Y es que no hay otro aval para el Gobierno que el pueblo soberano.
Las dimisiones, de haberlas, vendrán por las urnas.


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La dimisión, hablando de una carrera política, es el acto de abandonar el cargo mediante el cual el responsable de algún error irreparable para el curso de su trayectoria profesional, asume ante la ciudadanía su propia culpa, esperando, sin más, que otro colega más capaz continúe en su puesto.

Hay veces, incluso, que es el error de un subordinado, sobre el cual el superior hubiera tenido la obligación de supervisar, el que lleva al político a presentar su dimisión. Este debería haber sido el caso, según algunos, de haber sido un político decente, de Felipe González con los crímenes del GAL.

Hay que tener en cuenta, entonces, que la «depuración de responsabilidades», como se suele decir, exige que el asunto sea puntual, es decir, que constituya un caso delimitable respecto de otros colindantes, y que, por tanto, de reclamarse tal actuación a un ministro en particular, tanto el resto de Ministerios, como, por supuesto, la Presidencia del Gobierno, esté libre de toda duda respecto a la participación en el mismo.

No cabe duda de que Magdalena Álvarez, nuestra ministra de Fomento, acumula en su haber notables «casos» por los cuales podría haber dimitido desde hace ya tiempo. Y que la oposición hace bien al exigirle que dimita. Sin embargo, el aval de Zapatero con esta señora parece que supera cualquier desastre que su incompetencia pueda volver a provocar.

No es extraño que así suceda si mientras hablamos del «caos de Barajas» dejamos de hablar del lamentabilísimo incidente diplomático que los responsables de Asuntos Exteriores de España están tratando de arreglar con Israel después de que nuestro Presidente, sin ninguna prudencia, se haya permitido adoptar una postura a favor del llamado «pueblo palestino», con manifestación y algarada violenta ante la embajada de Israel en Madrid incluida. Hasta el diario El País, no precisamente conocido por sus críticas al Gobierno, le ha reprochado a Zapatero nada menos que convertir a Gaza en baza electoral.

Y es que no hay otro aval para el Gobierno que el pueblo soberano.
Las dimisiones, de haberlas, vendrán por las urnas.

FUNDACIÓN DENAES, PARA LA DEFENSA DE LA NACIÓN ESPAÑOLA