Desde agosto del 2021 Sanchez no deja de presumir de ser el primer país en recibir los fondos EU y de estar entre los que más obtiene. Lo que no nos conto es, qué motivó a Europa a lanzarnos un salvavidas a la desesperada, en forma de adelanto del primer pago de 9.000 millones de euros y todos los que han venido detrás hasta sumar los 31.000 millones que ya nos han transferido. No es difícil de adivinar, de hecho, Bruselas lo explica claramente, ser el país en peor situación económica de la unión. Incluso casi un año después de empezar a recibir fondos, seguimos tan mal, que tras la revisión en el pasado julio de la evolución del PIB de los países miembros en 2020 y 2021, la concesión de fondos a España se ampliará en otros 7.200 millones. Ciertamente no es para presumir, pero es la realidad que todos podemos percibir y que la Comisión mide con cifras exactas. Somos el país que más recibe, porque somos el país en peor situación económica tras las medidas adoptadas por el gobierno ante la epidemia.

Sin ninguna duda, esto viene derivado de que el gobierno de Sánchez lo único que supo hacer ante la epidemia fue cerrar el país a cal y canto olvidándose de los ciudadanos. No como en Francia, Alemania o Irlanda que instauró una paga Covid para todos sus ciudadanos, lo que logró que la economía no se enquistara. Pero, además, no ha conseguido gestionar el reparto de los fondos que Europa ha destinado a la recuperación económica de sus socios. No es que esperáramos mucho de su gestión pero, al menos, sí que fuera capaz de inyectarlos en la economía real. El gobierno ya ha reconocido que su incidencia en el PIB de 2021 no fue más que del 0,7% y espera, en su mejor expectativa, que el impacto de estos en el PIB del 2022 consiga llegar al 1,9%. Por comparar, Francia, que es el 3º país receptor de fondos y al que llegaron mucho después que a España, consiguió un impacto de estos en su PIB nacional, de un 5% en 2021. Claro que, según datos de la CEOE, en España solo un 2% de los fondos han llegado a las empresas, mientras que en Francia lo cifra en un 30%.

Todo esto hace que Bruselas empiece a ponerse muy nerviosa, como nos dejaron entrever los “hombres de negro” en su última inspección, ya que existe un Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que es de aplicación obligada para todos los países miembros. Este, exige el cumplimiento puntual de una serie de hitos por parte de los estados demandantes, para la concesión de los fondos, hitos que en España, el gobierno de Sánchez no cumple ni a duras penas.

Por ejemplo, el reglamento exigía que en 2021 estuviera implantado un sistema de vigilancia y control del desempeño de los fondos Next Generation. El conocido en España como Coffee y que arrastró a la dimisión a la “exdirectora” General del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, Rocío Frutos Ibor. El famoso hito 173, un sistema informático capaz de recoger, entre otros datos esenciales, la información sobre beneficiarios, contratistas, subcontratistas, beneficiarios finales, etc. Pues hoy, a las CCAA, el Ministerio de Hacienda les sigue pidiendo cientos de hojas Excel que recojan esta información, como ya confirmaba el consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, quien declaraba, “Si este es el Gobierno que va a digitalizar España, que venga Dios y lo vea».

Otro de los problemas que se le plantean al muy internacional Sánchez, es que el mencionado Reglamento dictado por la Comisión exige que todos los grandes proyectos, Pertes, estén licitados antes del 31 de marzo de 2023 y ejecutados antes del 31 de agosto de 2026. Si tenemos en cuenta que solo el 5,4% de los Pertes están lanzados, o que solo se han desembolsado o transferido el 19,5% del total de pagos correspondientes a estos, es imposible para este gobierno cumplir con sus compromisos ante Europa a tiempo. Mas aún, si tenemos en cuenta que estos desembolsos solo significan que el dinero está adjudicado a un programa concreto, pero ni siquiera que se hayan licitado aún los proyectos correspondientes. Aunque Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno, desmiente que se estén produciendo incumplimientos en la ejecución, la Intervención General del Estado en su auditoría de 31 de julio del presente, certifica que los pagos realizados ascienden a 4.500 millones de los 28.500 millones presupuestados, y una vez más, no son pagos finalistas a las empresas, en su mayor parte se han dirigido a las CCAA, Adif y a los Servicios Públicos de Empleo.

Otro de los escollos sobre el que pusieron el foco los “hombres de negro” el pasado mes de septiembre fue la reforma de las pensiones. La preocupación de Bruselas estriba en la sostenibilidad y la propia suficiencia de esta en el tiempo, al ser una de las partidas de gasto más importante de los PGE. Parece ser que existen serias discrepancias entre la reforma que entrará en vigor en 2023 y el análisis que de esta ha realizado la Comisión. Como ya adelantó esta última, la reforma tendrá que pasar una revisión el próximo verano para poder seguir recibiendo los desembolsos de los fondos europeos.

No cumplir los compromisos con Europa suele acarrear la paralización de las transferencias, ese es el riesgo que corre España, apearse del gran proyecto europeo de Recuperación y Resiliencia para sus socios. Parece ser que la única salida del gobierno Sánchez será pedir una prórroga para la ejecución final de los proyectos. Esta fórmula acarrea dos problemas. El primero es el objetivo intrínseco de los mismos, que es inyectar dinero urgentemente en la economía española que sirva de tractor de esta. La prórroga salvaría los desembolsos, pero la economía seguiría al ralentí y el esfuerzo de los españoles, que tendrán que pagar la deuda contraída por Europa con sus impuestos, será en balde una vez más. El segundo es el Reglamento de la Comisión, que obliga a los demandantes a ejecutar en los plazos ya mencionados. Este reglamento no recoge la fórmula N+2, de la que sí gozan otros programas estructurales, permitiendo justificar la ejecución de los proyectos durante los dos años posteriores a su vencimiento.

Esta es la situación real hoy en día, incertidumbre. Aunque Sánchez tiene una baza en la manga, contar con el favor de la Comisión y de Úrsula Von der Leyen, por ser el presidente más progresista de Europa y el mayor aliado de la globalista Agenda 2030. Entiendo que difícilmente dejarán caer a Pedro Sanchez antes de las próximas elecciones nacionales. Probablemente, preferirán aplicar con toda rudeza el reglamento, al nuevo gobierno salido de las urnas en 2023. Culpando de todas las tropelías y efectos de la nula gestión progresista de nuestros intereses, al que a buen seguro será un gobierno no progresista pero sí de progreso y en el que el sentido común aportado por VOX hasta la fecha tendrá una gran relevancia.

Raúl Morales