La UGT y la huelga general: ¿Defensa de los trabajadores o abandono de la prioridad nacional?

En los próximos días, la Unión General de Trabajadores (UGT), junto a otras organizaciones sindicales, encabeza la convocatoria de una huelga general. Formalmente, este mecanismo de movilización se presenta como una herramienta para la defensa de los intereses de la clase trabajadora frente a la pérdida de poder adquisitivo y la precariedad. Sin embargo, un análisis riguroso de la praxis cotidiana de este sindicato revela una profunda contradicción entre su discurso público y la realidad de sus prioridades operativas, especialmente en lo que respecta a la defensa del empleo nacional.

El papel de los sindicatos está reconocido en nuestra Carta Magna. El artículo 7 de la Constitución Española establece que los sindicatos de trabajadores contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios, siempre dentro del respeto a la Constitución y a la ley. No obstante, este mandato institucional parece desdibujarse cuando observamos cómo la UGT gestiona la intermediación laboral a través de programas financiados con fondos públicos.

En lugar de centrar sus esfuerzos en paliar el drama del desempleo que azota a miles de familias españolas y a nuestros jóvenes, la maquinaria sindical destina recursos financiados con fondos públicos –como los del Servicio de Orientación Laboral Integral (SOLI)– a promover la inserción de población de origen extranjero que, como evidencian sus propias comunicaciones, carece en ocasiones de las competencias idiomáticas básicas en español. Esta actuación, si bien se desarrolla dentro de los cauces administrativos ordinarios de los servicios de empleo, responde a un parámetro ideológico que difumina la prioridad hacia el trabajador nacional frente a un universalismo que tensiona nuestro mercado de trabajo y ejerce una presión a la baja sobre las condiciones laborales.

Esta dinámica choca frontalmente con el espíritu de nuestra ley fundamental. El artículo 35.1 de la Constitución Española consagra que «todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia». Asimismo, el artículo 139.1 garantiza que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. Cuando un ente fuertemente subvencionado canaliza de manera preferente oportunidades hacia colectivos foráneos, se está vulnerando el principio de equidad y se abandona el deber moral y político de proteger primero a los ciudadanos de la Nación que sostienen con sus impuestos dichas estructuras.

Resulta, por tanto, paradójico que la UGT llame a la paralización del país mediante una huelga general, erigiéndose en salvaguarda de los derechos sociales, mientras en sus despachos de orientación laboral fomenta políticas que desprotegen al trabajador español. La verdadera solidaridad, aquella que fortalece la cohesión y el Estado social y democrático de Derecho, exige empezar por la defensa de los nuestros. La Nación española sólo podrá garantizar un futuro próspero y justo si sus instituciones y agentes sociales priorizan el bienestar, la estabilidad y la dignidad laboral de las familias españolas frente a agendas que disuelven nuestra soberanía económica.

Francisco Dalmau