Texto para el Observatorio de la Nación del mes de octubre
Estimados Amigos de la Nación y simpatizantes de nuestra Fundación:
Tal y como se temía, pese a que los partidos separatistas que en Cataluña han logrado representación tras el 27 S no se ponen de acuerdo sobre quién ha de ser el presidente catalán, sí han iniciado no sólo la legislatura nombrando a Carmen Forcadell como presidenta de la cámara autonómica, sino lo que eufemísticamente denominan como «proceso de desconexión democrática, masiva, sostenida y pacífica con el Estado español de tal manera que permita el empoderamiento de la ciudadanía a todos los niveles y en base a una participación abierta, activa e integradora», la formación de «una república catalana independiente», en declaración registrada el pasado 26 de Octubre de 2015. Tal es la cobardía congénita de los separatistas catalanes, que ni osan llamarse abiertamente separatistas (descalificando a quienes no les llamen «soberanistas» o «independentistas»), ni se atreven a decir que semejante «desconexión» tiene nombres más claros y menos eufemísticos: Golpe de Estado, traición, robo a la Nación Española de una parte de su territorio soberano.
Si ya en el anterior Observatorio destacábamos que el relativo fracaso de Arturo Mas a la hora de convertir las elecciones del 27 S en «plebiscitarias» le había restado apoyos pero ello no frenaría el proceso, queda por saber qué será ese «estado catalán independiente en forma de república» que han proclamado de forma tan poco gallarda. No sólo porque, como bien sabemos, el parlamento catalán carece de poder constituyente y sólo es una representación delegada de España en la autonomía correspondiente, sino porque estos sediciosos, en la práctica, aspiran a realizar lo que hace una década se denominó como «Plan Ibarreche»: el proyecto que el entonces lehendakari del PNV había diseñado como «hoja de ruta» para separarse de la Nación Española, pero eso sí, con una hipotética «nación vasca» que mantuviera unos «vínculos especiales» con España. Mantendría en suma el estatus de «Estado Libre Asociado», ya que las competencias hoy reconocidas como «exclusivas del Estado» en la Constitución de 1978, tales como la defensa del territorio o la acuñación de moneda, seguirían siendo de España.
No cabe imaginar otro «destino manifiesto» para los planes de estos traidores: tienen en su horizonte la independencia, pero que España siga auspiciando a su futura república, que por supuesto permanecería en la Unión Europea y cuyo mercado económico seguiría umbilicalmente dependiente del español y la defensa de su territorio «soberano» dependería igualmente de España. Y, por supuesto, seguirían teniendo un pasaporte válido para poder circular libremente por España sin trabas ni aranceles. En suma, los sediciosos catalanes aspiran a que Cataluña sea (y eso es algo que han manifestado en no pocas ocasiones) como la Andorra tan cara al clan Pujol, cuya vivienda era allanada por la Policía mientras los «padres de la patria» catalana proclamaban su «independencia»: un Estado libre asociado sin trabas fiscales para sus habitantes, y además sin tener que pasar por la aduana por ser miembro de la Unión Europea de pleno derecho.
Sólo así cabe entender las enigmáticas palabras de Carmen Forcadell respecto a la posibilidad de que Arturo Mas (número cinco de la lista «Juntos por el Sí») sea investido presidente: «Si se descubre que está involucrado, tiene que abandonar». ¿Pero involucrado en qué? Supuestamente, el proceso de «desconexión» implica la desobediencia a la legalidad española, a la que se considera ilegítima y opresora, y a no obedecer mandato alguno relacionado con ella. Por lo tanto, si una legalidad que no reconocen y que, presuntamente, no tiene jurisdiccion ya sobre la naciente república catalana independiente, la legalidad española que tanto se han cuidado siempre en desobedecer los sediciosos desde el comienzo de la Transición democrática, no puede ser obstáculo alguno para que nadie, ni siquiera alguien tan desacreditado y amortizado como Arturo Mas, se mantuviera en la famosa lista del Sí. ¿Cabe mejor muestra de doblepensamiento orwelliano que semejantes declaraciones? A todo ello hay que sumar las manifestaciones del propio Mas antes de las recientes elecciones catalanas: la fórmula de Juntos por el Sí sería muy atractiva para presentarse a las elecciones generales del 20 de Diciembre, prueba evidente de que nunca han pensado en una ruptura inmediata y sí en la fórmula indicada más arriba.
La pelota está nuevamente en el tejado del Gobierno de España, que por el momento se ha limitado a realizar, por boca del Presidente Mariano Rajoy, una declaración institucional, en la que manifiesta su voluntad de utilizar los medios a su alcance para que la integridad nacional no se vea afectada. El tiempo corre: el texto de los sediciosos catalanes otorga un plazo de treinta días para disponer de hacienda y seguridad social propias. Pese a lo absurdo de todo ello (¿qué seguridad social o hacienda podrán constituir semejantes politicastros si rompen toda conexión con el malvado Gobierno de España del que dependen la hacienda y la seguridad social catalanas?), el llamamiento de la declaración registrada legalmente en el Parlamento Catalán para constatar «la voluntad de inicio de negociaciones para hacer efectivo el mandato democrático de creación de un estado catalán independiente en forma de república», que es puesto «en conocimiento del Estado español, de la Unión Europea y del conjunto de la comunidad internacional», dando por supuesto que Cataluña ya es independiente de hecho, ya deja bien a las claras que tal declaración registrada el pasado 26 de Octubre de 2015 es un acto de desobediencia total y absoluta respecto a los poderes públicos reconocidos legalmente en la Nación Española.
Se trata en consecuencia de una rebeldía explícita (la implícita llevan décadas practicándola) contra la legalidad española que sólo puede resolverse aplicando el Artículo 155 de la Constitución Española, que en su concreción reglamentaria a través del Senado permite ir eliminando competencias a la comunidad autónoma en rebeldía hasta, en el límite, dejarle sin ninguna. Así, la hacienda o la seguridad social catalanas ya no serían siquiera competencias gestionadas por la autonomía, sino que pasarían a depender directamente del Gobierno de España. Junto a esta aplicación, la inevitable inhabilitación de todos los responsables de semejante declaración institucional, junto a la presumible que caerá sobre quienes, como Arturo Mas, participaron activamente en la pseudoconsulta separatista del 9 de Noviembre de 2014 que se sigue juzgando en los tribunales.
Conviene en consecuencia pensar la línea que nuestra Fundación debe seguir en estos momentos tan delicados para la Nación Española, con el añadido de unas inminentes elecciones generales en el final de este año. Así, en este observatorio se recogerán las sugerencias que tengan a bien plantear nuestros simpatizantes y amigos, abriéndose un debate al respecto de las posibles soluciones, algunas de ellas planteadas en el texto, que el Gobierno de España debe adoptar ante la rebeldía separatista catalana.
Fundación Denaes, para la Defensa de la Nación Española.
