El Gobierno ha tomado nota del mensaje lanzado por el PSC el pasado lunes, según el cual, un hipotético recorte del Estatuto vía Tribunal Constitucional supondría un fracaso para el PSOE, pues según recuerdan los socialistas catalanes, el texto fue fruto del pacto entre el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y el líder de CiU, Artur Mas.

MARÍA JESÚS CAÑIZARES | BARCELONA

El Gobierno ha tomado nota del mensaje lanzado por el PSC el pasado lunes, según el cual, un hipotético recorte del Estatuto vía Tribunal Constitucional supondría un fracaso para el PSOE, pues según recuerdan los socialistas catalanes, el texto fue fruto del pacto entre el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y el líder de CiU, Artur Mas. El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, advirtió ayer de que «lo que España no puede hacer es negar la decisión de un Parlamento democrático», en alusión a la aprobación del Estatuto en la Cámara catalana, y expresó su convencimiento de que este texto es plenamente constitucional.

Planes B

De esta forma, el dirigente socialista se suma a los lamentos preventivos sobre un fallo judicial que todavía no se ha dictado, pero que ha generado un alud de peticiones de planes B cuyo máximo exponente fue la propuesta de movilización en la calle del vicepresidente Josep Lluís Carod-Rovira antes de que el TC emita su resolución -el sindicato de funcionarios Manos Limpias le ha denunciado ante la Fiscalía por supuesta coacción-. Las palabras del republicano fueron interpretadas por asociaciones de jueces y la oposición como un ejercicio de presión al alto tribunal, algo que ahora el PP achaca al propio Rubalcaba.

«Yo creo en ese Estatuto, creo que es constitucional y creo que recoge un hecho que además es políticamente relevante. Lo que España no puede hacer es negar la decisión de un parlamento democrático elegido por los catalanes», dijo el ministro en declaraciones a Punto Radio.

Preguntado sobre la definición de nación para Cataluña, el ministro explicó que «en el preámbulo del texto, que no tiene carácter normativo, dice una cosa que es una descripción de un hecho y es que el Parlamento de Cataluña en su momento se definió como nación, cosa que es tan cierta como que lo hizo, lo votó. Eso no significa más que el reconocimiento de un hecho». No obstante, el ministro matizó que acataría la decisión del Constitucional en caso de que dictaminase que esa definición de nación es inconstitucional. Aseguró no estar de acuerdo con la postura de miembros del PSC que advirtieron al Ejecutivo de que mantendría competencias al margen de un posible sentencia desfavorable del TC. «Es una declaración que no comparto, que no es excesivamente afortunada y esa formación incluye al primer tribunal del país», dijo Rubalcaba, quien lamentó «el juego de declaraciones para ver quién declara más fuerte sobre algo que está todavía discutiéndose. «¿No parece más razonable esperar a ver qué pasa?, se preguntó. El Gobierno tripartito está dispuesto, además, a intensificar el desarrollo estatutario y replantear el pacto entre Cataluña y el Estado si hay fallo adverso.

Precisamente ayer, el presidente del PP, Mariano Rajoy, se refirió a la futura sentencia del TC y aseguró que los miembros del PP mantendrán una posición de «respeto y acatamiento» a lo que dictamine el Alto Tribunal.

«No se puede presionar de ninguna manera» a los magistrados del TC, dijo Rajoy, quien no obstante, expresó su sorpresa por el hecho de que, tres años después de haberse presentado el recurso contra el citado estatuto, el Constitucional aún no se haya pronunciado. Ciutadans cree que Alfredo Pérez Rubalcaba está presionando al TC y le aconsejó que se calle.