El pasado mes de marzo, la portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua afirmó, muy airadamente, que no aceptarían que los demás grupos del Congreso les calificaran como “herederos de ETA”. Lo afirma y denuncia la portavoz de una coalición integrada por varias formaciones, entre ellas Sortu, dirigida por Arnaldo Otegui, condenado en 2011 por la Audiencia Nacional a 10 años de prisión por pertenencia a organización terrorista (prisión rebajada posteriormente por el Tribunal Supremo a 6 años) por el caso Bateragune. La sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia consideró que Otegi había encabezado la estrategia de ETA para reconstruir Batasuna, siguiendo instrucciones de la banda terrorista.

No olvidemos, además, que la coalición de la que es portavoz la ofendida Mertxe Aizpurua, cuenta en la asamblea vasca con tres parlamentarios condenados por su vinculación con ETA. Estos miembros de la cámara vasca acumulan entre los tres más de una década de estancia en la cárcel; Iker Casanova, dirigente de Bildu condenado en 2007 a 11 años de cárcel e inhabilitación para cargo público por pertenencia a banda armada, Arkaitz Rodríguez, actual secretario general de Sortu, condenado junto a Otegui en el marco del citado “caso Bateragune” e Ikoitz Arrese miembro de la organización juvenil Segi (ilegalizada en 2002) acusado por el entonces magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska de un delito de integración en organización terrorista.

Además, en su continua preocupación por los presos etarras, EH Bildu sigue avalando la celebración de los homenajes que los abertzales organizan a los presos de ETA cuando cumplen sus condenas. Los denominados Ongis etorris en los que se recibe y exalta a terroristas que formaron parte de la banda y que no han colaborado con la Justicia. En 2019 se realizaron 20 de estos actos públicos y un total de 110 relacionados con los miembros de ETA. En los primeros tres meses de 2020, antes del confinamiento a causa de la pandemia, se realizaron 28 homenajes a etarras, y recientemente, el pasado mes de marzo de 2021, la coalición anunció que se opondrá en todos los ayuntamientos vascos a una moción contra estos recibimientos, iniciativa impulsada por tres asociaciones de víctimas.

Con todo esto, calificar a los miembros de EH Bildu como “herederos de ETA», es un gran acierto, y una gran verdad, pese a las quejas de la condenada por apología al terrorismo en 1984 y actual portavoz de la coalición en el Congreso, Mertxe Aizpurua.

En cuanto a los acercamientos de presos etarras a cárceles cercanas a su localidades de origen, durante el finalizado mes de marzo, continuamos, como desde aquí venimos denunciando, con una incesante lista de presos terroristas que la Secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias tiene a bien acercar a sus localidades de origen. Durante la segunda quincena del referido mes, la Secretaría de Estado dependiente del Ministro Fernando Grande Marlaska ha decidido aproximar nada más ni nada menos que a 17 terroristas (16 de ETA y 1 del GRAPO).

Esta vez, algunos de terrorista con los que nos encontramos, destacan por su papel de dirigentes en la banda terrorista y por el gran número de asesinatos cometidos por ellos, como es el caso de Henri Parot Navarro, condenado por 33 asesinatos cometidos entre 1978 y 1990. Parot será trasladado de la prisión de El Puerto III-Cádiz a León. Tras asesinar en Irún en 1978 al empresario José Luis Legasa Ubiría, intervino en una decena de atentados en la capital de España, como el asesinato de Cristóbal Colón de Carvajal en 1986 y el de la fiscal Carmen Tagle en 1989. En 1987 participó en uno de los crímenes más sangrientos de ETA, el de la casa-cuartel de Zaragoza, en el que murieron 11 personas, cinco de ellas niñas, mediante la colocación de un coche bomba cargado de explosivos.

Parot también es conocido por la denominada “doctrina Parot” basada en un informe de 2006 del Tribunal Supremo, que establecía que las redenciones de condena debían aplicarse sobre el total de la pena impuesta (en ocasiones miles de años) y no sobre el límite máximo de cumplimiento, que en España eran 30 años hasta 2003, y 40 a partir de dicho año. La doctrina se aplicó en su mayor parte a miembros de ETA con múltiples condenas, además de a algunos asesinos y violadores. Tras ser recurrida ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la etarra Inés del Río, dicho Tribunal resolvió a su favor, lo que provocó la excarcelación, decretada por tribunales españoles, de 63 terroristas.

El resto de los presos miembros de la banda terrorista beneficiados por la política penitenciaria del actual gobierno de España, este pasado mes de marzo, son:

Juan Antonio Olarra Guridi, que pasará de la prisión de Granada a la de Logroño. Miembro aparato militar de la banda terrorista fue condenado por el asesinato del mosso d’Esquadra Santos Santamaría en 2011. En este caso, el acercamiento y su progresión a segundo grado (que le permitirá obtener sus primeros permisos) se produce con el criterio en contra de la cárcel de Granada.

Ainhoa Múgica Goñi, que será trasladada de la prisión de Granada a la de Logroño. Miembro del comando Buru Ahuste, que operó en Madrid entre los años 1995 y 2001, colaboró en la reestructuración operativa de varios comandos y en el fortalecimiento de la actividad terrorista de ETA durante los años previos a la tregua de 1998. Cumple condena por el atentado del coche bomba en Vallecas en 1995 que acabó con la vida de seis trabajadores de la Armada, así como por los asesinatos del policía Juan Junquera, del empresario José Antonio Santamaría y del funcionario de prisiones José Ramón Domínguez Burillo. Como en el caso de Olarra, Interior decide trasladarle de Granada a Logroño y concederle el segundo grado, de nuevo, en contra del criterio de la cárcel.

