A lo largo de la historia, la organización administrativa de España ha basculado entre dar protagonismo a las provincias (incluyendo a las intendencias o prefecturas) y a las regiones (incluyendo a las autonomías y a las comunidades autónomas).

            Grosso modo, podríamos decir que los mapas más regionalistas han sido dibujados por el Antiguo Régimen y por todos los estados que han tenido su inspiración en él; por el contrario, todos los mapas provincialistas han intentado construir una administración más racional.

            Durante la Edad Media, la administración de los distintos reinos, a un lado y al otro de la frontera entre cristianos y musulmanes, dibujaba un mapa en el que las divisiones territoriales tenían que ver con los realengos, abadengos, señoríos y demás divisiones feudales y de derecho de conquista y repoblación. No eran los pueblos originarios los que dibujaban los mapas (como nos quieren hacer creer todos los nacionalismos y asimilados), sino que esos mapas eran producto de los avatares de la guerra, de la repoblación y de los privilegios señoriales.

            Con la creación del estado moderno, algunas circunscripciones territoriales pasan a llamarse “provincias”, aunque su utilidad era meramente fiscal y no administrativa. La administración de la Corona de Castilla se dividía en municipios, villas y también corregimientos, diócesis, señoríos…La unidad administrativa venía a ser el municipio y la villa, que tenían voto en las Cortes. La división en provincias (que tenía más que ver con feudos y señoríos que con una administración eficaz) de finales de 1590 presentaba, en lo que se refiere a la Corona de Castilla, un mapa tremendamente caótico e irracional.

            Felipe V trató de dibujar un mapa de España más racional, para lo cual creó las intendencias, con la finalidad de mejorar la gestión y la administración de España. Las motivaciones eran, sobre todo, fiscales y militares. Veinte fueron estas intendencias, y tenían poco que ver con las provincias de los Austrias. Fernando VI conjugó ambas divisiones, reordenando las intendencias para hacerlas más parecidas a las provincias “históricas”.

            En el siglo XIX, la lucha entre el Antiguo Régimen y el liberalismo tiene su reflejo en los mapas. El Antiguo Régimen privilegia la división regional, mientras que los liberales intentan crear una España en la que impere la unidad de mercado, la racionalidad en la administración y la igualdad entre los territorios.

            El plan Soler es el primer intento de racionalizar el territorio para racionalizar la administración; le sigue el proyecto de prefecturas del ingeniero y matemático José María Lanz, durante el reinado de José Bonaparte. Es el mayor intento de racionalizar el espacio en España, de tal forma que se nombran las prefecturas con el nombre de los ríos que las atraviesan o los cabos que contienen. Es una herencia de la Revolución Francesa, que quiso racionalizar el tiempo (nombrando los meses con características y trabajos: Pradial, Vendimiario, Brumario, Termidor, etc.) y el espacio, haciendo caer en el olvido todo lo que tuviera que ver con la tradición y el Antiguo Régimen. Este mapa bonapartista nunca llegó a entrar en vigor.

            La Constitución de Cádiz, aquella que reconocía la españolidad de todo habitante de ambos lados de los océanos, eliminó todo residuo territorial del Antiguo Régimen, como los señoríos, realengos y abadengos. El sujeto político y administrativo pasa a ser la provincia, y todas las provincias adquieren los mismos derechos y obligaciones. Esta división no entraría tampoco en vigor.

            El gobierno de Riego, liberal, trató de establecer la igualdad jurídica entre todas las provincias y diseña un mapa basado en esa igualdad y en la eficacia administrativa. España se divide en 52 provincias, intentando dar poca relevancia a los motivos históricos y más a los administrativos. La caída del gobierno liberal en 1823 y la restauración del absolutismo hacen que ese mapa liberal no tenga efecto y se vuelva a la división provincial anterior.

            La gran reforma provincial es la de Javier de Burgos, de 1833. La motivación vuelve a ser la eficacia en la administración del territorio y la igualdad jurídica entre los territorios. El diseño de Javier de Burgos tiene como objetivo que la capital de cada provincia esté a una jornada de distancia, como mucho, de cualquier punto de la provincia, y el mapa que se dibuja, con criterios matemáticos, guarda una similitud admirable con las celdas de Voronoi. Los llamados diagramas de Voronoi son una construcción matemática en la que cada celda es un espacio de mínima distancia a un punto. Javier de Burgos dibujó para nuestro país un diagrama matemático de una precisión asombrosa: nuestras provincias. Estas provincias, por lo tanto, lejos de responder a criterios históricos o folklóricos responden a criterios geográficos y matemáticos. Teniendo en cuenta la difícil orografía de nuestra península, hacer que nuestro mapa siga esos criterios matemáticos es aún más admirable.

