El pasado lunes 23 de septiembre la Guardia Civil realizó una exitosa operación contra unos integrantes del autodenominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), sección que forma parte de los agentes de la movilización separatista llamados Comités de Defensa de la República (más conocidos por sus siglas CDR).

Dicha operación concluyó con el arresto de estos individuos por los supuestos delitos de terrorismo, rebelión, tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos. Siete de los nueve CDR fueron arrestados y dos han quedado en libertad con cargos. Los siete ingresaron el jueves 26 de septiembre en prisión provisional en diferentes cárceles tras comparecer ante el juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, que desde marzo de 2018 investiga posibles actividades terroristas. Los dos puestos en libertad tienen que acudir cuando la Audiencia Nacional les cite, aunque siguen siendo acusados de terrorismo. Cuatro de estos ERT-CDR ya fueron detenidos por cometer actos violentos cuando protestaron por la detención de Puigdemont en Alemania y por el traslado de los presos del procés a Madrid para ser juzgados de sus deleznables crímenes de lesa patria.  

Estos sujetos separatistas fanatizados, amén de españoles enfermos de autodesprecio, pensaban atentar entre el 1 de octubre y la fecha de la publicación de la sentencia del juicio a los doce políticos separatistas responsables del procés. El comunicado de la Fiscalía de la Audiencia Nacional asegura que dichos pretendientes proyectaban causar «daños irreparables debido a lo avanzado de los preparativos».  

La Guardia Civil, que ha llevado a cabo la operación sin ningún tipo de colaboración por parte de los Mozos de Escuadra, ha hallado en la localidad de Sant Fost de Campsentelles cantidades de polvo de aluminio, termita, nitrato de amonio, ácido sulfúrico y parafina; esto es, materiales servibles para elaborar explosivos. La Guardia Civil sospecha que los presuntos terroristas tenían como referente para hacer de las sustancias explosivas auténticas armas mortales un famoso manual para «cocinar bombas» que difundió Al Qaeda hace diez años.

Con la curiosa nomenclatura que la Policía, en este caso la Guardia Civil, acostumbra denominar sus operaciones, ésta fue bautizada como Operación Judas. En ella han participado unos 500 agentes, con notable presencia de las Unidades Centrales Especiales y el Servicio de Información del instituto armado, cuyos componentes son especialistas en antiterrorismo.   

Según la fiscalía, los presuntos terroristas (o más bien pretendientes no cualificados) planeaban atacar a la casa cuartel de Canovelles, en Barcelona. Tal lugar ya fue objeto de escraches durante septiembre y octubre de 2017. Otro de los objetivos era asaltar y ocupar el parlamento de Cataluña durante cinco días. Uno de los CDR ha confesado al juez que el presidente Torra estaba al tanto y que les iba a ayudar en dicha toma. En semejante parlamento se han visto muchos espectáculos lamentables y surrealistas, pero sólo faltaba que fuese asaltado por una panda de fervorosos alocados terroristas separatistas catalanes que proclamasen la república unilateralmente por medio del presidente de la Generalidad Joaquín Torra o del fugado Carlos Puigdemont, que le facilitarían el acceso a la cámara regional a estos valientes o más bien temerarios sediciosos, mientras una serie de ataques coordinados harían escalar la violencia. Todo esto lo ha  confesado uno de los acusados: un tal Ferrán Jolis.

La Benemérita tiene el mérito de que el ridículo en Cataluña no haya llegado a tales extremos de indecencia y de mal gusto (lo de los ataques coordinados ya no sería chabacano sino más bien algo espantoso). Y así, estos sujetos, en lugar de estar encerrados en el parlamento proclamando la república de los idiotas, lo están en la cárcel. Eso no quita que estemos a salvo del delirio abochornante e in crescendo que en cada sesión se vive en dicho parlamento, como ya pudo verse el 26 de septiembre con la expulsión del líder de Ciudadanos Carlos Carrizosa. A su vez, Torra y los demás separatistas hicieron apología del terrorismo defendiendo a los ineptos detenidos.    

Los políticos separatistas han señalado al trabajo realizado en la operación como un «montaje» para criminalizar a los CDR y a lo que llaman «independentismo» en general. Los batasunos de las CUP y los propios CDR han hecho un llamamiento a «plantar cara» a la Guardia Civil. El inefable Torra, en una carta a Pedro Sánchez, identifica las detenciones con «la represión», y acusa al Estado de «volver a construir un relato de violencia antes de las sentencias». Por si fuera poco, ha exigido al presidente en funciones que dé explicaciones por las detenciones de los «ciudadanos comprometidos con su sociedad», y que lo llevado a cabo por la Guardia Civil ha sido una «operación judicial-policíaca-mediática que se saltó todos los principios de presunción de inocencia» y que «servía para inventar un falso relato de violencia en Cataluña». Ya en el primer aniversario del pseudoreferéndum del 1-O, el impresentable xenófobo presidente de la Generalidad se había dirigido a los CDR exhortándoles: «Apretad, hacéis bien en apretar».

En Moncloa e Interior se han sentido molestos por no haber sido informados con tiempo y con detalles de la Operación Judas. Pero los responsables de este sofisticado despliegue sostienen que transmitieron a las autoridades estatales la importancia de la misma el 20 de septiembre de 2019, aunque en ese momento se desconocía la localización de los explosivos. No obstante, el ministro Marlaska hizo la siguiente declaración: «Estamos muy satisfechos por la eficacia de la Guardia Civil actuando bajo las directrices de la autoridad judicial». Pero el ministro no ha desmentido la noticia de su bronco enfrentamiento con los agentes de la Benemérita y se ha limitado a señalar que «lo único que puedo decir es que fue una operación extraordinaria», y que «estamos muy satisfechos por la eficacia de la Guardia Civil actuando bajo las directrices de la autoridad judicial».

El 26 de septiembre los separatistas propusieron en el parlamento la retirada de la Guardia Civil en Cataluña, y además propusieron legitimar la desobediencia al «Estado español» por su «deriva autoritaria». ¿Qué tal si el gobierno de España exige o más bien ordena la retirada de los CDR y de Torra y sus secuaces de la vida política catalana y, por consiguiente, española con un 155 de verdad y en condiciones a fin de defender sin equívocos y sin complejos la unidad y la identidad de la nación española? Parafraseando a Torra le podríamos decir a los monclovitas: «apretad, porque hacéis mal en no apretar». Y tal acción es de extrema urgencia contra todos aquellos que -como Torra y «El Puchi»- creen que es la hora de «romper España». Así que señores de «Madrit» un par de consejos: apretad y romper el secesionismo.

Los costes del secesionismo catalán (y del separatismo en general) son algo más caros que las 30 monedas con las que el Iscariote se vendió a la aristocracia sacerdotal saducea para traicionar al visionario de Galilea. El despilfarro del separatismo es una vil canallada que en ningún país de nuestro entorno y del mundo-mundial en general se puede llegar si quiera a contemplar. Todo Estado con un mínimo sentido de la perseverancia ahorca a sus Judas, y lo último que se piensa es poner la otra mejilla o perdonar 70 veces 7 y para más inri pagar a sus traidores. Pero en España, desde hace al menos cuatro décadas, los políticos de los partidos «nacionales», cuando no van de Judas colaborando directamente con los secesionistas financiándolos con dinero de todos los contribuyentes españoles, miran para otro lado exclamando: «Haz que pase de mí este cáliz».       

    Daniel López. Doctor en Filosofía.