«El Estado debe recuperar algunas competencias de las comunidades».


20061106132744.jpgC. Morodo

06-11-2006-La Razón

 Quien gana con la aprobación del nuevo Estatuto es Andalucía. En Andalucía no hay ningún problema autonómico ni identitario y la inmensa mayoría nos consideramos andaluces y españoles. Al PP se le va a reconocer su capacidad para consensuar, para evitar un problema y para cambiar 150 artículos y convertir en plenamente constitucional un texto sobre el que había muchas sospechas de inconstitucionalidad cuando llegó al Congreso.

 Y eso, como piensa una amplia parte de su partido, debería traducirse en un beneficio electoral en un feudo, por tradición, hostil.

 En Andalucía hemos vivido una historia autonómica compleja en la que el centro y el centroderecha han sido injustamente maltratados por algún error que se cometió en la etapa de UCD, y mi partido piensa que ya nadie más podrá usar esa arma de manera tan sectaria como lo ha hecho la izquierda en los últimos 20 años. En términos electorales, ganar es difícil con Estatuto o sin él, pero este consenso nos da mucha madurez como alternativa política.

 Lo que ocurre es que es un consenso forzado en torno a un asunto, el cambio estatutario, que ustedes siempre han visto innecesario.

 Si yo hubiera sido presidente de la Junta de Andalucía no hubiera impulsado esta iniciativa porque considero que hay otras reformas mucho más importantes, como la económica, la de educación, la de la sanidad… Pero una vez que hay una mayoría que la impulsa, teníamos dos posibilidades: mirar para otro lado y quedarnos en el «no» o hacer un esfuerzo extraordinario para conseguir un texto constitucional que evitase una confrontación innecesaria.

 El proyecto que finalmente han pactado con el PSOE, ¿qué problemas de los andaluces soluciona?

 Los estatutos no solventan problemas concretos y lo importante es que no representen nunca un modelo ideológico. La gran aportación de este Estatuto es que supone una apuesta por la cohesión, por la unidad, por la igualdad de derechos y por la solidaridad. Es justo lo contrario de lo que representa el de Cataluña, pero nunca podré venderlo como una panacea porque lo que resuelve los problemas son las políticas de los gobiernos.

 El Estatuto catalán incrementa la distancia y los privilegios de esa comunidad con el resto. ¿Con las nuevas competencias, con la consagración de la Agencia Tributaria propia o con la financiación a la medida de la población consiguen con su reforma recortar la diferencia con Cataluña?

 El Estatuto andaluz compensa y reequilibra mucho, apostando por la buena dirección, el mapa autonómico español. Es un modelo de reforma basado en la cohesión social, la unidad de mercado, la solidaridad o la multilateralidad, mientras que el catalán se construye sobre afanes separatistas o deseos soberanistas. En financiación, apostamos por la multilateralidad y por la solidaridad. Dicho esto, creo que en la parte que se refiere a las inversiones, la letra de los estatutos va a ser incumplida porque no salen las cuentas del Estado.

 Usted sabe que hay inquietud en sectores de su partido por las consecuencias en el discurso de Rajoy de haber caído en la «trampa», dicen, estatutaria. Empezó Valencia y uno a uno han ido entrando todos los «barones», lo que, también dicen compañeros suyos, supuestamente «debilita» la fuerza del mensaje nacional.

 Es verdad que nunca hemos considerado prioritarias las reformas de los estatutos y que no figuraban en el programa. A partir de ahí, la reforma de Valencia estaba pendiente desde la pasada legislatura y nuestra posición ha sido muy coherente desde el principio: ajustarnos siempre a la Constitución y al consenso.

 ¿Y tampoco ve ninguna trampa en que al final el PSOE se haya asegurado el arma dialéctica de que el polémico término de «realidad nacional» aparezca en el Preámbulo del Estatuto, aunque sea como adorno o descripción?

