Que la Audiencia Nacional es incómoda tanto para el entorno de ETA como para los que empuñan las armas es algo que los propios terroristas ponen de manifiesto en cuanto tienen ocasión.
NATI VILLANUEVA
10-12-2006-ABC
MADRID. El pasado 1 de diciembre, el Parlamento vasco aprobaba, con los votos de PNV, EA, Aralar y EHAK una proposición no de ley en la que se exigía la desaparición de la Audiencia Nacional como «tribunal especial». Nacionalistas y proetarras instaban, además, al Gobierno de Zapatero a que reconociera la existencia de torturas «como vía de resarcimiento de los afectados».
No es la primera vez que el PNV se suma a las reivindicaciones que, en este sentido, ya abandera desde hace tiempo el entorno de la banda terrorista ETA, aunque sí es la primera que se exige el desmantelamiento de este tribunal en pleno proceso de negociación. Acabar con la Audiencia Nacional es acabar con la lucha antiterrorista, uno de los principales obstáculos que los batasunos observan en el ámbito judicial para que las conversaciones del Ejecutivo con ETA no se vean truncadas.
Que la Audiencia Nacional es incómoda tanto para el entorno de ETA como para los que empuñan las armas es algo que los propios terroristas ponen de manifiesto en cuanto tienen ocasión. No sólo cuando acuden a los juicios y se niegan a declarar arguyendo que no reconocen al tribunal, sino que algunos, como Henri Parot, autor, entre otros, del atentado contra la casa cuartel de Zaragoza (11 de diciembre de 1987; 11 muertos y 83 heridos) han sugerido a la banda que la haga saltar por los aires.
Cuando faltaban pocos años para que este etarra extinguiera sus 26 condenas por 82 asesinatos -en total 4.800 años de cárcel-, la Audiencia Nacional tomó dos medidas que, por su trascendencia, hoy dificultan seriamente esa impunidad que ETA exige al Gobierno. La primera fue no acceder a la refundición de penas que proponía Parot para salir de la cárcel en 2009; la segunda, procesarle por dos nuevos delitos tras ser interceptada una carta que envió en junio de 2001 a la dirección de la banda proponiendo nuevos atentados, entre ellos, volar la Audiencia Nacional.
Por este motivo, el próximo 30 de enero Parot volverá a sentarse en el banquillo acusado de integración en ETA y conspiración para atentar. La Fiscalía pide por ambos delitos 25 años de cárcel, pues considera que sigue formando parte del llamado «frente de makos».
Acumulación de condenas
En la carta que envió a la dirección de ETA Parot transmitía a sus compañeros «la necesidad de materializar acciones terroristas para socavar la voluntad del Gobierno español» y, en este sentido, proponía atentados vitales («o les hacéis daño en la cabeza/corazón o no hay nada que hacer», decía). Además, se vanagloriaba de haber colocado tres coches bomba en distintos puntos de Madrid en una sola noche.
La segunda medida que tomó la Audiencia Nacional, la de negarse a refundir sus condenas en una sola de 30 años, también supone para ETA una piedra en el camino de la negociación, porque el recurso que el etarra presentó en el Tribunal Supremo contra aquella resolución ha motivado que la ya conocida como «doctrina Parot» se aplique no sólo a este terrorista, sino a todos aquellos que tengan en su haber varias condenas.
La decisión inicial de la Audiencia Nacional, la que hizo que el etarra recurriera ante la Sala Segunda del Supremo, fue acumular todas las condenas de Henri Parot en dos tramos diferenciados de treinta años cada uno. Esto suponía que la aplicación de los beneficios penitenciarios previstos en el Código Penal de 1973, con el que fue juzgado, no se llevaría a cabo sobre una sola condena de 30 años (máximo de cumplimiento previsto en aquella legislación), que era lo que pretendía el etarra cuando solicitó la refundición ante la Sala de lo Penal, con Javier Gómez Bermúdez como presidente.
La decisión del Tribunal Supremo no sólo no fue más beneficiosa para Parot, sino que desde que se dictó afecta a todos los presos que estén en su misma situación, es decir, con condenas milenarias. Ahora las redenciones se aplican sobre cada condena (y no sobre una global), de forma que se garantiza una estancia efectiva en prisión de 30 años.
Parot ha recurrido nuevamente al Tribunal Constitucional, que tendrá que pronunciarse sobre la oportunidad de esta medida.
Al margen de los presos etarras con delitos de sangre, la existencia de la Audiencia Nacional también resulta incómoda para el entorno de ETA. No en vano, este tribunal tiene numerosas causas abiertas contra los distintos frentes de la banda terrorista. En estos momentos hay 170 imputados o ya procesados en causas relacionadas con ETA. Entre ellas, los 56 acusados del macrojuicio de Ekin, conocido como el sumario «18/98», juzgados por su pertenencia o colaboración con los aparatos institucional (Ekin-KAS), mediático (Egin) e internacional (Xaki) de ETA.
Además, hay 27 procesados en la causa de Gestoras Pro Amnistía-Askatasuna, 21 en el sumario de Udalbiltza (asamblea de electos de Batasuna), siete en el de Egunkaria (sucesor de Egin) y unas diligencias abiertas contra el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV o EHAK), con siete escaños en el Parlamento vasco.
La causa penal de Batasuna
Pero, sin duda, la causa más importante abierta en estos momentos en la Audiencia Nacional es que la que se refiere a Batasuna y a las «herriko tabernas». Afecta a 40 dirigentes «abertzales», entre ellos «portavoces» en el proceso de negociación, como Arnaldo Otegi y Joseba Permach. Aún así, la Audiencia Nacional ratificó su procesamiento 24 horas antes del robo de las pistolas en Francia hace unas semanas.
Otros de los procesados en esta misma causa son Jon Salaberria y «Josu Ternera». Aunque ambos están en busca y captura en esta causa, este último se reunió en 2005 hasta en cuatro ocasiones (dos en Suiza y dos en Noruega) con el presidente de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren, para preparar, como informó ABC, la declaración de la tregua.
Respecto a las «herriko tabernas», sumario en el que el juez Garzón establece una relación directa entre éstas y Batasuna, el Supremo tendrá que pronunciarse en las próximas semanas sobre la vinculación de las mismas con la formación ilegalizada. La decisión sobre si Jarrai es o no una organización terrorista también puede influir en el «proceso».
