La Voz de Barcelona

El semanario británico The Economist ha alertado este viernes sobre el excesivo déficit de las CCAA y ha destacado las dificultades que se está encontrando el Gobierno para tratar de controlar el gasto autonómico.

En un artículo titulado El centro intenta mantenerse, el rotativo fija su atención en algunos de los faraónicos proyectos desarrollados en la época de bonanza. Por ejemplo, la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, una obra que define como ‘una enorme y brillante nave espacial amarrada imperiosamente en un antiguo cauce de un río’ que, sin embargo, ‘flota en el tempestuoso mar de la deuda regional’.

El caso de la Comunidad Valenciana

The Economist recoge que el nuevo Gobierno del PP ‘culpa en gran parte’ a las CCAA del ‘fracaso’ en alcanzar el objetivo de déficit presupuestario fijado para 2011, que, con datos todavía provisionales, habría superado en más de dos puntos el 6% del PIB establecido a nivel nacional.

Entre las CCAA que han cerrado sus cuentas más lejos del objetivo de déficit (1,3% del PIB a nivel autonómico), el artículo destaca los casos de Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Extremadura, Baleares y la Comunidad Valenciana, y recuerda que a esta última Moody’s ha rebajado recientemtente la calificación de su deuda hasta el nivel de bono basura.

Una Comunidad gobernada por el PP durante 17 años

El consejero de Hacienda de la Generalidad Valenciana, José Manuel Vela (PP), ha asegurado que el déficit de su Comunidad, finalmente, no alcanzará el 4%, y ha culpado de la situación financiera al anterior Gobierno del PSOE. Vela ha reconocido que la produfunidad de la crisis causada por el estallido de la burbuja inmobiliaria les ha sorprendido, señala The Economist.

‘Mientras España pelea para convencer a sus socios europeos y a los mercados de que puede controlar el exceso en el gasto, Valencia será observada, sobre todo porque el partido de Rajoy la ha gobernado durante 17 años. Si el PP no puede limpiar su propio patio trasero, ¿qué esperanza hay que lo haga en otra parte?’, se pregunta el rotativo.

Retrasos ‘insostenibles’ en los pagos a proveedores

La revista advierte de los problemas que tendrá Rajoy para conseguir reducir el déficit hasta los objetivos fijados, y señala que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro (PP), ha reclamado ‘un mayor realismo respecto las perspectivas de crecimiento de España e, implícitamente, sobre su capacidad de ajustar sus presupuestos’. ‘Rajoy, temeroso de las acusaciones de incumplimiento, se compromete cuidadosamente a cumplir cualquier objetivo que se le fije‘, concluye el rotativo.

Entre los aspectos que inspiran más optimismo, destaca la ausencia de elecciones autonómicas en los próximos meses -más allá de las andaluzas y asturianas- y el hecho de que 13 de los gobiernos autonómicos están en manos del PP. Pero califica de ‘insostenible’ los retrasos en los pagos que están sufriendo los bancos que han concedido préstamos a corto plazo y los proveedores.

La Generalidad de Cataluña ‘se rebeló’ contra el objetivo fijado por el Gobierno

The Economist también señala el caso de Cataluña, ‘la región más rica de España’, que califica de ‘animadora para la consolidación progresiva frente a la terapia de choque’. La Generalidad ‘se rebeló contra el objetivo del año pasado, prometiendo extender su ajuste a lo largo de dos años’, indica, lo que considera ‘una prueba evidente de la incapacidad de Madrid para imponer su voluntad’.

El semanario británico recuerda que el objetivo de déficit que se fijó la Generalidad para 2011 fue del 2,6%. Y recoge las palabras del presidente autonómico, Artur Mas: “Establecer metas inalcanzables es destruir la confianza, que es lo que más necesitamos”.

Sin embargo, posteriormente a la publicación del artículo se ha conocido que la liquidación provisional del Presupuesto de la Generalidad del año pasado ha revelado un déficit del 3,29% del PIB, una cifra que asciende hasta al 3,66% -y la sitúa en el entorno de los datos de la Generalidad Valenciana- si no se contabilizan como ingresos los 759 millones que la Administración autonómica reclama al Gobierno y que realmente no ha obtenido.