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“La Constitución establece un modelo de Estado abierto y dispositivo y debemos avanzar hacia un modelo cerrado”. Es la principal tesis defendida en la escuela de verano de Fundación DENAES para la defensa de la nación española por el exsecretario de Estado de Seguridad y miebro de FAES, Ignacio Astarloa. En realidad sigue la estela del ex presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente, quien señalaba que “hay que reformar la Constitución para acabarla”.
Y es que el actual modelo autonómico ni siquiera ha sido capaz de lograr la integración de los nacionalistas. “Ya no son autonomistas y plantean como caducado el modelo constitucional”, denuncia Astarloa. Y así es como llegamos al “Estado simbólico” del que hablaba Maragall. “El Estado residual es la negación del Estado”, concluye Astarloa.
Es precisamente ese cuestionamiento del Estado y de la nación, lo que nos impide asumir los retos como país. Por eso Astarloa propone “actuar”. Y “actuar ya”, porque en su opinión, “el paso del tiempo agrava los problemas”. Es más, “si no actuamos nosotros, otros asumirán el debate territorial”. La propuesta de Astarloa es de fondo. “No se trata de minimizar daños ni de actuar a la defensiva, sino de implantar un nuevo modelo cerrado, completo y con vocación de permanencia en el tiempo”. En resumen: “no parchear”.
¿Descentralización infinita?
La ‘reforma Astarloa’ trata de superar axiomas como el paradigma de la bondad de la descentralización infinita. Pero también de “frenar la disolución de elementos identitarios comunes” como la lengua.
Eso sí, Astarloa aclara que el reparto razonable de competencias y la redimensión del Estado “sólo será posible con el consenso de las dos grandes formaciones políticas”. ¿Imposible?, ¿impensable? No tanto. El ponente recuerda su experiencia con la Ley de Partidos. “Se nos dijo que era imposible, que el consenso no sería posible y que tocábamos la libertad política. Al final lo logramos; sólo hace falta voluntad política”, aclara.
En su propuesta, las competencias de las CCAA estarían cerradas y las del Estado serían no traspasables ni delegables “salvo delegación de gestión que requeriría el apoyo de dos tercios del Congreso”. El reparto se haría “según la experiencia” y en todo caso, el Estado deberá mantener la competencia de economía, banca, libre empresa, seguridad, Seguridad Social, caja única, Justicia, Defensa, relaciones internacionales, inmigración, extranjería, medio ambiente, infraestructuras supranacionales, ordenación del territorio y agua.
En la mesa redonda, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se mostró partidario de esta reforma constitucional aunque matizó que –en su opinión- la prioridad debería ser la lealtad política e institucional. “Tengo dudas de que el Estado que no ha ejercido sus competencias en Alta Inspección del Estado en Educación vaya a ser capaz de recuperar la competencia”.
