De seguir esta evolución, el año 2011 alcanzaría el récord de sanciones a los comerciantes que únicamente utilizan el español en sus negocios, y que hasta ahora se situaba en las 209 multas impuestas en 2008, durante el tripartito.
La Voz de Barcelona
El Gobierno autonómico de Cataluña, presidido por Artur Mas, camina firme para conseguir cerrar este 2011 con un nuevo récord: el del mayor número de sanciones impuestas a los empresarios en un año por no rotular sus comercios, al menos, en catalán.
Según ha publicado este miércoles El País, durante la primera mitad del año, la Agencia Catalana de Consumo (ACC) ha impuesto 107 multas a los comerciantes que decidieron utilizar únicamente el español en sus negocios. 53 de estas sanciones lingüísticas corresponden a la provincia de Barcelona, tal y como avanzó hace dos semanas LA VOZ DE BARCELONA.
El Constitucional dictaminó su ilegalidad
Estos correctivos se fundamentan en la Ley de Política Lingüística de 1998, impulsada por CiU en tiempos de Jordi Pujol, y en la Ley del Código de Consumo de junio de 2010, que está recurrida ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, la sentencia del Alto tribunal sobre el Estatuto ya estableció la ilegalidad de esta norma:
‘El deber de disponibilidad lingüística de las entidades privadas, empresas o establecimientos abiertos al público no puede significar la imposición a éstas, a su titular o a su personal de obligaciones individuales de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo en las relaciones privadas, toda vez que el derecho a ser atendido en cualquiera de dichas lenguas sólo puede ser exigible en las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos’.
A pesar de ello, la Generalidad no solo no ha dejado de aplicar las multas lingüísticas, sino que ha aumentado su número, alcanzando las 205 sanciones en el año 2010, muy cerca de las 209 impuestas en 2008, que marcan la cifra máxima. En los últimos ocho años, ya son más de 900 los empresarios sancionados por este motivo.
A pesar de ello, la Generalidad no solo no ha dejado de aplicar las multas lingüísticas, sino que ha aumentado su número, alcanzando las 205 sanciones en el año 2010, muy cerca de las 209 impuestas en 2008, que marcan la cifra máxima. En los últimos ocho años, ya son más de 900 los empresarios sancionados por este motivo.
“Es una cuestión de voluntad”
Durante la primera mitad de este año, la ACC ha revisado 1.062 denuncias, que pueden ser anónimas. Esto supone que un 10% de ellas han acabado en sanción, una cantidad que, para el director del organismo, Alfons Conesa, “es muy baja”, habida cuenta que Cataluña tiene más de 78.000 comercios.
Conesa ha subrayado la bondad de la ACC a la hora de aplicar la normativa:
“Si hay voluntad de rotular en catalán, no hay sanción. No queremos sancionar y recaudar. Solo queremos que la ley se cumpla. Es una cuestión de voluntad. Cuando hay una inspección, se señalan las deficiencias y se da un mes para solucionarlas. Si se arregla, el expediente se archiva”.
El director de la ACC ha tratado de justificar esta actitud destacando que la Generalidad también sanciona a los empresarios que no etiquetan sus productos en castellano, lo que afectó a 94 compañías en 2009, y a otras nueve en 2010.
