Por decoro, ese magistrado pro Estatut e incluso la propia presidenta deberían inhibirse cuando el Tribunal vote la constitucionalidad del Estatuto.
“La nación confía en el Estado”, decíamos ayer a propósito de la sentencia judicial contra las asociaciones juveniles de ETA/Batasuna. Hoy precisamos: la nación confía en el Estado, pero el Estado tiene que trabajar para la nación. Viene esto a cuento del reciente escándalo sobre ese magistrado del Tribunal Constitucional que tiene que resolver sobre la viabilidad del Estatuto de Cataluña y que, meses atrás, ha cobrado dinero de las instituciones catalanas por defender ese mismo Estatuto. Esta revelación debería ser causa de la inmediata dimisión de Su Señoría, pero no parece que nada de eso vaya a ocurrir. Y llueve sobre mojado, porque aún recordamos que la propia presidenta del Constitucional se vio incursa en una patente sospecha sobre el mismo asunto: su marido había trabajado a favor del “Estatut”. Con esos antecedentes, ¿de verdad creen en el Tribunal que gozan de credibilidad para resolver sobre el caso?
Por decoro, ese magistrado pro Estatut e incluso la propia presidenta deberían inhibirse cuando el Tribunal vote la constitucionalidad del Estatuto. Eso demostraría que el Estado trabaja en favor de los intereses generales de la nación. Y si no, nadie podrá pedir a la nación que siga confiando en el Estado.