            Es entonces cuando el provincialismo racionalista alcanza sus mayores cotas. A partir de entonces, todas las divisiones territoriales le dan protagonismo a una figura casi nueva: la región. Anteriormente a 1847, la región solo era un agrupamiento de unidades (provincias, intendencias, etc.) pero sin ningún valor político o administrativo. Ese año de 1847 Patricio de Escosura dividió España en once gobiernos. Ese mismo año dejó de tener vigencia.

            En la Primera República se crea un estado federal, y las provincias dejan de ser sujeto político para depender de cada uno de los 17 estados federales. A partir de entonces, todas las reformas territoriales han tendido a dar mayor protagonismo a las regiones sobre las provincias, llegándose a la II República, en la cual se distingue entre regiones autónomas (con su estatuto de autonomía: Cataluña, Vascongadas y Galicia) y regiones no autónomas.

            Durante el franquismo, el protagonismo vuelve a la administración central, y la división fundamental administrativa vuelve a ser la provincia, que es gobernada y administrada por gobernadores civiles nombrados por el poder central autocrático.

            El Estado de las Autonomías que se define en la Constitución vigente de 1978 crea la figura de las comunidades autónomas, con un nivel de autogobierno, en algunos casos, mayor que el de muchos estados federados. Los supuesto criterios elegidos para dibujar el mapa autonómico vuelven a ser históricos, intentando rescatar divisiones de algún momento de la historia que nadie sabe muy bien cuál es.

            Las izquierdas, que durante el siglo XIX intentaron racionalizar la vida pública, llevando a cabo los ideales ilustrados y racionales y tratando de olvidar la organización y el mundo del Antiguo Régimen, revive ese mundo desde la proclamación de la I República. Mientras que la derecha, originalmente, era un movimiento por restaurar el viejo mundo del Antiguo Régimen.

            Actualmente, la gestión de la llamada desescalada, en la crisis del covid, ha establecido como unidad territorial a gestionar la provincia, pasando por encima de las comunidades autónomas. Esta decisión ha escocido mucho a los partidos nacionalistas, de tal forma que Quim Torra y el gobierno vasco se han sentido ninguneados. ERC ha afirmado que van a votar en contra de una nueva prórroga del estado de alarma, entendiendo que la gestión debe ser autonómica y no provincial.

            En mi opinión, la racionalización de la política española pasa por darle mayor protagonismo a las provincias y quitándoselo a las comunidades autónomas. Se ha comprobado cómo el mapa de una España autonómica tiene como efecto la competencia desleal entre territorios, el chantaje perpetuo y la desigualdad entre territorios; también la despoblación de grandes extensiones de la llamada España vaciada.

            La regionalización de España siempre ha traído desigualdad, la irracionalidad (ya que se basa en la reinvención de la Historia y de sus símbolos) y el peligro constante de ruptura y de separatismos. Es mi opinión que una España que dé más protagonismo a las provincias, pero no desde un gobierno central que decida por ellas mediante gobernadores civiles o delegados del gobierno, puede ser un país más cohesionado y justo.

            En la Constitución del 78 se define la provincia como la circunscripción electoral. Esto me parecía una aberración, por cuanto se alejaba del ideal (formal) de una persona, un voto. Ahora creo que es un acierto y que se queda corto, por no cumplir con su razón de ser. El parlamento debería estar formado por diputados provinciales que fueran elegidos en cada provincia y la gobernasen. Pero que fueran elegidos para defender realmente su provincia y no para meter en Cádiz a un diputado de Santander, porque así saldrá elegido. E incluso iría más allá: para tratar de compensar las desigualdades entre territorios, sería bueno que cada provincia contase con el mismo número de diputados. Así, quizás Madrid dejaría de estar tan superpoblado y Guadalajara empezaría a tener más inversión y riqueza. Son solo ejemplos para la reflexión.

            España se encuentra en una gran encrucijada: o sigue mirando a un pasado inventado, reconociendo derechos históricos que no han existido nunca, o crea una organización racional al servicio del bien común.

 

            Raúl Boró Herrera