El Ejecutivo deberá retirar recursos ante el TC contra algunas Comunidades por competencias que sí se le reconocen a Cataluña.
04-08-2006-ABC
C. DE LA HOZ
MADRID. Una mayor financiación autonómica para Cataluña, tal y como establece su nuevo Estatuto, sólo será posible si se suben los impuestos a todos los españoles o, en su defecto, si disminuyen las partidas destinadas bien a las competencias del resto de las Comunidades, bien a las competencias del Estado. Esta fue la radiografía que realizó ayer el PP sobre el modelo de financiación que consagra el texto catalán, al margen de otros aspectos que, a juicio del PP, son claramente inconstitucionales.
Tanto su responsable de Política Autonómica, Soraya Sáenz de Santamaría, como el secretario de Política Económica, Álvaro Nadal, abogaron por una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para impedir, entre otras cosas, que cunda el ejemplo catalán y otros estatutos pretendan incorporar a sus textos un modelo propio de financiación.
En todo caso, en el PP no se cierran a una mayor cesión de tributos a las Comunidades. Nadal explicó que las autonomías gobernadas por el PP tienen intención de participar activamente en los debates del Consejo «defendiendo sus intereses» sin sentirse vinculados por lo que establece el Estatuto catalán (límite a la solidaridad, comisión mixta Gobierno-Generalitat, Agencia Tributaria. «invasión» de competencias estatales en inversión pública…). En cuanto a si el primer partido de la oposición tiene previsto presentar una oferta de financiación que suponga un avance respecto al modelo actual, Nadal comentó que es al Gobierno «al que le corresponde hacer una propuesta».
Asimismo, Sáenz de Santamaría vaticinó un «conflicto interminable» entre la Administración central y autonómica desde el momento en que Cataluña «se arroga autoridad» sobre diversas competencias que no tienen el resto de las comunidades, además de suponer una «desestabilización profunda del sistema». La secretaria ejecutiva destacó, además, que el Ejecutivo deberá retirar recursos ante el TC contra algunas Comunidades por competencias que sí se le reconocen a Cataluña.