 Bajo ningún concepto podíamos aceptar que Andalucía se definiese como realidad nacional y, al final, lo que ha quedado, pese al empeño del PSOE, es una mera referencia retórica a un manifiesto de 1919.

 Pero es razonable pensar que si el señor Chaves ha puesto ese empeño en mantener el término, o ha aceptado la modificación de 150 artículos, es porque cree que puede sacar partido del pacto con ustedes.

 El señor Chaves está en su derecho de pensar que le beneficia el consenso. A mí me parece que nos beneficia a todos y que el fracaso hubiera sido perjudicial para todos, ya que habríamos llevado a los andaluces a una confrontación sobre un problema inexistente.

 Por cierto, ¿sigue teniendo sentido que Rajoy se presente a las elecciones generales con el compromiso de una reforma constitucional para fortalecer el Estado después de haberse sumado a todos los cambios estatutarios?

 Sé que dentro de mi partido hay personas que ven la reforma del Estatuto andaluz con menos entusiasmo y otras que la ven con mucho. Yo he contado en todo momento con el impulso de Mariano Rajoy, que me dejó claro que el límite para apoyar la reforma estaba en que fuera constitucional. Un Estatuto que no se parece en nada al de Cataluña, que no tiene ningún artículo de contenido político similar a los que recoge el catalán, y que es profundamente español fortalece el discurso nacional de Rajoy.

 ¿Y la reforma constitucional por la que le preguntaba? ¿Apoyará una propuesta para que el Estado recupere competencias que han pasado a manos de las comunidades a costa de debilitar la eficacia para resolver los problemas de los ciudadanos?

 Siempre he sido partidario de un gran pacto del PSOE y del PP en materia territorial, y la reforma que plantee Rajoy debería enmarcarse en ese gran acuerdo para que queden blindadas, en el marco de la Constitución, determinadas competencias que son exclusivas del Estado. Uno de los cambios más importantes que el PP ha introducido en el Estatuto andaluz es que ha desaparecido el blindaje y se dice que todas las competencias se ejercerán de acuerdo con el Título VIII de la Constitución. Por eso, abunda en la tesis de Rajoy de liderar una modificación de la Carta Magna que blinde las competencias del Estado.

 ¿Y no hay contradicción en que por un lado apoyen reformas para fortalecer competencialmente a las comunidades y, por otro, planteen un cambio constitucional para fortalecer el Estado? No me ha aclarado, por cierto, si respaldará una propuesta para recuperar poderes con los que se han hecho las autonomías.

 El sentido común está por encima del Estado de las Autonomías. Así, por ejemplo, cuando en verano se produce un incendio es un disparate que no haya ni una sola autoridad del Estado que coordine todos los medios. Hay determinadas cuestiones que el sentido común nos dice que tendrían que ser recuperadas por el Estado, lo que debería ser apoyado por todas las comunidades. Y el Estatuto andaluz no impide, en absoluto, que eso pueda pasar. En cuanto a las supuestas contradicciones por las que me pregunta, los dirigentes regionales nos sentimos muy identificados con el liderazgo de Rajoy y ninguno ha puesto en marcha una reforma sin contar con la dirección nacional. Defendemos el máximo autogobierno dentro de la Constitución y eso, como ya le he dicho, fortalece el discurso de Rajoy.

 Zaplana ha puesto voz al sector que pide reflexionar sobre la estrategia territorial. ¿Cómo están sus relaciones con él?

 Son cordiales. Nunca hemos tenido ningún problema personal. Es verdad que en la etapa de la UCD militamos en «familias» distintas, pero ahora estamos en un partido en el que no hay corrientes. Hemos trabajado siempre juntos, nos solemos ver una vez a la semana y en este asunto siempre hemos dicho lo mismo, aunque, a veces, con palabras diferentes. Por ejemplo, él mantuvo que era tremendamente difícil el acuerdo y yo siempre he dicho que no era fácil.

