No cabe sino una nueva movilización popular que demuestre al Gobierno por un lado, y a ETA por otro, dónde están los españoles: en la defensa de la dignidad, de la justicia y de la nación.
Es un ultraje a la nación española, y singularmente a las víctimas del terrorismo, que una formación con vínculos siquiera laterales con ETA pueda presentarse a unas elecciones, obtener escaños, administrar fondos públicos y financiarse con el dinero de todos. Y eso es exactamente lo que ocurrirá ahora, después de que el juez Garzón haya decidido, contra la percepción general, que ANV no tiene relación con ETA-Batasuna. Esta decisión reconfortará al Gobierno Zapatero en su desdichado proceso de negociación con ETA, pero es una bofetada para quienes creemos en el imperio de la ley como base necesaria de la democracia, y en la nación española como unidad indisoluble. Ante semejante gesto, no cabe sino una nueva movilización popular que demuestre al Gobierno por un lado, y a ETA por otro, dónde están los españoles: en la defensa de la dignidad, de la justicia y de la nación.
