El obvio desdén del actual Gobierno hacia el concepto de unidad nacional agravará el problema.
El debate sobre los Presupuestos Generales del Estado ha comenzado antes de tiempo y de la peor manera posible: con fuertes acusaciones de favoritismo contra el Gobierno de la nación. La distribución de inversiones arbitrada por el Gobierno favorece, en líneas generales, a las comunidades gobernadas por el PSOE y perjudica a las gobernadas por el PP; línea de arbitrariedad que se cruza con esta otra: comunidades de influencia política fuerte, como Cataluña, salen mucho mejor paradas que otras de influencia débil, como Galicia. Podemos augurar una inmediata querella sobre lo mismo de siempre: cada cual tirará para su propio provecho, olvidando el interés general. No es un cuento nuevo. Pero el obvio desdén del actual Gobierno hacia el concepto de unidad nacional agravará el problema.
La cuestión de fondo no es qué región sale más favorecida y cuál otra más perjudicada. La cuestión de fondo es que unos Presupuestos Generales del Estado deberían ser, precisamente, generales y para todo el Estado, es decir, orientados a garantizar el mayor grado de cohesión y de solidaridad posible entre todas las regiones españolas, al servicio de la potencia nacional. Pero si el Gobierno no cree en la nación, ¿qué otra cosa podemos esperar?
