En la reforma del Estatuto se jactan de no haber recibido la influencia de la «Roma civilizadora».
02-08-2006-La Razón
Madrid- El pasado día 31 de julio quedó ratificado el texto final de la reforma del Estatuto de Canarias, que en septiembre verá la luz al votarse en el Pleno del Parlamento autonómico antes de su remisión al Congreso. El proyecto que llegará a Madrid, como ya ocurrió con el andaluz, sigue la estela del catalán en todos sus aspectos más polémicos, como la bilateralidad, el blindaje de competencias o el Poder Judicial único.
Si el proyecto de reforma del Estatuto de Galicia que plantea el BNG remonta el origen de la «nación gallega» a los tiempos de dominio de los suevos, el de Canarias reivindica su singularidad como población «protohistórica de origen norteafricano que no conoció la obra civilizadora de Roma ni ninguna otra influencia externa hasta mediados del siglo XIV, cuando Europa redescubre en los indígenas su pasado gentil más remoto».
«Años duros de miseria».
Asimismo, el texto salda cuentas en el Preámbulo con la etapa de la Guerra Civil y de la Dictadura, en una línea argumental que conecta con el revisionismo de los socialistas. No hay alusiones a las consecuencias de otros momentos históricos como la II República. «Fueron, como en toda España, años duros de miseria, intensa emigración y pobreza cultural. El nuevo régimen, además, abolió las peculiaridades isleñas, se apropió de una parte substancial de las divisas generadas por la economía canaria, limitó sus compras en los mercados exteriores al suprimir las franquicias fiscales y mercantiles y favoreció la presencia de las empresas peninsulares en el mercado insular, hasta entonces alejadas de éste por su incapacidad para competir con la oferta foránea».
Ya en el plano práctico, la negociación deja cesiones del PSOE ante Coalición Canaria (CC) como, por ejemplo, la de que el Estatuto no incluya un nuevo sistema electoral, que se remite a una ley futura. CC es la gran beneficiaria del sistema vigente, en el que predomina el criterio insular por encima de la población; y el PP, el partido más perjudicado.
Destacan significativamente otras cláusulas. Así, en el artículo 3 se señala que el ámbito territorial de Canarias comprende el archipiélago canario, integrado por las siete islas de El Hierro, Fuerteventura […], y «por el mar que las conecta y por el espacio aéreo correspondiente». El mar territorial y el espacio aéreo es dominio público estatal (art. 132 de la Constitución) para evitar la fragmentación.
«Las competencias estatales que, por su naturaleza, puedan ser ejercidas por la comunidad autónoma de Canarias en el mar territorial y zona económica exclusiva, así como en el lecho marítimo y en el subsuelo de estos espacios marítimos, podrán ser transferidas o delegadas a ésta, a través de los procedimientos previstos constitucionalmente», se indica.
Poderes exclusivos.
En el artículo 2 del proyecto, que el PP no apoya en su conjunto, los partidos han aprobado una redacción en la que se establece que el «Estado, en el ámbito de sus competencias, deberá modular en relación a Canarias sus políticas y actuaciones legislativas y reglamentarias». Dentro de la prolija descripción de las competencias exclusivas o ejecutivas -similar a la catalana-, el archipiélago se arroga poderes para participar en organismos internacionales dedicados al desarrollo del deporte.
