Sir Paul Preston (agraciado con dicha distinción por su Su Graciosa Majestad) afirmó hace años, que «quién no conoce la historia, está condenado a repetir sus errores”. Dicha afirmación incurre en la más absoluta de las ingenuidades, puestos a pensar bien. En ocasiones, estudiar o leer la prensa de antaño puede provocar el efecto contrario: comprobar que se cae en los mismos o incluso en peores errores.
En esta situación nos encontramos ahora. Si leemos los periódicos españoles de los años 1934 a 1936, encontraremos paralelismos evidentes en algunos casos, y grandes diferencias en otros. Vayamos a octubre de 1934, concretamente al número especial que el 17 de octubre el diario Ahora dedicó a “Un resumen de lo ocurrido en España” durante los días 4 a 16 de dicho mes. El periódico del que era subdirector Manuel Chaves Nogales realiza un pormenorizado relato de los acontecimientos sucedidos en toda España. Se informa acerca de la “Huelga general revolucionaria, rebelión de la Generalidad para proclamar la república catalana y levantamiento en armas de los mineros asturianos”.
A lo largo de una interesantísima y minuciosa información se habla de atentados contra la fuerza pública, de rebeldía de la Generalidad y proclamación de la república catalana, de revuelta sediciosa, y de movimiento subversivo. No hay duda alguna acerca de quién ha transgredido la ley, ni sobre quién tiene que caer todo el peso de esta, y con agrado vemos que no hay críticas ni al gobierno de la República por reducir y controlar las revueltas, y menos aún a las fuerzas de seguridad por hacerlo, cumpliendo la ley y su deber en la defensa de España. Se informa sobre la rendición de la Generalidad de Cataluña al ejército, y del éxito del Gobierno español con el titular “Todo ha sido dominado por el Gobierno”. En su editorial de ese día, el diario Ahora afirma que “El Gobierno está obligado a olvidarse de que nace de unos partidos y debe considerarse como Gobierno nacional, actuando a título de tal”.
Vayamos al año 2017.
Las reacciones no son las mismas. Tras el referéndum ilegal celebrado en Cataluña el 1 de octubre, el PSOE exigió responsabilidades políticas a los responsables de las órdenes de cargar contra los ciudadanos que se encontraban en los colegios electorales. El entonces secretario general del PSOE, Pedro Sánchez declaró que quería “dejar claro algo muy importante: nuestro profundo desacuerdo con las cargas policiales producidas en el día de hoy» instando al entonces presidente del gobierno Mariano Rajoy a “negociar, negociar y negociar, y lograr un acuerdo”. Sobre el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad coinciden Pedro Sánchez y el actual líder del PP, Pablo Casado, quién, a cinco días de la celebración de las elecciones autonómicas en Cataluña, en febrero de 2021, en una entrevista a Rac1 afirmó que no le gustaron las cargas policiales ordenadas por el gobierno el 1 de octubre de 2017. Como vemos, la cobardía ante los secesionistas en la España actual no es exclusiva de un solo partido, por acción, como es el caso del actual ejecutivo, o por omisión, como es el caso de otras fuerzas políticas.
Regresamos a 1934. Tras la detención de los sediciosos, el Tribunal de Garantías Constitucionales, se declaró competente, sometiéndose Companys y el resto de los políticos encausados a su jurisdicción. La sentencia dictada en junio de 1935 condenó a Lluis Companys y sus exconsejeros a 30 años de prisión como autores de un delito de rebelión, además de la inhabilitación absoluta y el pago de las costas procesales. Una vez publicada la sentencia, en junio de 1935, las diferencias respecto a la actualidad aparecen. En 1935 no se produjo ningún estallido social. Es más, las informaciones sobre la cuestión ocuparon un discreto segundo plano. En la prensa apenas hay titulares dedicados a la sentencia. Así, La Vanguardia del 6 de junio le dedica un breve párrafo en su página 6, como sucede con el ABC o con el citado diario madrileño Ahora.
