Si en efecto es cierto que Ibarreche y Zapatero están realmente «condenados a entenderse», entonces, la Nación española estaría «condenada a desaparecer» como tal nación soberana.


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La victoria democrática del Partido Socialista Obrero Español en las elecciones legislativas del pasado día 9 de marzo por minoría simple obligará, sin duda ninguna, dadas las condiciones impuestas por la democracia parlamentaria española, al propio Partido Socialista, a «negociar» con terceras fuerzas políticas implantadas en el Congreso de los Diputados, la investidura de José Luis Rodríguez Zapatero como Presidente del gobierno. Esta exigencia, que desde luego no puede decirse que sea privativa del caso del Presidente Rodríguez puesto que en situaciones muy parecidas se vieron, en su momento, antecesores suyos como pudieran serlo José María Aznar, o, antes todavía Felipe González, ha venido efectivamente constituyendo una de las premisas que han hecho posible que los grupos secesionistas vascos, catalanes o gallegos, amparados en la sobre-representación parlamentaria de la que gozan, puedan, en palabras del propio Jorge Pujol, «cobrarse por adelantado» su «contribución» a la «gobernabilidad» del «Estado español» mediante el expediente, por ejemplo, de chulear al gobierno de turno , ya sea este del PP ya sea del PSOE, arrancándole concesiones -por ejemplo económicas- que convierten, y esta es la verdadera cuestión, al conjunto de la nación española en la verdadera pagana de tales tejemanejes parlamentarios.

Ahora bien, ¿con qué fuerzas políticas exactamente se dispone, según todos los indicios, José Luis Rodríguez a «entenderse» para sacar adelante su investidura? Pues bien, tales grupos, descontada la involucración de Esquerra Republicana o Izquierda Unida dados sus penosos resultados electorales, son justamente el Partido Nacionalista Vasco de Íñigo Urcullu y Convergencia y Unión de Arturo Mas, fuerzas políticas ambas que han planteado, públicamente, sendos referendos de secesión -uno de los cuales, por cierto, estaría ya convocado para octubre de este mismo año- de las regiones españolas en las que tales grupos secesionistas operan. De hecho, en este sentido, ha sido el mismo Lehendakari Juan José Ibarreche quien, sin perjuicio del «fracaso» electoral que muchos atribuyen al PNV, ha puesto negro sobre blanco las intenciones de los separatistas vascos: «el Presidente Zapatero y yo estamos condenados a entendernos». Una sentencia, por cierto, que reproduciendo unos pasos bien análogos a los ejecutados hace unos años por ERC -«hablando se entiende la gente»- parece sobrentender que el terreno común sobre el que tal «entendimiento» habría de tener lugar es justamente el «derecho a decidir» del País Vasco.

Con todo, es necesario recordar que el «entendimiento» con tales grupúsculos nacionalistas fraccionarios sólo es posible a precio de aceptar de plano sus propios planteamientos secesionistas -es decir, efectivamente «soberanistas»- al aparecer, precisamente, la soberanía nacional como un concepto político que por su propio formato indiviso excluye justamente apelación a grados intermedios que diesen lugar a «reparto amistoso» alguno de donde, cabría decir, que si en efecto es cierto que Ibarreche y Zapatero están realmente «condenados a entenderse», entonces, la Nación española estaría «condenada a desaparecer» como tal nación soberana.

Desde la Fundaciòn para la Defensa de la Nación Española estimamos que, dada la circunstancia de que la mayoría de los electores españoles ha tenido, para decirlo suavemente, la imprudencia de votar las listas del PSOE, resulta en estos momentos imperativo que tal partido no necesite en modo alguno de CiU ni del PNV para gobernar. Es decir, consideramos que quienes de verdad están, por el bien de todos, «obligados a entenderse» son Zapatero y Mariano Rajoy.

FUNDACIÓN DENAES, PARA LA DEFENSA DE LA NACIÓN ESPAÑOLA