Lo que venía cociéndose a fuego lento desde las pasadas elecciones, donde la coalición gobernante de Pedro Sánchez, que valga recordar perdió los comicios, su gobierno social-comunista, con el apoyo de los separatistas vascos y catalanes, más los filoetarras de Bildu acaba de hornearse en el acuerdo de una futura e ilegal amnistía para los prófugos de la justicia, condenados por el referéndum independentista de 2017, con el catalán Carles Puigdemont como el gran titiritero de la ya segura investidura de Sánchez en los próximos días, que también sumó a los nacionalistas del PNV. Este acuerdo contempla además de la amnistía, un referendum independentista y la condonación de la deuda del gobierno catalán, más menos 15.000 millones de euros que tendrán que solventar todos los españoles.
Si bien Sánchez había indultado y liberado de prisión a varias figuras del independentismo catalán, ahora da un paso más produciendo un golpe de Estado institucional que se choca de narices con el estado de Derecho, la división de poderes y la propia Constitución vigente, sancionada en 1978 que garantiza la unidad territorial de España, la igualdad de todos los españoles y que no contempla como figura posible en el plexo constitucional a la amnistía. Esto implicaría que nunca hubo delito, cuando sí lo hubo y que, por el contrario, todas las fuerzas jurídicas, políticas, de seguridad y hasta el propio Rey, sí cometieron un delito o abuso de poder al condenar el proceso independentista fallido en 2017. Ante este atropello al estado de derecho, se han levantado las voces del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), todas las asociaciones de juristas (abogados y fiscales) incluidos los de perfil progresista, ocho jueces del Tribunal Supremo, fundaciones y asociaciones diversas de la vida política y social de España, entre ellas la Fundación DENAES, algunas históricas figuras del PSOE, fuerzas políticas como VOX, la que más claro ha jugado por la defensa de la Nación española, el Partido Popular y la Unión del Pueblo Navarro, entre otras.
Si bien el independentismo viene de lejos tanto en un sector de Cataluña como del País Vasco, con la democracia donde el bipartidismo hegemónico del PSOE –PP ha ido cediendo durante sus distintos gobiernos a las extorsiones de los separatistas, cuyo resultado hoy se produce y nos hacen recordar aquel ensayo Las Autonosuyas, del lúcido Fernando Vizcaino Casas que anunció hace tiempo que el engordamiento de las autonomías llevaba a la disolución de España como nación.
Hoy, Pedro Sánchez, con el único objetivo de ser investido y permanecer en el gobierno ha pactado con todos aquellos que tienen por finalidad arrasar con España en su unidad y acabar con el sistema constitucional hoy vigente.
Ante este quiebre del Estado de Derecho, España ha despertado desde su pueblo, colmando las calles desde hace días en manifestaciones de repudio al golpe de Estado y todo indica que la protesta aumentará en volumen y crispación, donde el único responsable de las consecuencias es el gobierno provisorio de Pedro Sánchez, quien ya ha lanzado campañas mediáticas para hacer de las víctimas victimarios y de los golpistas vestales sorprendidos. Términos como “Partido Judicial” o el “Lawfare” han comenzado a ser utilizados por voceros del ejecutivo, algo común en todos los regímenes populistas de Hispanoamérica, nucleados en el Grupo de Puebla, para desacreditar al poder judicial frente a fallos adversos a sus intereses. Así fue en Argentina para cuestionar las condenas por corrupción que cayeran sobre la actual vicepresidente, Cristina Kirchner; también utilizados por Rafael Correa en Ecuador, hoy prófugo de la justicia, vaya paradoja, residente también en Bélgica al igual que Puigdemont. Falta un paso más dar a Sánchez, que es crear una asamblea constituyente que avale la amnistía, salteando los pasos legislativos y judiciales, para asemejarse al régimen chavista de Venezuela, tan admirado por los socios de su gobierno.
En este escenario de quiebre constitucional se dio además, el atentado criminal contra Alejo Vidal Quadras, un referente político e intelectual, que venía militando contra la tropelía de Sánchez, salvando su vida por milagro, sin que hasta el momento tangamos en claro la investigación policial sobre sus autores.
En el Parlamento Europeo, el bloque de conservadores Reformistas, más figuras de la sociedad civil han denunciado el quiebre del régimen constitucional en España y sus imprevisibles consecuencias. Quizás esta dramática hora que vive la querida España, sirva para dejar, en muchos casos la poltrona de lo políticamente correcto, loas medias tintas y se enfrente el golpe de Estado perpetuado por Sánchez y sus aliados de manera clara y contundente.
El pueblo español ha despertado en las calles, plazas y ayuntamientos como lo ha hecho muchas veces en su historia. Es de esperar que la dirigencia toda y los organismos del Estado español, aún no cooptados por el gobierno, en su mayor espectro se sumen a la voluntad valiente y diáfana de la ciudadanía que no acepta ver destrozada su Nación, el sistema democrático y constitucional, para trocarlo por un despotismo personal, como el que encarna hoy Pedro Sánchez y sus cómplices, enemigos de España en su unidad, libertad y destino común.
En paralelo, la Argentina vive en una semana la elección presidencial, donde se juega un cambio de paradigma con la fórmula de La Libertad Avanza, Milei-Villaruel, o un continuismo con otro ropaje de la degradación institucional, cercana a un país fallido, hoy representados por la dupla Massa-Rossi.
Lo que suceda en España, como el resultado electoral en la Argentina, no es neutro para ninguno de los dos países, que tienen hoy en juego su destino.
Ignacio F. Bracht
Licenciado en Historia
