Aclara que «el proceso del que estamos hablando no es un proceso de pacificación, es un proceso para que se reconozcan los derechos de Euskal Herria».
24-07-2006-La Razón
Madrid- Un documento de la «izquierda abertzale» que incluye, entre otras organizaciones, a la propia ETA confiere a la banda el papel de «garantizar que se respete lo acordado entre los diferentes agentes de Euskal Herria, en consecuencia, garantizar el respeto a la decisión del pueblo vasco». Es decir, que la teoría de las «dos mesas», según la cual el Gobierno y los pistoleros sólo negociarán sobre presos y desarme, queda en evidencia ya que la propia organización criminal, como ha repetido a lo largo de los últimos años, se constituye en «garante», con la amenaza de sus armas (que no va a entregar), para que se cumplan esos posibles acuerdos con el Ejecutivo. Por si había alguna duda, el documento, del que la agencia Europa Press difundió ayer un amplio resumen, aclara que «el proceso del que estamos hablando no es un proceso de pacificación, es un proceso para que se reconozcan los derechos de Euskal Herria. La paz será la consecuencia del reconocimiento de dichos derechos», que son la «autodeterminación y la territorialidad». La negociación para alcanzarlos es un «frente de lucha» más. Posible fracaso. El documento contempla la posibilidad de que el «proceso de paz» fracase: «La izquierda abertzale debe estar preparada para esa posibilidad y se debe decir claramente ante la ciudadanía que esta posibilidad existe». En este sentido, considera que la izquierda abertzale «no puede nunca jugar a una sola opción» y, por ello, afirma que, «si no hay posibilidad por la otra parte» para situar «el conflicto en otra fase», proseguirá «su camino de lucha». «En este caso, nuestra responsabilidad será situar la responsabilidad de la prolongación del conflicto en nuestro enemigo. Que la factura política a pagar por la izquierda abertzale sea la mínima posible», señala. En su opinión, «esa situación debe ser prevista y preparada a lo largo del proceso». «Con la negociación, se deben crear nuevas condiciones para seguir dando pasos hacia adelante en nuestro proceso de lucha para que, en la siguiente fase, cualquiera que sea la situación, la lucha de liberación y la propia izquierda abertzale sean más firmes», añade. El documento recuerda la oposición de los «sectores fascistas que representan PP-UPN», aunque indica que «el mayor de los peligros puede venir de PNV y PSOE si quieren volver a imponer un nuevo ciclo autonómico, limitando el proceso a una reforma estrictamente estatutaria». Además, explica que los estados español y francés deben expresar su voluntad de respetar lo que decida el pueblo vasco y advierte que «pretender cerrar en falso la situación sin dar una respuesta correcta a las claves del conflicto, a la autodeterminación y la territorialidad, no acarrearía nada más que la prolongación del propio conflicto y la reapertura del enfrentamiento». En esta línea, advierte a los gobiernos de España y Francia (que «en ningún caso», avisan, podrán «renegociar» lo que se les plantee) que «si echan a perder el proceso, si cierran de par en par las vías democráticas con las que poder recuperar los derechos que le corresponden al pueblo vasco, quedaría manifiesta la legitimidad que Euskal Herria tiene para luchar en su propia defensa en pro de su reconocimiento y a favor de los derechos que le asisten». Es decir, que si no se le da lo que pide, ETA estará legitimada para seguir con los atentados. «Pasos irreversibles». ETA y las organizaciones de su entramado se proponen, en cualquier caso, sacar la mayor tajada del actual «proceso» que ha aceptado el Gobierno y juegan al posibilismo, a lograr lo que se pueda aunque al final haya que romper. «Aunque no lleguemos hasta la meta, aunque no consigamos llevar el proceso hasta sus últimas consecuencias, debemos aprovechar la fase que ahora se abre para dar importantes e irreversibles pasos en la lucha por la liberación nacional», subrayan. También se marca como objetivo lograr «la expulsión de las fuerzas armadas de ocupación» porque de lo contrario «no se puede asegurar una situación de paz» y subraya que «los estados deberán garantizar, durante el proceso, que se desactivará toda injerencia, tensión o amenaza por parte de las fuerzas armadas». En este contexto, emplaza a «desactivar los cuerpos especiales» de la Ertzaintza, a la que denomina «Policía autonómica española», para poder consolidar la pacificación. La izquierda abertzale plantea, asimismo, que en «la mesa de solución» que se cree con la participación de todos «los agentes de Euskal Herria» no quede excluido «ningún territorio», en referencia al País Vasco español, Navarra y el País Vasco francés. Recuperación de Udalbiltza. El texto apuesta, de forma paralela a las negociaciones, por ir generando «una marea» en favor de la autodeterminación y la territorialidad, mediante «la presión y la movilización social», y aboga por la unidad de las fuerzas que defienden el derecho de decisión en torno al Foro de Debate Nacional. En esta línea, apuesta por «continuar desgastando» el actual marco y por «estructurar Euskal Herria», para lo que propone «la reorganización de Udalbiltza», foro que «deberá analizar y profundizar sobre la estructuración de la futura Euskal Herria». La «izquierda abertzale» se propone en este documento trabajar también con el objetivo de «ocupar espacios nuevos» y señala que, con esta intención, decidirá un planteamiento específico a seguir de cara «al próximo ciclo electoral».
