El 22 de enero de este flamante 2020 el PSOE votó en contra de una resolución del Parlamento Europeo para investigar los 379 asesinatos de la banda terrorista ETA que aún están por resolver y que se corresponden con el 44% del total, una cifra nada desdeñable.

Es muy importante señalar que los crímenes etarras, a diferencia de los cometidos durante el franquismo, pueden catalogarse técnicamente (más allá del bien y del mal) como genocidio, pues los secesionistas asesinaban a españoles por el simple hecho de ser eso, de ser españoles. Y eso a pesar de que, desde el punto de vista formal, material y objetivo, los etarras también fuesen españoles, aunque no quieran ser españoles. Cosa distinta es esa definición que, de modo absurdo, oscurantista y confusionario, contempla como genocidas las ejecuciones llevadas a cabo por motivos políticos y religiosos durante la Guerra Civil, por ejemplo.

¿Habrá sido este voto negativo del PSOE el precio que ha tenido que pagar el partido del puño y de la rosa por la abstención de Bildu en el pasado pleno de investidura? Abstención imprescindible para llevar al doctor Sánchez a la Moncloa, como todos sabemos. También es notorio el acuerdo que el gobierno de la socialista María Chivite ha alcanzado con los batasunos el 20 de enero para aprobar los presupuestos de la Comunidad Foral de Navarra.

Es el colmo del surrealismo, fenómeno tan caro en España, que sea el Parlamento Europeo el que ponga en marcha la investigación de tales crímenes y que lo haga con el voto en contra de los eurodiputados del partido que actualmente gobierna en España y el voto en contra de Unidas Podemos, ese partido del impúdico Pacto del Abrazo con el que no dudó en aliarse Sánchez pese a que tal coalición paralizara el sueño al 95% de los españoles, según aseguró el propio doctor antes de las elecciones.

Pero no sólo el partido socialista «español» votó en contra: también se opusieron el resto de socialistas europeos. Nos referimos al Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas que precisamente está presidido por una española: la vasca Iratxe García Pérez. Según estos socialistas europeos, una misión política no tiene competencia para casos que están todavía en los tribunales. Cristina Maestre, vicepresidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (cuya presidenta es la eurodiputada del PP Dolores Monserrat), ha declarado en El Español que «el terrorismo en España ya se ha acabado», que «ETA ya no existe» y que, por tanto, «la visita es innecesaria». A lo que cabría responder: «el franquismo en España ya se ha acabado», «Franco ya no existe» y, por tanto, «la investigación sobre tales crímenes es innecesaria y además peligrosa porque divide a los españoles». Por supuesto, aquí comprendemos de sobra, faltaría más, que las investigaciones sobre los crímenes del franquismo siguen siendo necesarias para el buen mantenimiento y conservación de los múltiples chiringuitos subvencionados bajo la ideología de la Memoria Histórica.

Pero no: ya sabemos que ETA es el pasado y que Franco es el presente y hasta el futuro. Franco es el presente ideológico memoriahistoricista negrolegendario del PSOE y de Unidas Podemos. Ambas agrupaciones, vaciadas ya de sentido estrictamente político, pero rebosantes de contenidos subculturales, antropológicos y morales (esto es, repletas de ideología) creen vivir en el eterno combate dualista metafísico, como si ellas representasen la fuerza del bien absoluto en lucha perpetua contra el lado oscuro de la fuerza, que quedaría representado por las potencias franquistas o de «ultraultraderecha» del PP y fundamentalmente de Vox (el ultra lado oscuro).

Es posible que ETA haya dejado de mover el árbol, pero es seguro que no ha parado de recoger las nueces. Es decir, el secesionismo terrorista fue imprescindible para la consolidación del secesionismo parlamentario (y no sólo del vasco) y esos frutos representan hoy una amenaza formal para España mayor que la de los terroristas, entre otras cosas, porque la ideología separatista (plenamente inserta hoy día en nuestras instituciones) habla y actúa en nombre de la democracia y de la libertad.

Dolores Monserrat ha señalado que «es fundamental conocer la verdad sobre los crímenes de ETA que están por resolver, y que esta misión puede ayudar a ello». Sin embargo, para los sociapodemitas lo fundamental es conocer la verdad sobre los crímenes del franquismo (su verdad) y sostienen que solo la Memoria Histórica (¿Comisión de la Verdad mediante?) y sus chiringuitos pueden ayudar a resolverlos. En el caso de que dicha Comisión de la Verdad se fundase estaríamos ante la Comisión del Disparate y del Sectarismo. ¿Supondría tal tropelía que los historiadores ya no podrían discutir y manejar tesis e hipótesis diferentes a las de la «verdad» de la Comisión?  Flaco favor harían los sociapodemitas a la dialéctica y al método apagógico que enseñó el divino Platón en sus diálogos.

La iniciativa de esta noble investigación, que se pondrá en marcha el segundo semestre de 2020, se debe a la petición a la Eurocámara de la Asociación Dignidad y Justicia. La propuesta ha sido aprobada con los votos a favor del Partido Popular Europeo, los Conservadores Reformistas Europeos (eurogrupo al que pertenece Vox) y los liberales de Renovar Europa (donde está C’s). Y, como decimos, ha tenido el voto en contra de los socialistas europeos y del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea (donde está inserto Podemos e Izquierda Unida, pero también Euskal Herria Bildu… y esto no es casualidad).

Asimismo, los socialistas europeos prefieren que se pidan fondos para investigar la muerte de peces en el Mar Menor (propuesta que no ha prosperado) antes que los crímenes de ETA, pese a que la banda también asesinó a miembros del PSOE. ¿Es que la vida de los peces del Mar Menor está al mismo nivel que la de los españoles asesinados por la banda sediciosa?

Lo asombroso de todo esto, y esta es la gran pregunta que aquí planteamos, es qué necesidad tiene España de depender de la «misión de investigación» que envíe la Unión Europea para investigar estos 379 asesinatos. La cuestión es que lo propuesto y aprobado en el Parlamento Europeo tratará también de averiguar por qué no se han investigado antes tales crímenes. Sospechamos que muchos «gorrinos» y no gorrinos tendrán asuntos escabrosos que ocultar y que temen los resultados de dichas investigaciones. El abogado de la Asociación Dignidad y Justicia, Miguel Ángel Rodríguez Arias, ha dicho -con toda la razón- que es motivo de perseguir y juzgar a las autoridades españolas que «no hayan cumplido con su deber de llevar a cabo investigaciones oficiales, efectivas e independientes». Por tanto, la investigación -como reconoce Rodríguez Arias- «es una gran esperanza para los familiares de las víctimas». Que así sea.

    Daniel López. Doctor en Filosofía.