Del total de la tarta que el Estado reparte entre las 17 autonomías, las tres citadas acaparan un 8 por ciento más de lo que tenían asignado en los Presupuestos Generales de 2006.
MANUEL TRILLO
29-01-2007-ABC
ZARAGOZA. Tres de los nuevos Estatutos de Autonomía aprobados hasta ahora por el Congreso – Cataluña, Andalucía y Baleares- comprometen ya al Estado a destinar a estas comunidades el 40 por ciento de sus inversiones regionalizables. Ello supone que del total de la tarta que el Estado reparte entre las 17 autonomías, las tres citadas acaparan un 8 por ciento más de lo que tenían asignado en los Presupuestos Generales de 2006. Los Estatutos catalán, andaluz y balear han incorporado a sus Estatutos garantías de inversión en los que cada Comunidad emplea un criterio distintos, siempre el más favorable para sus intereses, según refleja un estudio comparativo elaborado por un equipo de asesores jurídicos y económicos de Chunta Aragonesista en el que realiza una proyección a partir de los Presupuestos del Estado de los últimos cuatro años. El primero en aprobarse como ley orgánica, el de la Comunidad Valenciana, no incluyó compromisos de este tipo y fue el catalán el que abrió esta espita.
Cataluña
Así, Cataluña ha recibido de media en los últimos tres años el 15,3 por ciento de la inversión estatal regionalizable, pero su nuevo Estatuto establece que se equiparará a la participación relativa del PIB de Cataluña con relación al PIB del Estado para un período de siete años. Ello significa, según los cálculos del estudio, que se reserva a esta Comunidad el 18,85% del total. Ese porcentaje es superior a su peso demográfico, ya que cuenta con el 15,86 por ciento de la población española, y está muy por encima de lo que representa su superficie, ya que sólo tiene el 6,36% del territorio nacional. Al menos en el caso catalán, el incremento de inversiones asignado en los Presupuestos de 2007 han confirmado ya que el Gobierno está dispuesto a recoger ese compromiso expresado en el Estatuto, que tiene rango de ley orgánica.
Andalucía
Si para Cataluña era el PIB el criterio que más le favorecía, para Andalucía lo es su población, ya que cuenta es la Comunidad con más habitantes, con el 17,80% del total. Por ello, en su nuevo Estatuto -al que sólo falta su ratificación en referéndum- prevé que la inversión del Estado sea el equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado para un periodo de siete años. Según refleja el estudio de Chunta, ese 17,80 por ciento que se reserva es algo mayor que su porcentaje de superficie, un 17,36 por ciento, pero está bastante por encima del 15,52 por ciento que recibió de media en los Presupuestos del Estado entre 2003 y 2006 y más aún si se tomase como criterio su aportación al PIB, el 13,76 por ciento.
Baleares
Baleares también incorpora su propio criterio. Según este Estatuto, que ha pasado el trámite del Congreso pero está pendiente del visto bueno del Senado, la inversión del Estado en su territorio se establecerá atendiendo a la inversión media per cápita en las Comunidades autónomas del régimen común, lo que equivale, según el estudio, a 2.500 millones de euros. Ello significa que al archipiélago doblaría lo que recibe ahora, puesto que le correspondería el 2,71 por ciento, cuando en los últimos cuatro años sólo había percibido el 1,28 por ciento de media.
De esta manera, si a los Presupuestos del Estado de 2006 se le aplican los criterios previstos en estos tres Estatutos, de los 19.744 millones de euros de inversión regionalizable, 3.722 millones serían para Cataluña, 3.515 para Andalucía y 534 para Baleares, lo que suma 7.774 millones. Para las otras 14 Comunidades quedarían los 11.970 millones, si bien Navarra y el País Vasco tienen un régimen foral propio.
Canarias
Pero esta espiral no parece que se vaya a detener aquí. La reforma del Estatuto de Canarias, que se encuentra en tramitación en el Congreso, también indica que la inversión estatal en las islas no será inferior al promedio que corresponda al conjunto de las Comunidades Autónomas. Con ello saltaría del 2,84 por ciento que recibió de media de 2003 a 2006, al 5,88 por ciento. Este porcentaje supera al 4,03 por ciento que representa su PIB en España y al 4,46 de su peso demográfico, pero sobre todo al 1,48 por ciento de su superficie.
Castilla-La Mancha
En cambio, Castilla-La Mancha introduce el factor del territorio como criterio. Según el texto aprobado por su parlamento autonómico, pendiente por tanto aún del filtro de las Cortes Generales, la inversión estatal será equivalente al porcentaje medio que resulte de considerar el peso de la población regional sobre el conjunto del Estado, la participación relativa del PIB con relación al del Estado y el porcentaje que representa la extensión de la Comunidad autónoma sobre la extensión territorial del Estado. Pero, además, añade que «el Estado realizará inversiones complementarias en Castilla-La Mancha por un importe equivalente al uno por ciento del Producto Interior Bruto regional». De esta manera, se garantizaría, por una parte, el 7,80 por ciento del total estatal y, por otra, sumaría 305 millones de euros (tomando en este último caso para la estimación el año 2005).
Castilla y León y Aragón
Los otros dos Estatutos actualmente en trámite, los de Castilla y León y Aragón (el de Galicia parece ahora aparcado), no se garantizan nada, en opinión de los autores del estudio. Únicamente recogen alusiones genéricas a los criterios que se deberían primar, pero sin concretar bases de cálculo como en los casos anteriores.
La propuesta de Estatuto aragonés, en fase de enmiendas en el Congreso, indica: «Para la fijación de las inversiones del Estado en Aragón en infraestructuras, se tendrán en consideración, con carácter prioritario, la superficie del territorio, los costes diferenciales de construcción derivados de la orografía, así como su condición de comunidad fronteriza, y se incorporarán criterios de equilibrio territorial a favor de las zonas más despobladas». La redacción es muy similar en el texto de Castilla y León, que adolece de problemas demográficos y de extensión del territorio similares a los aragoneses.
