Mal día para dejar de fumar. Y para empezar a escribir. Después de conocer anoche que se mantendrá el mal llamado estado de alarma durante otros quince días (hasta el 23 de mayo) una vez que el Gobierno ha conseguido los votos suficientes para prolongar el estado de excepción encubierto que ha ido construyendo sin ningún pudor ni recato, no podemos ser muy optimistas a corto plazo con la deriva que está tomando España.

La situación a la que nos aboca esta triste realidad es poco halagüeña. Supone profundizar en el error de otorgar poderes excepcionales a un Gobierno que no sólo no ha sabido administrarlos bien para la resolución de la crisis sanitaria sino que ha ido mucho más allá y ha aprovechado esta situación de excepcionalidad para cercenar de manera flagrante y palmaria derechos fundamentales de los ciudadanos y publicar en el Boletín Oficial del Estado normas que poco o nada tienen que ver con la citada crisis, con el peligroso objetivo de avanzar en la implantación de un programa ideológico que abocará a España a una inexorable y dura crisis económica y social.

Por lo que a la crisis sanitaria hace referencia, los datos hablan por sí solos y poco más se puede añadir a lo ya comentado por diferentes analistas en los medios de comunicación. Tenemos el dudoso honor de figurar en la cola de todos los rankings de datos asociados al COVID-19 (número de muertos por millón de habitantes, número de sanitarios contagiados, número de tests realizados…). Es difícil llevar a cabo una gestión tan nefasta, aunque ese sea el propósito. Cada decisión “errónea” que ha tomado este Gobierno ha costado vidas.

En relación con la utilización del estado de alarma, los excesos cometidos por el Gobierno ya en el propio Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, son notorios. Si bien es cierto que la pandemia del COVID-19 hacía aconsejable, bastante antes de lo que lo hizo el Gobierno, la declaración del estado de alarma, y que el artículo 4.b) de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de dicho estado de alarma, contempla las crisis sanitarias como uno de los supuestos de hecho en que cabe tal declaración, las medidas adoptadas en el citado Real Decreto por el que se produce su declaración vulneran de manera grosera importantes derechos fundamentales regulados en nuestro texto Constitucional. Por ejemplo, los artículos 17 y 19, párrafo primero, que reconocen el derecho a la libertad y el derecho de los españoles a circular libremente por el territorio nacional. El confinamiento tan estricto que se ha decretado en España, así como la suspensión temporal de estos derechos fundamentales de manera tan intensiva y extensiva no puede llevarse a cabo bajo la vigencia de un estado de alarma, sino que es más propio de un estado de excepción. Asimismo, se han cercenado de manera arbitraria otros derechos fundamentales durante la vigencia del estado de alarma, aunque en el propio Real Decreto de declaración se reconociese el ejercicio condicionado de los mismos (artículo 11), como es el caso de la libertad religiosa, reconocida en el artículo 16.1 de la Constitución. Adicionalmente, la aplicación práctica que del estado de alarma se ha llevado a cabo ha supuesto una derogación de facto de nuestro sistema democrático. Desgraciadamente, no se puede calificar de otra forma el hecho de que se haya intentado e, incluso, conseguido, al menos inicialmente en el caso del poder legislativo, suspender las funciones de los poderes del Estado (legislativo y judicial), lo que es incompatible con lo establecido en el artículo 1.4 de la citada Ley Orgánica 4/1981 de estados de alarma, excepción y sitio. Por no hablar de la injustificable vulneración de los principios de legalidad, tipicidad y proporcionalidad en el ejercicio de la potestad sancionadora en la imposición de sanciones a la población por incumplimientos del confinamiento.

Por último, no debemos olvidar el ataque tan directo y desproporcionado al artículo 38 de la Constitución (libertad de empresa) que la prolongación en el tiempo del estado de alarma y las medidas económicas aprobadas en los Reales Decretos-Ley aprobados durante su vigencia han supuesto.

En definitiva, mal negocio hemos hecho con el estado de alarma, querido Sancho. Durante la vigencia del mismo se ha desvelado, de manera descarnada, la verdadera faz, no ya autoritaria sino totalitaria, del Gobierno social-comunista, liderado por dos personas que ya demostraron este jaez en las malas artes que desplegaron en los procesos internos de sus partidos que les auparon al liderazgo que en ellos detentan en la actualidad.

La prolongación por quince días más del mal llamado estado de alarma, con anuncio por parte de instancias gubernamentales de que serán necesarias hasta dos prórrogas más, profundizará en la deriva totalitaria de este Gobierno y supondrá un empeoramiento sustancial de nuestra economía, lo que se traducirá en una crisis económica profunda que, con mucha probabilidad, hará necesario pedir dinero a Europa a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).

No todo son malas noticias. Es precisamente la crisis económica la que, desgraciadamente, porque la padecerán de manera inmisericorde muchos de nuestros compatriotas, la que pondrá al descubierto todas las vergüenzas, y son muchas, de este Gobierno. La falta de liquidez de la tesorería pública como consecuencia de los gastos innecesarios llevados a cabo en los meses anteriores a esta crisis hará necesaria la citada inyección de dinero por parte de las instituciones europeas. Pero ese dinero no va a llegar gratis y de manera incondicional, a pesar de los deseos expresados en tal sentido por el actual Presidente del Gobierno, desconocedor de casi todo y soñador de casi nada. Los ajustes en las variables macroeconómicas a las que nos vamos a ver obligados si queremos recibir el dinero procedente de nuestros socios europeos hará difícil la propia subsistencia de este Gobierno, ya muy tocado por la complicada amalgama interna. El panorama político del Gobierno se complicará con la profunda crisis económica que nos acecha y la gasolina que va a añadir a este fuego las caducas e ineficientes recetas económicas con las que pretende abordarla. A ello se une el hecho de que, ante las erráticas decisiones tomadas durante la crisis sanitaria y las discutibles decisiones económicas que ya han llegado o están por llegar, este Gobierno carece credibilidad, ni internamente ante los ciudadanos españoles ni externamente ante sus socios europeos.

No parece probable que regar con dinero público a los medios de comunicación social para que omitan los errores gubernamentales, comprar con subsidios voluntades de ciudadanos a los que se pretende prolongar sine die su situación de dependencia o recurrir sistemáticamente a la propaganda, cuando no directamente al bulo, vaya a ser suficiente para tapar el agujero que se nos viene encima y que va a afectar a gran parte de la población española.

La situación política de este Gobierno, abandonado ya por alguno de sus socios de investidura, es cada vez más endeble.

La situación judicial de este Gobierno, ante las numerosas reclamaciones, denuncias, querellas que se anuncian, debería ser sombría.

A este Cesarismo de cartón-piedra no le queda mucho tiempo para seguir torturando arbitraria y totalitariamente. No hay Sánchez ni Iglesias que cien años duren, ni España que los resista.

Antonio Alonso Timón