El principal objeto de la disputa: la gestión del agua.
28-08-2006-El Correo
P. DE LAS HERAS/COLPISA. MADRID
Un año abocado a los conflictos entre autonomías. Así se presenta el nuevo curso político. Las reformas de los estatutos de la Comunidad Valenciana y de Cataluña -las únicas aprobadas hasta la fecha por las Cortes Generales- ya pusieron en pie de guerra a las regiones limítrofes. El principal objeto de la disputa: la gestión del agua. El asunto ha llevado a Castilla-La Mancha y Aragón a recurrir ante el Tribunal Constitucional determinados aspectos del texto valenciano y ya han anunciado su intención de hacer lo mismo con varios artículos del nuevo marco de autogobierno catalán. A ellas se sumarán el propio gobierno valenciano y el de La Rioja. Es sólo la punta del iceberg. Si se cumplen las amenazas de los ejecutivos autonómicos sobre reformas estatutarias aún en marcha, el máximo intérprete de la Carta Magna tendrá que pronunciarse sobre al menos 16 demandas.
Los ánimos están calientes, y el hecho de que comience un año electoral no ayudará a apaciguarlos. Cataluña celebra sus elecciones el 1 de noviembre, y el resto de las comunidades -excepto Galicia, Euskadi y Andalucía- lo hará en mayo de 2007. En una España aquejada por la sequía, la lucha por los recursos hídricos se hará sin duda un hueco en las campañas de los partidos. Y creará no pocas contradicciones. La prueba es el respaldo del PP de Castilla-La Mancha al Gobierno autonómico del PSOE en su recurso contra el artículo 17 del Estatuto valenciano. La Comunidad Valenciana está gobernada por el PP y el Estatuto fue consensuado con los socialistas. El citado artículo reconoce el derecho de esta región a la redistribución de los sobrantes de agua de cuencas cercanas. Algo que no sólo inquieta al Ejecutivo castellano-manchego, sino también al de Aragón, que considera que abre la puerta a otro trasvase del Ebro.
