Así lo anunció ayer el presidente de la Generalitat, José Montilla.
JANOT GUIL
01-02-2007-ABC
BARCELONA. El Ejecutivo catalán presentará en las próximas dos semanas un conflicto positivo de competencias ante el Tribunal Constitucional contra el decreto de enseñanzas mínimas del Gobierno, que amplía en una hora u hora y media semanal -según el curso- el tiempo que las escuelas de Cataluña deberán dedicar al castellano el próximo curso. Así lo anunció ayer el presidente de la Generalitat, José Montilla.
Con esta medida, equivalente a un recurso de inconstitucionalidad en el caso de una ley y tomada después de que el Gobierno de Zapatero no atendiera el requerimiento de incompetencia sobre este decreto que presentó el Ejecutivo catalán, el tripartito intenta escenificar una unidad de acción.
Y es que, sobre el papel, el tripartito ya ha claudicado ante el decreto estatal que ahora recurrirá, puesto que ha elaborado un preceptivo decreto propio sobre primaria, en fase de borrador, en el que asume el aumento de horas de castellano.
Lo asume, eso sí, endosando a las escuelas la tarea de conseguir horas extras para esta lengua. Porque habrá que rebañarlas de otras asignaturas.
Para cuadrar el círculo, el decreto catalán permite impartir otras asignaturas como Ciencias o Educación Física, en castellano, fórmula que el Gobierno central podría considerar recurrible.
CiU pide que no se aplique Por aceptar el aumento de castellano, el decreto de la Generalitat se ve como un «trágala» desde CiU. Su presidente, Artur Mas, pidió ayer al tripartito «que no aplique el decreto de mínimos estatal».
Pero no es menos digerible para uno de los socios del tripartito, ERC. Su conseller Josep Huguet advirtió de que el citado decreto -cuyo contenido, dijeron, conocieron en las últimas horas, pese a que fue presentado anteayer a la prensa- aún debe ser aprobado por el conjunto del Gobierno catalán.
Mientras, el tripartito acata el aumento de castellano, pero recurre el decreto estatal que lo contempla. Una aparente contradicción, que el consejero de Educación, Ernest Maragall, intentó explicar. «Nuestro conflicto no cuestiona los horarios del castellano, que no ponen en peligro nuestro modelo lingüístico; se centra en cuestiones de competencias».
El Ejecutivo autonómico cree que la normativa estatal es tan expansiva que compromete su grado de autonomía al legislar. Además, entiende que debía tener rango de ley, para que impere sobre el Estatuto.
