Lo que verdaderamente resulta intolerable, políticamente, es que muchos municipios españoles estén gobernados por fuerzas cuyo objetivo no es otro, justamente, que destruir la Nación en nombre de cuyas leyes gobiernan.
Bajo el muy significativo rótulo de «mociones éticas», el Partido Socialista Obrero Español estaría, durante las últimas semanas, tratando de arrancar, con la colaboración del Partido Nacionalista Vasco, las alcaldías de varios municipios vascongados (Hernani, Mondragón, etc., etc.) de las manos de ANV, aquella fuerza política separatista y filo-etarra cuya participación en las elecciones municipales se vio favorecida por el «proceso de Paz» promovido por el Presidente ZP. Tales mociones estarían abriéndose paso bajo la coartada de que dichos «alcaldes» pertenecientes al «mundo» de la «izquierda aberchale» no serían «dignos» de representar a la ciudadanía de sus municipios dada su negativa a «condenar» las graves violaciones contra los «derechos humanos» que los crímenes de ETA representarían; con lo que, a la postre, quedaría en todo caso justificada la intervención de las fuerzas políticas «democráticas» (sean éstas «españolistas», sean «nacionalistas», etc.) para desalojar, en nombre de la «ética», a los «violentos» -así se dice- de las instituciones.
Sin embargo, y aun sin necesidad de entrar en este momento en la debilidad que una y otra vez ha venido mostrando la presupuesta «unidad de los demócratas» (puesto que algunas fuerzas políticas «del campo democrático», como pueda serlo Izquierda Unida o Eusko Alkartasuna, han venido negándose y de hecho se niegan todavía a anular sus acuerdos municipales con el «brazo político» de ETA), lo que no parece en absoluto como algo demasiado claro son las razones por las que, en efecto, se supone que tales alcaldes, en ocasiones por cierto elegidos por porcentajes cercanos a la mayoría absoluta, etc., aparecen como «indignos» a ojos de los «demócratas» como representantes de la ciudadanía que de hecho los ha votado. Y, a su vez, si se responde que precisamente tal indignidad «democrática» radicaría, justamente, en la negativa por parte de dicho partido político a «condenar» la «violencia» (es decir, los crímenes) etarra, esta misma respuesta adquiriría, creemos, un formato muy próximo al que cuadra a una petición de principio desde el momento en que lo que, entonces, no parecería verse que digamos demasiado bien es qué tenga que ver tal «violencia» con la «democracia».
Y tampoco creemos se justificarán tales mociones, por mucho que se hayan presentado explícitamente de esta manera (y aquí creemos que reside la cuestión), por motivos «éticos», como si en efecto se estuviese dando en todo momento por supuesto que lo que convierte a tales alcaldes en sujetos indignos -desde un punto de vista «ético»- es su uso de estrategias homicidas, dando de esta manera a entender que si en cambio promoviesen sus fines políticos secesionistas de modo «pacífico» no quedaría, entonces, razón alguna para intervenir en tales gobiernos municipales.
Ahora bien, si es verdad que la razón que aconseja la expulsión de los representantes de ANV de los municipios vascongados en los que gobiernan no tiene por sí misma que ver con la «democracia» aunque tampoco, desde luego, con la «ética» (por ejemplo con los «derechos humanos»), ello nos parece que se debe ante todo a que lo que verdaderamente resulta intolerable, políticamente, es que muchos municipios españoles estén gobernados por fuerzas políticas cuyo objetivo no es otro, justamente, que destruir la Nación en nombre de cuyas leyes gobiernan; sólo que proceder en nombre de principios políticos -no ya éticos- como estos implicaría, como es natural, cesar de inmediato toda colaboración con otras fuerzas políticas secesionistas -aunque en este caso sean «pacíficas»- con las que el PSOE «necesita» entenderse.
FUNDACIÓN DENAES, PARA LA DEFENSA DE LA NACIÓN ESPAÑOLA
