Abolir la prostitución femenina, la otra no, es una de las consignas que se han escuchado en el congreso del Partido Socialista Obrero Español, celebrado los pasados días, en el que, por cierto, no se ha visto ni una sola bandera de España. Y es que al PSOE ya no lo conoce ni la madre que lo parió.
Otros lemas vitoreados son la manida promesa de la reforma laboral,
las más que conocidas bondades de la agenda 2030 y la noticia de algún fichaje estrella LGTBI, para mayor honra del socialismo. Pareciera que el sexo, el género o la inclinación carnal es una virtud que interesa a los progres más que poseer otras cualidades de índole intelectual, que no dudamos que posean, aunque no sean las que finalmente se dan a conocer al público. Todo sea por arañar votos en las urnas, o en los concursos literarios.
Al acto asistieron entre otros el expresidente Zapatero, que afirmó solemnemente, al más puro estilo zapateril, con sus pausas dramáticas acompañadas de expresiones bobaliconas, en línea a lo que nos tiene acostumbrados el ideólogo de la Alianza de las Civilizaciones, que el “socialismo es tener poco y estar dispuesto a dar mucho”, versionando así la parábola de la multiplicación de los panes y los peces. Pero no entraba en mayores detalles y evitaba aclarar que, para conseguir tal propósito y dar lo que no se tiene, el método más utilizado tradicionalmente es, impuestos mediante, apropiarse de lo ajeno. Todo un clásico.
La compra de votos entre los más jóvenes y maleables a través de los llamados bonos “culturales” y paguitas varias, son entre otras, las dulzainas que hacen las delicias de los paladares más agradecidos. Y qué más quiere el ciego que ver.
Promesas que se han vertido los últimos días, todo ello en el contexto de la negociación de la próxima Ley de presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2022. Escenario en el que afloran los actores de siempre, dispuestos a protagonizar las luchas encarnizadas por conseguir un trocito mayor del pastel y contentar a los propios. Las disputas cainitas entre comunidades autónomas son siempre lamentables, además de repetir el mismo guion. Vascos y catalanes rentabilizan a la perfección desde hace décadas el acto de “Pedid y se os dará”, son muchos años invirtiendo en el hecho diferencial y en el propósito independentista, castigando de esa manera a las comunidades que se muestran fieles a la unidad de España con fondos cada vez más mermados y con la consiguiente postergación de su desarrollo.
Mientras unos trabajan activamente por la desmembración de España, otros simplemente esperan su turno de intervención, para ocupar el sillón y seguir mirando hacia otro lado mientras los de siempre siguen contribuyendo afanosamente en la ruptura de la unidad territorial. Cortoplacistas ambos y cegados por las bondades de las agendas globalistas que socavan la soberanía nacional, no ven más allá de sus legislaturas. Por encima de éstos, están los que dirigen la función y consolidan el proceso de desguace del acto final.
Y los hay quienes predican en el desierto, intentando despertar conciencias, tal vez vanamente. Porque las agendas localistas y territoriales pueden ser fructíferas para consolidar asientos en las cámaras regionales durante una legislatura más. Pero es pan para hoy y hambre para mañana. Si no nos damos cuenta de que la agenda en la que debemos trabajar es la de la unidad y la fortaleza de España no entendemos nada.
Es vergonzoso ver de nuevo el espectáculo de comunidades autónomas en batalla campal por conseguir más financiación para su corral particular. Pero todavía es peor el papel en el que queda el Estado, un indigno repartidor del botín que sustrae recursos de los contribuyentes con fines ilegítimos. El presupuesto público debe cumplir con unos objetivos, prever ingresos y gastos futuros para anticiparse a las necesidades y trasformar las políticas del gobierno en programas de acción por medio de la asignación de recursos, y es, o debería serlo, una herramienta fundamental de seguridad jurídica en la ejecución y destino que se dará a los recursos públicos.
Pervertir el proceso de elaboración de los presupuestos hasta convertirlo en un sucio mercadeo de intereses totalmente ajenos a las necesidades de los ciudadanos es intolerable. Lo que se resuelve en los despachos sin luz ni taquígrafos son cuestiones muy alejadas de las reivindicaciones de los ciudadanos, tan básicas y elementales como son, entre otras, tener acceso a una sanidad de calidad, proveer de una educación óptima a las nuevas generaciones y disponer los recursos necesarios para generar desarrollo.
Lo que se decide en la trastienda del congreso de los diputados, por el contrario, y aun a costa de representar intereses totalmente contrapuestos a los de los españoles, son las estrategias de los gobiernos para perpetuarse en el poder, acomodar a socios y conseguidores serviles, mesas infames de diálogo, acercamiento de terroristas o el blanqueamiento y legitimación de partidos herederos del terrorismo.
Algo que no debería olvidar ningún representante público es que no han venido para servirse, sino para servir.
Sara Baigorri
