Y es que una vez más Arturo Mas es el protagonista de estas páginas, con motivo, como el lector se imaginará, de su inhabilitación por la ilegal consulta soberanista del 9-N. Lo cual lo convierte en el primer presidente autonómico condenado por desobedecer una resolución judicial. Esta semana el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por fin ha hecho pública su sentencia, condenando a expresidente de la Generalidad de Cataluña a dos años de inhabilitación especial por desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) y ser «autor material» de la consulta soberanista/secesionista del 9-N del año pasado. La inhabilitación impedirá a Arturo Mas ejercer cualquier tipo de cargo público, lo cual compromete mucho su futuro político, ya que Mas tenía intenciones de lanzarse de nuevo a por la presidencia de la Generalidad como candidato del PDeCAT. También se ha condenado a la vicepresidenta Irene Rigau a un año y seis meses y a la consejera de Enseñanza Irene Juana Ortega a un año y nueve meses de inhabilitación. Unas condenas que a muchos han sabido a poco, sobre todo teniendo en cuenta que la Fiscalía, que recurrirá la sentencia, pedía diez años para Mas y nueve para Rigau y Ortega.
A su vez, los tres acusados han sido absueltos de otros delitos como la prevaricación administrativa. Tan sólo han sido, los tres, condenados a pagar la mitad de las costas del proceso (36.500 euros para Mas, 30.000 para Ortega y 24.000 para Rigau). Queda al TSJC dictar la sentencia para el exconsejero de Presidencia Homs, que es aforado al ser diputado del Congreso.
Todas estas sentencias están acompañadas de la apertura de la vista oral del caso Palau –en el cual el extesorero de CDC ha sido acusado– y del caso Pretoria. También siguen saliendo datos y acusados por la mafiosa trama del 3% sobre la ilegal financiación de CDC.
Y aunque desde DENAES nos congratulamos por las condenas señaladas, no podemos dejar de preguntarnos qué esconden estas blandas sentencias, que evidentemente serán recurridas por los condenados. No podemos dejar de pensar si estas condenas no son una forma de eludir un delito todavía mayor, pero relacionado con lo mismo, a saber: la sedición. Porque si estos tres acusados, y otros muchos, han cometido y cometen diariamente un delito no es otro que el de sedición, y todo lo que esta implica. El constante y diariamente denunciado golpe de Estado por parte de las autoridades catalanas –que no de Cataluña ni de (todos) los catalanes– contra toda España. Lo cual no impide que pare la financiación de dicho golpe por parte del Estado. Así pues, ¿por qué no hay mayor contundencia en las condenas? ¿Es esto un subterfugio jurídico, casi una pantomima, para tapar otras cosas? ¿Se están moviendo hilos por detrás de todo esto para evitar que salgan otras cosas a la luz? ¿Por qué el Estado es tan permisivo con toda esta trama mafiosa y sediciosa? ¿Por qué Mas, Pujol y compañía siguen sin pisar la cárcel a pesar de todo lo robado y las constantes pretensiones de sedición?
Desde DENAES consideramos que un Estado que no defiende su unidad frente a cualquier amenaza y/o peligro tanto interno como externo es un Estado débil, un Estado (y un Gobierno) que eluden su responsabilidad con toda la nación. Un Estado, en definitiva, suicida y condenado a la catástrofe. Un Estado que no hace lo que debe.
Fundación para la Defensa de la Nación Española.
