El PP promete en su programa-marco evitar desigualdades entre comunidades

04/04/2026

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Los populares reivindican la lealtad constitucional como elemento para el funcionamiento del Estado de las Autonomías.


20070223104050.jpgC. M.

23-02-2007-La Razón

Madrid- El PP acordó ayer iniciar el 9 de abril la precampaña para las elecciones municipales y autonómicas del 27 de mayo y fijó como uno de sus objetivos superar el número de candidaturas presentadas a los últimos comicios. Los populares se han cuidado de introducir en el programa-marco, que Mariano Rajoy dará a conocer el domingo en Madrid, un capítulo dedicado al modelo de Estado en el que se recoge las esencias de lo que debe ser la política territorial a la que tienen que ajustarse todos sus «barones». Las reformas estatutarias han generado inevitables interferencias en el mensaje nacional del partido y en su documento programático el PP subraya las «líneas rojas» de su doctrina. «España es una nación de ciudadanos libres e iguales» dice el principio de cabecera.

Los populares reivindican la lealtad constitucional como elemento para el funcionamiento del Estado de las Autonomías; la cohesión y la solidaridad interterritorial; que las relaciones del Estado con las autonomías se desarrollen dentro de un marco multilateral, con igualdad y transparencia, «evitando situaciones de privilegio»; y un Estado moderno y eficaz al servicio de los ciudadanos, «que garantice la igualdad y sus derechos en todo el territorio nacional».

Respecto a las reformas estatutarias, reiteran su rechazo a las que dañen el modelo constitucional, «establezcan privilegios y dividan a los españoles» -en anteriores programas ya mostraron su rechazo a impulsar modificaciones estatutarias porque consideraban que había que pasar a la etapa de la cooperación y de la solidaridad.

Se compromete a aumentar la capacidad normativa de las comunidades para que los ciudadanos, a través de sus parlamentos autonómicos, puedan decidir en mayor medida sobre gastos e ingresos, aunque también defiende que la Administración del Estado cuente con recursos suficientes para realizar las inversiones que fomenten el desarrollo de los distintos territorios.

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