Desde DENAES consideramos, por el contrario, que las ideas de Aralar al respecto de la bandera nacional constituyen directamente una agresión dirigida a la Nación española en su emblema más señalado. Y en este mismo sentido, añadiremos, tales ideas no son ni pueden ser en modo alguno respetables pero tampoco tolerables desde la perspectiva de la Nación. Salvo, ni que decir tiene, que esta pretenda suicidarse.
La bandera de la nación española ondea desde el sábado en la fachada de las Juntas Generales de Guipúzcoa en cumplimiento de una resolución del Tribunal Supremo que instaba a la institución foral a cumplir la ley de banderas, resultado de una iniciativa del Amigo de la Nación César Velasco Arsuaga. Tal y como lo hemos hecho en otras ocasiones similares (últimamente, por ejemplo, con ocasión de la sentencia que obligaba al Parlamento Vasco a hacer ondear el estandarte nacional en su sede de Vitoria, sentencia que, dicho sea de paso, todavía no se ha cumplido), desde la fundación DENAES para la Defensa de la Nación Española hemos de manifestar nuestra satisfacción por el hecho de que decisiones judiciales como esta del Supremo, constribuyan, esperamos que eficazmente, a poner fin a una situación que efectivamente resulta enteramente anómala: la de la exclusión de los más altos símbolos nacionales de aquellas instituciones públicas que representan, sea a nivel autonómico, provincial o municipal, a la Nación misma.
Sin embargo, pocos días antes de que la mesa de portavoces de las Juntas Generales decidiese, «por imperativo legal», volver a colocar la bandera española en el lugar de honor que a esta le corresponde, el grupo juntero de Aralar –partido político, como se sabe, nacido de una escisión de Herri Batasuna– proponía, por boca de su portavoz Rebeca Ubera, no sólo el incumplimiento de la sentencia (algo que ya sería de suyo totalmente inaceptable) sino, todavía más, que la cámara foral declarase la bandera nacional «símbolo no grato» en el territorio de Guipúzcoa puesto que, al parecer, tal estandarte, «resultado de una imposición», generaría «división en la sociedad de Euskal Herria».
Y lo verdaderamente curioso es que se sobreentenderá inmediatamente desde el panfilismo ambiental en el que estamos instalados que con propuestas como esta, Aralar no estaría sino tratando de sacar adelante «pacífica» y «democráticamente» su programa político independentista, de manera totalmente legítima por cuanto tal formación política, tras su ruptura con Batasuna, habría «condenado» la «violencia» de ETA (aunque esta condena sólo la emite este partido político, repárese, por la circunstancia de que tales procedimientos etarras resultarían, a juicio de los dirigentes de Aralar, ineficaces e incluso contraproducentes de cara a la cumplimentación de sus objetivos secesionistas con lo que, se deduce de esto, si semejantes crímenes pudiesen considerarse como eficientes en este sentido, Aralar dejaría de condenarlos).
Y es que, suponemos que se agregará: «Todas las ideas son respetables mientras que no se apoyen en la violencia». Esta sentencia suele ser utilizada en efecto, por los muchos pánfilos que abundan en los principales partidos españoles para dar por sobreentendido que los objetivos políticos promovidos por organizaciones políticas secesionistas tales como puedan serlo Aralar, el PNV, EA o ERC resultarían enteramente aceptables «en democracia», siempre y cuando tales grupos secesionistas procedan «pacíficamente» y no recurran a «las armas», etc, como si, por dar la vuelta a la conocida frase hecha, «los medios justificasen los fines».
Desde DENAES consideramos, por el contrario, que las ideas de Aralar al respecto de la bandera nacional constituyen directamente una agresión dirigida a la Nación española en su emblema más señalado. Y en este mismo sentido, añadiremos, tales ideas no son ni pueden ser en modo alguno respetables pero tampoco tolerables desde la perspectiva de la Nación. Salvo, ni que decir tiene, que esta pretenda suicidarse.
FUNDACIÓN DENAES, PARA LA DEFENSA DE LA NACIÓN ESPAÑOLA
