Y lo han vuelto a hacer. Suma y sigue. Una vez más el racismo y la exclusión colándose a través de la lengua por la que sopla l’esperit català.
Este martes, la portavoz de la Generalidad Meritxell Budó ha protagonizado otro bochornoso episodio de la pesadilla secesionista. Durante una rueda de prensa, una periodista cometió la desfachatez de hacerle una pregunta en castellano -como dicen en los medios; no en español, no, en castellano-. Una pregunta, por cierto, sobre la supuesta «respuesta de país» que habría en caso de que Ada Colau resultase finalmente alcaldesa de Barcelona en lugar de Maragall, de ERC. El poble català no puede permitir que esta operación de Estado, como la calificó, arrebate la alcaldía al secesionismo. Ante tal barbaridad, claro, la señora Budó no pudo más que reaccionar -como buena reaccionaria- señalando a la periodista que esa pregunta no iba a respondérsela ya que no había sido formulada anteriormente en catalán. La consejera de presidencia afirmó también que no hacen ruedas de prensa «paralelas». Hay que cumplir con las formalidades.
Y es que para los periodistas -tan tendentes a utilizar palabras como president, govern o Generalitat aunque no sepan una palabra de catalán- estas ruedas de prensa «bilingües» es cosa habitual. En Cataluña, en las ruedas de prensa para las administraciones públicas -sí, públicas- el procedimiento habitual es una ronda de preguntas primero en catalán y después en español. Y, como decía la señora Budó, en esa sala lo que se hace en castellano es repetir y explicar lo que ya se ha dicho en catalán. Porque si se hace al revés o sólo en español -idioma que todos los presentes entenderán- no queda tan tolerante, ni diverso y plural. Así pues, la portavoz pidió que los periodistas se limiten a lo que se ha preguntado en catalán y que, en todo caso, si quieren hacer preguntas nuevas las hagan primero en catalán y luego en castellano. Lo que apuntilló diciendo: «Esto siempre ha sido una norma, lo saben perfectamente».
La periodista, tirando no de orgullo patriótico pero sí periodístico, le respondió señalando que las preguntas en castellano no son una mera repetición y que, en cualquier caso, ella tiene derecho a hacer las preguntas que considere oportunas en el idioma que considere oportuno. Además, afirmó no tener constancia de que hubiera ningún acuerdo explícito sobre tal norma.
Y ese es justo el problema, que la costumbre, como la fuerza, hace norma. Y con el tiempo hasta ley.
Pero, nos preguntamos, ¿no es absurda, cuando no algo peor, una norma que en lugar de economizar y precisar las ceremonias las duplique? ¿No resulta absurda una norma que no es necesaria dentro de un contexto en el cual todos hablan una de las lenguas que se están usando para hablar de los mismos temas con las mismas personas? ¿No podría resultar que, con este absurdo consentido, se esté imponiendo, incluso en el orden, una lengua a otra? En una rueda de prensa en la que intervienen ciudadanos españoles para tratar sobre temas que afectan y competen a una región española, ¿no sería más sencillo hablar en español cuando te preguntan en español? ¿No sería incluso lo obvio y debería ser lo general? Porque cualquier español, incluso de la región catalana, puede estar interesado en lo que se trata y no tiene por qué saber catalán. Y es que es perfectamente admisible que si a la portavoz se le pregunta en catalán responda en catalán, y si en español responda en español. Pero ¿por qué tiene que haber una norma que imponga el catalán? Es más, ¿cómo es posible que la portavoz de una administración pública española se niegue a usar el idioma de la nación española y no pase nada? ¿Por qué una periodista está obligada a formular sus preguntas en dos idiomas cuando sólo se necesita uno? ¿Se puede admitir todo en aras de la tolerancia, el respeto, la democracia y el diálogo?
Se dirá que en democracia todo cabe y todo es defendible siempre que se haga desde la palabra. Se dirá también que es necesario fomentar las lenguas regionales en favor de la diversidad de España. Y está muy bien, pero lo que no es admisible es que eso se haga, como se hace, contra lo común. Y cuando decimos lo común decimos la lengua, el territorio y decimos también la ley y la Constitución. Porque un Estado que no defiende su territorio y su ley es un Estado que no sirve para nada. Una nación soberana no se puede permitir la existencia de poderes secesionistas, y no sólo permitirlos sino además fomentarlos y financiarlos. Por más que siempre haya disidencia, porque siempre la hay, el Estado ha de ser capaz de mantener su eutaxia. En ello va su propia supervivencia y la de las clases e individuos que lo componen.
Quizá esto que decirnos, tan básico, sea algo que no quepa en las entendederas de muchos de nuestros dirigentes, cegados por los intereses partidistas, condenados a la incompetencia y parapetados en el Estado de derecho. O quizá sea algo peor. Pero de un Estado de derecho que no es capaz de mantener a raya a unas fuerzas políticas disgregadoras a las cuales se permite imponer un idioma regional en una rueda de prensa o, lo que es lo mismo, negarse a usar la lengua de todos, nada alentador se puede decir. Quizá sirva de parapeto, pero no de solución. Una democracia que no es capaz de mantener su propia integridad y garantizar la libertad e igualdad política de sus ciudadanos se podrá llamar democracia, pero puede que a un precio demasiado alto. La vergonya està servida.
Emmanuel Martínez Alcocer
