COMPROMISO PARA LEGALIZAR BATASUNA.
22-06-2007-El Semanal Digital
El diario «Gara» continúa poniendo contra las cuerdas al presidente del Gobierno. La última entrega resalta cómo estaba dispuesto a dinamitar la Ley de Partidos y la ordenación territorial.
22 de junio de 2007. Siguen las filtraciones de los terroristas. El diario Gara relata en su edición de este viernes el desarrollo de una de las reuniones de diciembre en la que, según dice, «estalló la crisis» entre el Gobierno y ETA. La banda acudió al encuentro remarcando que el acuerdo de 2005, que había dado pie al alto el fuego, había sido incumplido en su totalidad. Ante esto, «el representante de nivel más cualificado del Gobierno» indicó a los interlocutores de los etarras: «Parece que tenéis la sensación de que existe un intento o una estrategia de desnaturalizar el proceso. Quitaos eso de la cabeza».
No obstante, la banda acusó al Gobierno de negarse, en esa misma reunión, a la legalización de Batasuna. En ese punto de la discusión – detalla el diario – uno de los interlocutores del Gobierno aseguró: «Todo lo condicionáis al acuerdo político». «Nosotros jugábamos con otro esquema… Primero, los presos. Tenéis que comprender que para nosotros es muy duro que se hable de Zuberoa, de relación con Navarra… Todo eso para el Gobierno es muy duro», admitió otro de los interlocutores gubernamentales.
El fracaso de esta reunión de diciembre fue presenciado, según Gara, por un alto representante gubernamental del país anfitrión de los contactos, además de los mediadores de la organización internacional especializada en resolución de conflictos que había facilitado el trabajo en las fases anteriores. Otro punto de enfrentamiento fue el tema de Navarra. El diario proetarra destaca que, si bien en un primer momento los representes gubernamentales eran contrarios a su anexión al País Vasco, luego cambiaron su discurso para decir que la Comunidad Foral «no era un problema».
Crisis lejana
ETA ya advirtió al Gobierno a finales de junio del pasado año, en la primera reunión desde que la banda terrorista decretó el alto el fuego, que debido el incumplimiento de las garantías establecidas en el acuerdo para dar viabilidad al proceso éste podría empezar a torcerse. En una serie de encuentros celebrados en días consecutivos, ETA denunció el incumplimiento de estas garantías, entre las que cita la detención de etarras, el mantenimiento de la ilegalización, así como ciertas dudas de que el ´pacto de Estado´ se estuviera labrando.
Gara también cita que a la banda terrorista no le gustó que el presidente del Gobierno dijera en una entrevista a Catalunya Radio que con ETA hablaría «de su disolución y del futuro de sus integrantes», cuando «el compromiso mutuo era que la definición de los siguientes pasos y el modo en que se iban a anunciar a la opinión pública debía ser también pactado». La representación del Gobierno – que incluía ya en esta fase a tres importantes dirigentes del PSOE – no negó estos incumplimientos «pero trató de culpar a factores externos y asegurar que su voluntad de avanzar era firme».
Desactivación de la Justicia
«A modo de ejemplo, tildaron las detenciones producidas en esos meses de «accidente importante» que intentó justificar por la dificultad para cerrar sumarios judiciales en marcha o por la existencia de jueces que «son instrumentos del PP», dice el diario proetarra. Asimismo, los interlocutores del Gobierno calificaron de «disparate» el proceso contra el lendakari Juan José Ibarretxe por reunirse con Batasuna.
En estos encuentros, ETA entregó a sus representantes una escueta carta personal dirigida al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la que se decía textualmente: «La vulneración de las garantías establecidas en los acuerdos es motivo y puede suponer la ruptura del proceso de negociación y por lo tanto la suspensión del proceso abierto. ETA le hace un llamamiento directo para que actúe con responsabilidad y adopte las medidas pertinentes para cumplir las garantías y acuerdos alcanzados en la Mesa de Negociación».
Las «puyas» de Zapatero
Después de estos encuentros, las delegaciones de ambas partes no se volvieron a reunir hasta finales de septiembre. En ellos, según Gara, ETA denunció que la declaración de Zapatero en el Congreso anunciando el inicio oficial de conversaciones «no se había atenido a lo pactado» porque el Presidente incluyó lo que la banda terrorista consideró como «puyas». Entre ellas, el rotativo proetarra cita «la Constitución como tope» o «la ratificación de la Ley de Partidos Políticos».
El Gobierno, por su parte, también criticó los comunicados de ETA, «muy negativos» y argumentó que con ellos «la judicatura no se puede mover». De hecho, el Ejecutivo reclamó un comunicado que supusiera «un salto decisivo» en el proceso. A esta demanda, ETA contestó: «Tras 6 meses de incumplimientos, no vamos a dar ningún cheque en blanco» y le advirtió de que «si vuestra intención – la del Gobierno – es llevar a cabo una negociación técnica nos vais a tener enfrente otros 40 años más». El Ejecutivo dijo entonces que nunca pensó en un proceso basado en «paz por presos».
Legalización de Batasuna
Por otra parte, Gara recuerda que en las reuniones que dieron pie al inicio del proceso, los representantes de la banda y el Gobierno pactaron que «la actual organización llamada Batasuna solicitará su inscripción en el registro de los partidos políticos, de acuerdo con las exigencias de la legislación vigente». Asimismo, el Gobierno debería obtener la habilitación de los grupos políticos del Parlamento «para flexibilizar la política penitenciaria con respecto a los presos de ETA y de la izquierda abertzale».
Voladura de la Ley de Partidos
De igual modo, el Ejecutivo trabajaría para «adoptar el compromiso de garantizar la presencia en los próximos procesos electorales de la organización de la izquierda abertzale que represente a la actual Batasuna». Además, el Gobierno de Zapatero presentaría «inmediatamente después de las próximas elecciones generales una nueva Ley de Partidos Políticos, que sustituirá a la vigente, con el objetivo de garantizar la participación política de la izquierda abertzale en condiciones de igualdad con el resto de partidos políticos».
