno gestionará mejor la frontera, la natalidad o los trenes, sino si el Estado, con independencia de quien gobierne, conserva la capacidad de mantener su propio orden. Distinguir entre Estado y Gobierno permite precisamente ese cambio de plano: el Gobierno puede cambiar sin que la eutaxia se recupere, y puede haber un Gobierno que cumpla con su gestión mientras el Estado se deshace. A lo largo de la historia los españoles han heredado un territorio, una lengua, un derecho y una historia, pero no el orden que los mantiene unidos, que ha de volver a ejercerse y producirse cada día, con cada generación y frente a cada adversario. Y una sociedad política que lo olvida no desaparece de golpe, pero sí se vacía, se fragmenta y acaba absorbida por otra que no lo ha olvidado.

Emmanuel Martínez Alcocer