El término «realidad nacional» se ha convertido en una patata caliente.
27-10-2006-El Semanal Digital
27 de octubre de 2006. «Sí, sí, estupendo… Pero no me pidas mi opinión». Así respondía un diputado del PP minutos después de alcanzarse el acuerdo entre socialistas y populares para la reforma del Estatuto de Andalucía, cuyo Preámbulo incluye el término «realidad nacional» dentro del marco de la «indisoluble unidad» de la Nación española. Las palabras de este dirigente popular, que también se preguntó qué iba a pasar ahora con otras autonomías como Galicia, resuenan en la mente de los máximos dirigentes del partido, que temen que la base central de su discurso sobre el modelo de Estado haga aguas.
El pacto de última hora alcanzado el pasado martes con el PSOE ha dejado más que tocado al PP, donde empiezan a emerger cada vez con más fuerza dos facciones: la de aquellos que apuestan por llegar a acuerdos en los Estatutos, dejando al margen, como salvedad, la que se impuso sobre el Estatuto de Cataluña; y la de otros que están en contra de cualquier tipo de acercamiento al PSOE sobre las reformas territoriales impulsadas por José Luis Rodríguez Zapatero.
¿Qué pasará con el País Vasco?
Viene a bien recordar las recientes declaraciones de Jaime Mayor Oreja, instando a su partido a que no facilite el camino al PSOE en dichas reformas sumándose a ellas. La lectura que hace el portavoz del Grupo Popular en la Eurocámara es que si el PP se deja llevar por la corriente lo único que hará será aportar oxígeno precisamente a las reivindicaciones del nacionalismo vasco sobre el derecho de autodeterminación.
Tanto es así, que después del acuerdo alcanzado sobre el Estatuto andaluz, alguno más se ha sumado a la tesis que mantiene Mayor Oreja, y junto con él el portavoz popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, quien ha mantenido estas últimas semanas un pulso con el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, a cuenta de la reforma estatutaria. El mismo día que se aprobaba en comisión, el primero salía diciendo pocas horas antes que en ningún caso el PP iba a aceptar el término «realidad nacional».
También dijo lo mismo Mariano Rajoy durante su intervención en el debate parlamentario de admisión a trámite de este Estatuto el pasado mes de mayo. El presidente del PP sostuvo que tal definición era «sinónimo» de nación, a la vez que se preguntaba qué significaba aquello, sobre lo que lanzó no una sino muchas críticas: hasta cerca de cincuenta veces repitió el palabro.
Y ahora viene Galicia
Eso es precisamente lo que más desconcertados tiene a muchos dirigente populares, que ponen ahora la vista en el Estatuto de Galicia, en estos momentos en trámite de ponencia en el Parlamento autonómico. Para el líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, el acuerdo con los socialistas en Andalucía «supone la vuelta del PSOE a la senda constitucional», y la Constitución –dice- «es un excelente negocio para Galicia».
Al margen de interpretaciones, en el entorno de Feijóo no se ha descartado llegar a un acuerdo con los socialistas de Emilio Pérez Touriño (la reforma en todo caso necesitaría el apoyo del populares, pues requiere que sea aprobada por dos tercios del Parlamento regional). Es más, hay un sector que lo quiere, señalan fuentes consultadas; sin embargo, cuando todavía está caliente el tema andaluz, los populares gallegos prefieren ser cautos en sus declaraciones públicas.
El principal escollo en el Estatuto gallego es precisamente la denominación y la oportunidad (como defienden socialistas y nacionalistas) de que Galicia se sitúe al mismo nivel que Cataluña y el País Vasco. En todo caso, de llegar a un acuerdo, será al más alto nivel político. Una de las propuestas que ya circulan entre pasillos es introducir en el Preámbulo un alusión «más poética que histórica» sobre la «nación» gallega, sacada de una estrofa del himno. Pero a esto se unen dos escollos más: la inclusión del deber de conocer la lengua gallega (a lo que se oponen los populares) y los símbolos «nacionales».
«Feijóo es fiel a Madrid, y está siendo prudente y leal», aseguran desde el partido en Galicia. Con este panorama, Rajoy se ha encontrado de bruces con un problema interno que deberá bandear más pronto que tarde; al fin y al cabo él fue el que el martes dio luz verde al acuerdo al que llegaron Arenas, Soraya Sáenz de Santamaría y Federico Trillo con los dirigentes socialistas, entre ellos el portavoz Diego López Garrido, y al que faltó Zaplana.
Sin duda las reformas territoriales están suponiendo para el PP una prueba de fuego aún mucho mayor que el llamado proceso de paz. Rajoy no es ajeno a ello. Por eso en septiembre inauguró el curso político con una cumbre, a nivel interno, con los barones territoriales de su partido, suspendiendo los tradicionales «maitines» de después del verano que se habían venido celebrando a modo de retiro de dos días fuera de Madrid.
