Aunque desde luego compartimos la satisfacción por una sentencia que sin duda enjuiciamos como absolutamente necesaria, no por ello estimamos que tal ilegalización pueda ser considerada al mismo tiempo como suficiente
Las recientes decisiones del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional en el sentido de instar a la ilegalización de «organizaciones» y «partidos políticos» (Acción Nacionalista Vasca, Gestoras Pro-Amnistía, Partido Comunista de las Tierras Vascas, etc., etc.) que las identifican con la banda terrorista ETA ha sido en general, muy bien recibida por parte de representantes políticos de los dos principales partidos nacionales. Así, por ejemplo, la vicepresidente De la Vega sostenía, nada más conocerse la sentencia, que tales decisiones judiciales vendrían a demostrar a las claras la circunstancia de que en el «Estado de derecho» (suponemos que en el Estado de Derecho «español», aunque la vicepresidente no lo precisó) no hay sitio para los que amparan o practican la violencia» (y, nuevamente, sobreentendemos, aunque tampoco se aclaró esto, que doña María Teresa se estaba refiriendo a la «violencia» terrorista antiespañola de la ETA y no, por ejemplo, a la «violencia» de la Policía Nacional o de la Guardia Civil, etc.).
No obstante, y aunque desde luego nosotros compartimos por nuestra parte la satisfacción por una sentencia que sin duda enjuiciamos como absolutamente necesaria, no por ello estimamos, desde la Fundación DENAES que tal ilegalización pueda ser considerada al mismo tiempo como suficiente. Y no es suficiente entre otras razones porque, al parecer, dicha medida judicial no va a impedir en modo alguno que los concejales, alcaldes y parlamentarios autonómicos proetarras sigan promoviendo sus fines secesionistas desde las instituciones públicas del País Vasco. En este sentido, en efecto, el daño está en gran medida ya hecho, precisamente por la «tolerancia» mostrada por el gobierno del PSOE -por entonces embarcado de hoz y coz en el llamado «proceso de paz»- al presentarse originariamente tales «planchas» electorales. Ante acusaciones de este tipo por parte del PP, Fernando Moraleda respondía la pasada semana que «María Dolores de Cospedal era subsecretaria del ministro Acebes cuando el PCTV se fundó, por lo que también podrían haberlo ilegalizado entonces».
Argumento que evidentemente, al margen de su eficacia retórica propia de sicofantes o a lo sumo de trileros, no responde a las críticas del Partido Popular sino que, como mucho, se limita a «cambiar de tema».
Y es que ciertamente cualquiera que hubiese sido la actitud del ex ministro Acebes al respecto (e incluso si esta actitud hubiese sido un error que naturalmente en modo alguno justificaría un «error» de mucho mayor bulto, y además consciente), lo que tiene que aclarar el gobierno socialista son las razones por las que no juzgó conveniente instar in illo tempore a la ilegalización de las listas pro-etarras, tal y como exigían los precisos de la Guardia Civil. Y no sólo esto: convendría que el PSOE -empezando por De la Vega- explicase si tiene intención de poner las medidas imprescindibles para evitar que las listas, ahora ilegalizadas de mala manera, continúen actuando desde muchos ayuntamientos del País Vasco. Por ejemplo, como se ha venido aconsejando desde el PP o desde UPD, disolviendo tales consistorios «contaminados».
FUNDACIÓN DENAES, PARA LA DEFENSA DE LA NACIÓN ESPAÑOLA