 La siguiente prueba es la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha dado que su texto, apoyado por el PP, puede colisionar con principios defendidos por Rajoy como el de que el agua es una competencia exclusiva del Estado o el de que los parlamentos regionales no deben decidir sobre los impuestos de todos los españoles.

 En el caso del agua [el Estatuto castellanomanchego pone fecha a la derogación del trasvase Tajo-Segura] habrá que hacer un esfuerzo en el Congreso para satisfacer a todos y para preservar la solidaridad. El artículo del Estatuto sobre la financiación no lo conozco al detalle.

 ¿Qué perspectivas electorales tiene en las municipales del próximo año?

 Hemos acortado mucho las distancias. Ganar las elecciones en el conjunto de Andalucía sigue siendo complicado, pero estamos acercándonos al PSOE. En las elecciones municipales podemos ser la primera fuerza en las ocho capitales de provincia y gobernar en algunas diputaciones. Un buen resultado en esos comicios abrirá amplias perspectivas para las generales y para las autonómicas andaluzas.

 ¿Cree que el resultado en las elecciones catalanas también puede interpretarse como un signo de que está más despejado el camino para que Rajoy llegue a La Moncloa?

 Ha sido un resultado muy digno porque siempre que se hace un análisis hay que situarlo en el contexto en el que se producen los acontecimientos. El Partido Popular ha trabajado en Cataluña en unas circunstancias extraordinariamente duras, se le ha negado el pan y la sal, muchas veces se ha intentado condicionar su libertad e impedir que se pudiera comunicar con la propia sociedad… Y en este marco tiene mucho mérito obtener 14 escaños, prácticamente el mismo resultado que se logró en las pasadas elecciones, cuando gobernábamos en España. En este buen balance ha tenido mucho que ver, sin duda, la implicación de Rajoy en la campaña.

 La realidad es poliédrica y las opiniones, libres. También hay quien considera que se ha perdido una oportunidad.

 Desde el principio tuvimos en cuenta la posibilidad de que Ciutadans, que se ha presentado como un grupo antisistema y ha recibido votos de muy distintas direcciones, entrara en el Parlamento. Ha sacado tres escaños y el PP sólo ha perdido uno. Como ya le he dicho, en condiciones adversas mi partido ha consolidado sus posiciones con un discurso muy coherente y de principios. ¿Que hay personas que quieren que haya más contundencia? Es respetable y opinable. Pero lo que nadie puede poner en cuestión es que Piqué ha dado la cara con todas las consecuencias y ha sacado un resultado digno que muchos, por cierto, no esperaban.

 ¿Ve posible un adelanto de las elecciones generales?

 En ningún caso en las actuales circunstancias. El PSOE está empatado con el PP y Rodríguez Zapatero sabe que arriesgaría mucho convocando elecciones ya que las podría ganar mi partido.

 Quizás la evolución del alto el fuego podría influir en la decisión…

 En relación al alto el fuego se ha confirmado todo lo que desde el primer día hemos venido anunciando. Con ETA hay dos posibilidades de terminar, derrotando al terrorismo o negociando y dándole la razón, y se está demostrando que este último es el camino equivocado. Zapatero ha escogido ese mal camino y eso está trayendo muchos costes para la sociedad española porque ha revitalizado a ETA. Hasta ahora ese mal llamado proceso de paz ha sido un rotundo fracaso porque no hay ningún signo positivo de los terroristas en lo único que nos interesa, que es el abandono definitivo de la violencia.

 Pero aun con todo, ¿usted no cree que hay que seguir haciendo esfuerzos para intentar que el proceso se pueda enderezar y salga bien?

 Insisto en que a través de la negociación con ETA sólo se va a llegar a un acuerdo si hay cesiones muy importantes y si se renuncia a la dignidad de la democracia en España. Como yo estoy por la dignidad de la democracia, creo que el proceso será al final inasumible porque las cesiones que se van a tener que hacer darán la razón a quienes han utilizado las armas para conseguir sus objetivos políticos.