Arkaitz Goikoetxea Basabe. Dejará la prisión de Alicante para ir a Logroño. Condenado por preparar y ejecutar el atentado contra el cuartel de la Guardia Civil en Legutiano, Álava, en el que fue asesinado Juan Manuel Piñuel Villalón, atentó con coche bomba contra la casa cuartel de Durango y también la de Calahorra. Su última condena fue en 2020, por la colocación de una furgoneta bomba cerca del Club Marítimo del Abra en Getxo en mayo de 2008.

Miguel Santiago Izpura García, que dejará Murcia para ir a la prisión de Zuera (Zaragoza). Fue uno de los etarras expulsados de México en 2000 y condenado a casi 50 años de prisión por el asesinato del capitán de la Guardia Civil Luis Ollo Ochoa, en mayo de 1984 en Pamplona.

Ignacio Crispín Garcés Beitia, pasa de Zuera (Zaragoza)a Basauri. En los 90 Crispín Garcés formaba parte del comanda Araba de ETA al que se atribuyen distintas acciones entre enero de 1997 y marzo de 1998.

Aitor Olaizola Baseta abandonará el Centro Penitenciario de Dueñas (Palencia) para ir al Centro Penitenciario de Logroño. Fue condenado, entre otros delitos, por el atentado con coche-bomba perpetrado en marzo de 2001 en las inmediaciones del hotel Montecarlo de Rosas (Girona) en el que murió el mosso d’esquadra Santos Santamaría.

Javier Zaballo Beitia será trasladado del Centro Penitenciario de Valladolid al Centro Penitenciario de Logroño. Miembro del comando Beorburu, cumple condena por los delitos de estragos, incendios, atentado, tenencia de explosivos y tenencia de armas prohibidas, así como por el intento de asesinato de un concejal del PSE de Arboleda (Vizcaya) en enero de 2001.

Ángel María López Anta, dejará el Centro Penitenciario de León para ir al Centro Penitenciario de Álava. López Anta está condenado por formar parte del comando Bolueta, encargado de recopilar información sobre posibles objetivos para la banda terrorista. Se le acusó de intentar asesinar en enero de 2001 al edil del PSE de Arboleda (Vizcaya) Martín Martínez.

Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote, será trasladado de Huelva a Madrid. El asesino de Miguel Ángel Blanco está implicado también en los asesinatos de Alfonso Morcillo, sargento de la Policía Municipal de San Sebastián, del teniente alcalde de San Sebastián, Gregorio Ordóñez, de Fernando Múgica, del concejal en Rentería José Luis Caso Cortines, de José Ignacio Iruretagoyena, concejal en Zarauz, y el del también concejal de Rentería Manuel Zamarreño. Intervino también en el atentado cometido en Sallent de Gállego (Huesca), en el que fueron asesinados los guardias civiles Irene Fernández Perera y José Ángel de Jesús Encinas, cometido en 2000.

Irantzu Gallastegui Sodupe, pasará de Huelva a Madrid VII (Estremera). Entre otros, fue condenada por los asesinatos de Miguel Ángel Blanco y Fernando Múgica.

Israel Clemente López, miembro del GRAPO, pasará del Centro Penitenciario de Algeciras a la prisión de León. Fue condenado a 79 años de prisión por el asesinato de la empresaria Ana Isabel Herrero Izquierdo, en 2006 en Zaragoza.

José María Dorronsoro, dejará la prisión de Cádiz para ir a Pamplona. Fue condenado a 26 años de cárcel por cooperar en el atentado con coche bomba contra un convoy de la Policía Nacional en 1987, así como por ser cómplice de otro atentado contra el Gobierno Militar de San Sebastián, explosión que causó importantes daños materiales y lesiones a cuatro militares.

José Lorenzo Ayestarán Legorburu, abandonará Alicante II para ir a la cárcel de Soria. Cumple condena por el asesinato de tres guardias civiles, Avelino Palma, Ángel Prado y José Vázquez, en una carrera ciclista celebrada en octubre de 1980 en la localidad alavesa de Salvatierra.

Óscar Celarain Ortiz, será trasladado desde la cárcel de Castellón a la de Soria. Fue condenado en 2011 por la Audiencia Nacional por el asesinato de José Javier Múgica Astibia. En 2012 fue condenado a 843 años de cárcel, como responsable del asesinato de Cecilio Gallego Alaminos y Silvia Martínez Santiago.

Jon González González, deja la cárcel de Valencia para ir a la de Pamplona. Fue condenado por tratar de matar con un artefacto explosivo adosado a un carrito de la compra a la exteniente de alcalde de Portugalete (Vizcaya) Esther Cabezudo.

Idoia Mendizábal Múgica, pasará de la cárcel de Valencia a la de Pamplona. Fue condenada por el intento de asesinato de la delegada de Antena 3 en el País Vasco, María Luis Guerrero, a la que en 2020 enviaron un paquete explosivo que fue desactivado. También cumple condena por colocar un coche-bomba en Santander, que provocó heridas a un total de seis personas y por atacar con cócteles molotov la casa de un agente de la Ertzaintza en la localidad guipuzcoana de Idiazabal en 1998.

Como no nos cansaremos de hacer, desde DENAES denunciamos este incesante acercamiento de terroristas que durante décadas atentaron contra la vida de cientos de españoles, con el objetivo político de acabar con la unidad de España, y que hoy tienen representación en nuestro Parlamento, ofenda a quien ofenda esta afirmación.

Teresa Chinchetru Del Río