Tras la de Cataluña, la Cámara Baja tramitará otras cuatro reformas estatutarias antes de fin de año.


MAPA_AUTONOMICO_130X130_PIXELES.gif12-09-2006-La Razón

Madrid- La semana pasada empezó en el Congreso el primer curso político sin la «amenaza» del interminable trámite del Estatut. Pero si por casualidad le inquieta el futuro laboral de Alfonso Guerra y el resto de sus compañeros de la Comisión Constitucional ante el enorme «vacío» dejado por el polémico proyecto catalán, deje de preocuparse: el debate sobre el modelo territorial va a seguir muy de moda en la Cámara Baja durante el otoño. Tanto, que la comisión que dirige el ex vicepresidente del Gobierno tendrá que tramitar antes de que acabe el año hasta cuatro reformas estatutarias procedentes de otras tantas comunidades.

El «consenso» balear

Hoy mismo desembarcará en la Cámara Baja Jaume Matas para defender la toma en consideración del nuevo Estatuto de la comunidad que preside, Baleares. Y, salvo sorpresa mayúscula, el «sí» de los diputados será casi unánime. No en vano, la reforma viene apadrinada por los votos favorables de socialistas y populares, además de Unión Mallorquina. Pero este consenso no garantiza del todo una plácida tramitación del texto. La dirección nacional del PP tuvo que frenar el intento de Matas de incluir en el proyecto una financiación «a la catalana», y además el acuerdo entre los dos grandes -que estuvo a punto de romperse a última hora en el Parlamento balear- sufre constantes vaivenes en los últimos días. Suficientes argumentos para dar picante a una tramitación en la que todos se muestran dispuestos a «mejorar» lo pactado: inversión de 3.000 millones de euros en las islas durante los próximos diez años, participación en la gestión de los aeropuertos, traslado de competencias al Consell de Formentera o creación de una Policía Autonómica.

«Realidad nacional» andaluza

El Estatuto de Andalucía, «apadrinado» por Manuel Chaves, es el primero de esta nueva hornada. Antes del verano, el Parlamento andaluz remitió a Madrid los 240 artículos del nuevo proyecto, que fue admitido a trámite en el Congreso tras escuchar las razones de los tres grupos proponentes -PSOE, PP y Partido Andalucista-. La sesión sirvió para confirmar que la guerra abierta entre socialistas y populares a raíz del Estatuto catalán vivirá una nueva batalla a cuenta de la reforma andaluza, centrada sobre todo en la polémica definición del territorio como «realidad nacional». Ahora los populares quieren rescribir todo lo que el Estatuto andaluz ha «copiado» al catalán, mientras que el Partido Socialista intentará incluir más referencias a la unidad de España y eliminar el plazo de seis meses para que el Estado abone a Chaves la «deuda histórica».

Agua blindada para Aragón

El pasado mes de junio, el Pleno de las Cortes de Aragón aprobó por unanimidad su nuevo marco estatutario. A priori, no parece que sus autores tengan que preocuparse en exceso por los recortes en sus principales reivindicaciones -sobre todo el «blindaje» de 6.500 metros cúbicos de agua del Ebro- aunque quizá el problema pueda venir por su colisión con otros estatutos -léase el catalán- en su aspiración de garantizar la unidad del Archivo de la Corona de Aragón. Empezará a discutirse en octubre.

Canarias, vocación «atlántica»

Aunque Canarias está ahora mismo más preocupada por el drama de la inmigración ilegal, su parlamento tampoco descuida el nuevo Estatuto, que se aprobará este miércoles sin el apoyo del PP. El texto, que define las islas como «archipiélago atlántico», reclama más competencias en puertos y aeropuertos y mantiene el Régimen Económico y Fiscal (REF) propio, llegará al Congreso en noviembre.