Lo que verdaderamente estaba en cuestión era la definición de los planes y programas de dicho partido de cara a la deriva secesionista y disgregadora que, tal nuestro diagnóstico, estaría operando desde el mismo interior de la Constitución del 78
Tal y como lo hemos venido poniendo de manifiesto en varios editoriales a lo largo de los últimos días, lo que verdaderamente estaba en cuestión en lo referente al congreso valenciano del PP, mucho más que los nombres concretos del presidente nacional y de su inmediato equipo de colaboradores (con ser este, sin duda que importante) y desde luego tanto más que el cacareado viaje al centro o que las consabidas querellas entre los “conservadores” (Esperanza Aguirre, Ángel Acebes, Alejo Vidal Cuadras) y los “reformistas” (digamos Alberto Ruiz Gallardón y ¡Manuel Fraga Iribarne!), era la definición de los planes y programas de dicho partido de cara a la deriva secesionista y disgregadora que, tal nuestro diagnóstico, estaría operando desde el mismo interior de la Constitución del 78, de suerte que, lo que el PP habría tenido que decidir esencialmente en tal congreso (al menos cuando nos mantenemos al margen de las notables cargas de psicologismo que siempre llevan acarreados los “debates sobre personas”) no es otra cosa que la posición a adoptar ante semejante transformación confederal de España. Un “debate”, sí, “de ideas” en el que lo urgente, lo perentorio, era a nuestro juicio determinar la conveniencia de barrenar semejante deriva, defendiendo la permanencia en el ser de la unidad de España como nación soberana, o bien “aclimatarse” a la misma, acaso con la excusa de “dialogar con todos” o aun de no “parecer monotemáticos”.
Pues bien. Con los elementos de juicio con los que podemos contar en este momento, parece que la “decisión” por parte del Partido Popular está en efecto tomada. Y decimos esto no tanto por la circunstancia -ella misma significativa, sintomática- de la confección de un equipo directivo a la medida del candidato ganador cuanto por la exclusión de la ponencia política de toda denuncia de la posición del Partido Nacionalista Vasco y sus socios secesionistas ante la violencia asesina de ETA. Una exclusión que, aunque pueda, sin duda, ayudar al Partido Popular a “ganar amigos” ante la eventualidad de una victoria por minoría simple en las próximas elecciones generales, no se comparece demasiado bien con la pretensión por parte de Mariano Rajoy de mantener los “principios” que habrían venido guiando al Partido Popular en la pasada legislatura. En este sentido, la diputada Rosa Díez de Unión Progreso y Democracia ha tenido ocasión de poner de manifiesto su preocupación ante el rumbo que el PP estaría adoptando a la luz de la ponencia aprobada en Valencia.
Desde la Fundación DENAES juzgamos imprescindible advertir en esta dirección que la preocupación de Rosa Díez nos parece cualquier cosa salvo infundada. Y es que cuando maniobras de este tipo se contemplan desde la perspectiva de la defensa de la nación española (una perspectiva que, en todo caso, no se agota en el PP) comienzan a adquirir un alcance bien nítido: el de la claudicación.
FUNDACIÓN DENAES, PARA LA DEFENSA DE LA NACIÓN ESPAÑOLA
