Confianza, comprensión y magnanimidad, esto es lo que ha pedido a todos los españoles el presidente de la nación, Pedro Sánchez, este miércoles desde Buenos Aires. Como siempre recurriendo a tan vaporoso y engolado lenguaje. Y es que, según nuestro presidente, «el objetivo vale la pena». Un objetivo que está en boca y tecla de todos desde hace unas semanas y que Sánchez dejó bien claro al citar la tan oportuna –casualidad de casualidades– carta en la que el preso secesionista Oriol Junqueras indica que la «vía unilateral» del secesionismo no es la mejor (aunque no deja de dar sus frutos, como siempre) y que los indultos ayudarán a aliviar el conflicto en Cataluña. A sacar a tal santo mártir del «conflicto» de la cárcel también ayudará, por supuesto. Porque de esto se trata y se ha tratado siempre, cambiando el collar pero siempre siendo el mismo perro. No se ha tratado de España nunca, ni siquiera de Cataluña y del falso conflicto que no existiría si no se inventase y alentase a cada hora. Se trata siempre de los «actores del conflicto», en éste caso de los intereses particulares y económicos de los secesionistas, tanto los encarcelados como los gobernantes, así como de aquellos que, desde el Gobierno nacional, les apoyan buscando, a su vez, su propio beneficio.

Resolver el conflicto, en esta etapa de la «hoja de ruta», consiste simplemente en que el Presidente de nuestra nación, para perpetuarse en su silla presidencial, va a indultar a los pocos que fueron condenados tras perpetrar un golpe de Estado en 2017 y que declaran sin tapujos que lo volverán a hacer. Indultará a aquellos que necesita para su continuidad en Moncloa, y así ellos podrán seguir chantajeándole –como han hecho con todos los democráticos Gobiernos de España– para conseguir aumentar sus ingresos y sus privilegios, apoyando al Presidente cuando les convenga. Como han hecho todo este tiempo ayudándole tanto en su investidura como a impedir comparecencias (hasta treinta) en el Congreso de los Diputados y comisiones de investigación (otras siete) ante tanta incompetencia y corrupción de este mastodóntico e inútil Gobierno. Tan sencillo como repugnante.

Es normal que, siendo esto así, nuestro presidente considere que el objetivo vale la pena. La vale para él, su partido y los interesados, pero al resto de españoles, y a España misma, de poco nos vale como no sea para soportar aún más vergüenza –y, todo hay que decirlo, si la soportamos también es culpa nuestra; quien se deja ningunear tiene tanta culpa como quien ningunea; al menos hay que mostrar un mínimo de resistencia–.

De modo que por la vía de la confianza, la comprensión y la magnanimidad nuestro Presidente se va a saltar a la torera –cosa muy española– el informe del Tribunal Superior de Justicia en el que se indica, detalladamente, la ausencia de razones jurídicas –y por tanto también políticas– para indultar a los secesionistas condenados por el golpe de Estado de 2017. Como nuestro Gobierno no sabe gobernar pero sí hacer propaganda hasta ahora ha mantenido la «prudencia» de indicar que los indultos son sólo una posibilidad, pero cualquiera que no quiera vivir en la mentira más absurda, en la sumisión más abyecta –que se produce tan a menudo sea cual sea el Gobierno–; cualquiera, decimos, sabe que eso está decidido desde la misma investidura de nuestro Presidente, y sólo la extrema necesidad nacional de sacar a Franco de su tumba y la situación catastrófica provocada por el Sar-Cov-2, junto la incompetencia del Gobierno en la gestión de la crisis sanitaria y económica, lo ha retrasado.

Como guinda del pastel, y para darle una apariencia de legalidad a pesar de lo que diga el mismo Tribunal Superior, nuestro Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, actuando con absoluta independencia y en bien de la nación –qué duda cabe–, indicó también que se recurrirá a la «utilidad pública» para justificar los indultos. Según la Ley de Indulto de 1870 –parece ser que esta no es una ley anticuada, pero la que condena el secesionismo o la rebelión sí–, existen tres motivos para ello: justicia, equidad y utilidad pública –palabritas estas que se las traen cualquiera de ellas, saber de qué habla uno cuando dice estas palabras requiere de no poco esfuerzo–. Pues bien, como el Gobierno entiende imposible recurrir a la justicia como motivación, cosa que el Tribunal Judicial ya ha dejado claro, ni a la equidad – ¿qué equidad cabe ante la secesión y el golpismo?–, tirará por la vía de la utilidad pública. Y como hemos dicho estas palabritas se las traen, no es fácil saber a qué se refieren, así que nuestro Presidente y nuestro Gobierno han decidido entender por utilidad pública el indulto a los golpistas secesionistas para asegurarse el apoyo necesario en lo que resta de legislatura, y ya veremos qué ocurre en la siguiente. De modo que si utilidad pública significa utilizar las leyes al antojo, saltarse los informes del Tribunal Judicial a la torera, soltar a delincuentes –que tampoco están en un sinvivir en la cárcel–, perpetuarse a toda costa en el poder, buscar única y exclusivamente el interés particular, comprar a la prensa mercenaria, acumular cada vez más poder, reírse de los españoles –incluso de los que apoyan tales acciones, quizá de ellos más que de nadie– y pudrir en lo posible las pocas estructuras del Estado que queden sanas, la democracia española y avergonzar a toda la nación entonces sí, entonces el Gobierno con Pedro Sánchez a la cabeza está actuando por mor de la utilidad pública.

 

Emmanuel Martínez Alcocer