El nacionalismo siempre ha hecho uso de la creencia de no ser como el resto para reclamar a su favor un estado permanente de impunidad, ya sea política, ya sea judicial.


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(PD/Agencias).- LA ridícula reacción de los nacionalistas vascos contra la citación judicial del lendakari Ibarretxe -en una liturgia patética orientada a excitar las pasiones más básicas de una muchedumbre reverenciosamente rendida al jefe- se resumió en la lapidaria frase del consejero de Justicia del Gobierno vasco, Joseba Azkárraga, según el cual «Ibarretxe no es un ciudadano más».

Como subraya ABC en su editorial, esta afirmación exuda la herencia de Sabino Arana, quien sentó las bases, desde un racismo indisimulado, para hacer creer que, en efecto, los nacionalistas vascos no son como los demás ciudadanos.

Por ello se equivoca maliciosamente el lendakari cuando afirma que «sólo en un país de locos» puede encausarse a su presidente por «hablar con las distintas sensibilidades políticas».

Se equivoca él, y lo hacen los peneuvistas que insultaban a los miembros del Foro de Ermua -llamándoles «fascistas» a la puerta de la Audiencia-, porque su afirmación y los insultos no sólo esconden una interesada y muy endeble simplificación de lo ocurrido, sino también porque un presidente autonómico debe ser, precisamente en razón de su cargo, el primero en dar ejemplo ante la ciudadanía cuando la Justicia cumple con su obligación de examinar la legalidad de su actuación.

Aunque finja lo contrario para rentabilizar su victimismo, Ibarretxe es plenamente consciente de que, al contrario de lo que argumenta, un Estado de Derecho se convierte en «un país de locos» -esta vez sí- cuando la clase política, por la razón que sea, aspira a convertirse en una «casta de intocables».

El nacionalismo siempre ha hecho uso de la creencia de no ser como el resto para reclamar a su favor un estado permanente de impunidad, ya sea política, ya sea judicial.

Este planteamiento es el que el Gobierno vasco y los partidos que lo integran han llevado a su extremo para, nuevamente, movilizar al nacionalismo frente a lo que ellos consideran como una agresión del Estado a las instituciones vascas.

Pero, por más que el lendakari se empeñe en ser la encarnación del pueblo vasco, desde el punto de vista constitucional y estatutario es el máximo representante del Estado en el País Vasco. Y ese Estado lo es de Derecho, basado en la independencia judicial, la supremacía de la ley y la igualdad ante los Tribunales.

El lendakari no se quejó de su citación judicial; lo que hizo fue hurgar aún más en las fracturas y en las divisiones, despreciando incluso el dato fundamental de que la competencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para investigar su actuación -y, en su caso, para juzgarlo- está establecida por el Estatuto de Guernica, por mucho que los nacionalistas se empeñen ahora en desacreditar a sus magistrados.

Ciertamente, la tipificación jurídico-penal de la participación de Ibarretxe en la reunión con los dirigentes de Batasuna como cooperación necesaria de un delito de desobediencia es compleja.

Pero a Ibarretxe no se le está juzgando, sino investigando, lo que es muy distinto. Con frecuencia se están utilizando argumentos reduccionistas del siguiente tenor para criticar la actuación judicial: «¿cómo va a ser delito reunirse con Otegi?».

Sin embargo, en la reunión que se investiga hubo algo más que una mera entrevista con Otegi; hubo una iniciativa personal del lendakari para facilitar una actividad política -la resolución del «conflicto vasco»- que los dirigentes de Batasuna, en cuanto tales, tienen prohibida por sentencia firme.

Las leyes vigentes incumben y vinculan a todos.