No sucedió lo mismo octubre de 2019, tras la publicación de la sentencia del juicio del Procés. El mismo día de la publicación del fallo judicial, que condenaba entre otros al ex vicepresidente de la Generalidad Oriol Junqueras, a 13 años de prisión por los delitos de sedición en concurso medial con malversación de caudales públicos, se produjeron grandes disturbios en la Cataluña. Una multitud intentó paralizar el aeropuerto de El Prat, cortando las vías de acceso por carretera y provocando la cancelación de 108 vuelos. A lo largo de los días siguientes, los disturbios prosiguieron. Tras el asedio a la Delegación de Gobierno, el Ensanche de Barcelona se transformó en el escenario de una batalla campal entre los cuerpos y fuerzas de seguridad y grupos violentos de manifestantes que quemaron mobiliario urbano, construyeron barricadas y causaron grandes daños materiales, así como heridos entre los cuerpos y fuerzas de seguridad. Como vemos, nada que ver con la respuesta social a la sentencia de 1935 ni con la cobertura mediática de aquel momento. La constante visibilidad y publicidad gratuita de la que gozan los sediciosos en la prensa española actual es digna del mejor plan de comunicación que se pueda imaginar. Querían visibilidad y desde luego la tienen.
Pero volvamos a los años 30. En febrero de 1936 el nuevo gobierno del Frente Popular celebra su primer Consejo de ministros y presenta ante la Diputación Permanente de las Cortes el Decreto Ley de Amnistía para los condenados por los sucesos de 1934. Es importante tener presente que el Decreto Ley de Amnistía fue aprobado por unanimidad de la Diputación Permanente, incluidos los votos favorables de los diputados de la CEDA, que justificó su decisión en la “necesidad de pacificar los espíritus y en cumplir la voluntad electoral del país”. Se cedió de forma unánime bajo la ridícula idea de pacificación o apaciguamiento, que como sabemos, no se produjo. Además, la misma prensa que en el 1934 aplaudía al gobierno por el control y reducción de la revuelta sediciosa, en 1936 aplaude y jalea la concesión de los indultos a esos mismos sediciosos. Esto ya nos recuerda mucho más a la actualidad.
El ya citado diario Ahora publicó un editorial titulado Amnistía, que no deja lugar a dudas. En él se felicita por el “patriotismo gubernamental” de los miembros que integran la Diputación Permanente de las Cortes, al aprobar por unanimidad el Decreto Ley de Amnistía. Se habla de la “obra de paz” que supone su concesión, “indicio de convivencia”. Continúa el editorial señalando en defensa de la amnistía, que “el sentimiento humano se eleva siempre por encima de toda otra consideración”. La amnistía, en opinión del autor del editorial, representa el desistimiento del empleo de la violencia y una entrada firme en el camino de la lucha política legal. Como sabemos, desgraciadamente lo que vino después no fue precisamente la paz, ni la convivencia.
Por lo tanto, podemos ver, no sin escalofríos, el simplista y subjetivista lenguaje empleado tanto por gran parte de las actuales fuerzas políticas como mediáticas, ya imperaba en febrero de 1936. El máximo exponente de esta concepción de la política, que a la vez sirve de excusa, o más bien de herramienta para lograr sus objetivos, lo encontramos en el discurso exhalado reciente por Pedro Sánchez ante un receptivo público en el Teatro del Liceo en Barcelona. De forma similar a la expresada por la prensa de 1936, Sánchez, para justificar los indultos concedidos a los golpistas de 2017, habló de “apostar por la concordia, con corazón”, y nos anuncia la nueva buena: el Gobierno de España ha optado por abrir paso a la reconciliación, al reencuentro.
Sin detenernos en la cursilería y pedantería del lenguaje empleado, lo realmente preocupante es esta concepción subjetivista de la política, y lo que es peor, como, tras décadas de implantación, con la inestimable ayuda y colaboración de gran parte del mundo mediático, ha calado profundamente en parte de la sociedad española. Las cesiones a los sediciosos no funcionaron en 1936, como lo sucedido durante los tres años siguientes en España nos demuestra, y no funcionarán ahora.
La ilegalidad y el ataque a España se combaten usando el poder del Estado, no con falsas sensiblerías, coartadas perfectas empleadas para lograr un objetivo netamente político de los golpistas: la segregación de España. La concesión los indultos por parte del gobierno de Pedro Sánchez no son una mera cesión a los secesionistas, la palabra correcta en este caso es complicidad, ya que el gobierno colabora activamente ellos en la balcanización de España, y desde DENAES no dejaremos de denunciarlo. Como dijimos al inicio de estas líneas, conocer los errores anteriores no evita volver a cometerlos.
Teresa Chinchetru del Río
