Normal es lo habitual u ordinario, por lo que escenificar la purga de la Guardia Civil y la Policía Nacional en un acto que viene realizándose desde el año 2010 en Alsasua, es ya normalidad, y si quieren, también democrática. El día se dedica a la humillación y escarnio público de un colectivo de servidores públicos y sus familias, y la organización del infame evento optó para esta edición por el lema ¡No a la policía! Parad la represión contra los trabajadores, para celebrar una jornada que dicen “festiva” dedicada a verter odio contra unos trabajadores públicos al que tanto debemos, y más en esta región. Es cuanto menos llamativo que utilicen a los trabajadores como puntal de sus reivindicaciones y su máxima demanda sea la expulsión de las fuerzas de seguridad españolas del pueblo, y por pedir que no quede, de Euskal Herria, esa falacia con la que fantasean, y no se ocupen de otras cuestiones que les afectan de manera directa, como su paulatino empobrecimiento consecuencia de la mayor inflación de la historia, el paro que especialmente golpea a los más jóvenes, la precariedad laboral o la pérdida de derechos y la falta de oportunidades y de futuro. Pero, como autómatas, obedecen sin réplica las directrices identitarias y no parece importarles ni el futuro de sus hijos, a los que inoculan rencor y educan en el odio, ni tampoco parece importarles las cosas del comer, y con el único criterio de eliminar cualquier huella de españolidad del paisaje rural y urbano, trabajada la toponimia oficial no quedan muchos, no descarten que, en próximas convocatorias decidan depurar sus pueblos de los trabajadores de la opresora Sociedad Estatal Correos y Telégrafos.

El actual gobierno mira para otro lado, tolera estos actos y los ampara en el derecho de expresión, pero qué más puede hacer si necesita para gobernar a los partidos que alientan estas celebraciones. Otra cosa es el PP, no podemos olvidar que también permitió estos actos entonces y sin embargo los denuncia ahora en un ejercicio de hipocresía similar al que muestra en otras tantas cuestiones tampoco menores. Concomitancias del bipartidismo que después de cuarenta años dan sus frutos, porque, transferir la educación que significó la barra libre para educar contra España y falsear la historia, ha resultado altamente eficaz a la hora de moldear a una generación gregaria que sigue consignas sin cuestionarse nada más. Por no hablar de la pasividad, cuando no la alineación perfecta, a políticas lingüísticas radicales que suponen subordinar o excluir totalmente el español en las aulas y las instituciones y alimentar hechos diferenciales y paranoias identitarias.

Aprobar presupuestos y sacar adelante leyes y decretos gracias a los votos de partidos que llevan en su ideario el robo de una parte de nuestra nación y mantienen en sus filas a integrantes de una banda armada responsable de más de 800 asesinatos de hombres, mujeres y niños, es normalidad democrática en palabras de Lastra, exportavoz del PSOE. Pero si echamos la vista atrás y pensamos en cómo hemos llegado a este disparate, cabría preguntarse por qué razón el PP no apoyo la ilegalización de BILDU ni impulsó el endurecimiento de la Ley de Partidos para ilegalizar a formaciones políticas que legitiman los crímenes y la historia sangrienta de ETA, incluyen en sus órganos directivos y en las listas electorales a personas condenadas por delitos de terrorismo, que no han rechazado públicamente ni los fines que perseguía la banda ni los medios violentos utilizados para su logro, partidos que  a día de hoy promueven y dan cobertura a actos de homenaje a los terroristas y que representan una terrible humillación a las víctimas.  Acercar sanguinarios presos etarras a las cárceles de la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra también nos dicen que es normalidad democrática, cuando no es más que otra capitulación del insultante presos por presupuestos que sentenció Otegui y Sánchez acata. Pero no sólo se acercan presos ahora, también los acercaron anteriores gobiernos, incluso cuando la banda mataba.

Son anomalías democráticas, aunque por tierra, mar y aire traten de convencernos de lo contrario, que los niños en una región de España no puedan estudiar en la lengua compañera del imperio, hablada por más de 500 millones de personas en el mundo, que no es más que el resultado de una política totalitaria y excluyente. Quemar la bandera oficial, símbolo de la nación, de la soberanía, de la independencia, unidad e integridad de la patria, indultar a presos condenados por sedición es espíritu de concordia y convivencia en palabras del presidente Sánchez, y normalidad democrática. Y próximamente indultar a exdirigentes del partido socialista condenados por graves delitos de corrupción, el mayor caso de la historia, también lo será.

Este fundamentalismo democrático que lo inunda todo constituye una forma de corrupción, quizá no delictiva, pero sí una perversión de la democracia, ejercida por los sucesivos gobiernos, y de forma destacada por el actual, que permite el indigno blanqueamiento de ETA, el indulto a los presos declarados enemigos de la nación, la vulneración de derechos fundamentales, leyes de memoria democrática que reescriben la historia y otros abusos que venimos padeciendo, con una clara corresponsabilidad de anteriores gobiernos que contribuyeron a esta corrupción cediendo a las pretensiones de movimientos secesionistas, transfiriendo competencias y recursos a cambio de poder y olvidando el interés general en beneficio de proyectos cortoplacistas faltos de visión de futuro y de país.

Sara Baigorri