Albert Rivera, presidente de Ciudadanos; MarÃa José GarcÃa Cuevas, diputada autonómica del PP; e Irene Rigau, consejera de Enseñanza de la Generalidad, durante el debate de este miércoles (Foto: TV3).
Redacción
Miércoles, 1 de junio de 2011 | “Señora consejera, ustedes no son profetas ni tienen las tablas de la ley. Ustedes son servidores públicos sometidos al poder de la ley, no son profetas, no son defensores de una religión ideológica que lleva, en definitiva, a aplicar un modelo [lingüístico escolar] al margen de la Constitución. […] No me imagino al gobernador de Nueva York o de otro estado de Estados Unidos pisoteando la Constitución, incumpliendo el Estatuto y, este caso, incumpliendo las leyes y además diciendo que no piensa cumplirlas”.
Con estas palabras el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha exigido este miércoles en el Parlamento autonómico de Cataluña a la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, que cumpla las sentencias del Tribunal Supremo -cinco, de momento- que obligan a la Generalidad a ‘adoptar cuantas medidas sean precisas para adaptar su sistema de enseñanza’ de forma que ‘el castellano sea reintroducido como lengua vehicular de forma proporcional y equitativa en relación al catalán en todos los cursos del ciclo de enseñanza obligatoria’.
Rivera ha recordado la propuesta de su formación para aplicar la ley y las sentencias de los tribunales, consistente en impartir el 40% de las calses en catalán, el 40% en castellano y el 20% en inglés. “El mismo modelo, sin ir más lejos, que el de algunas escuelas privadas a las que ustedes llevan sus hijos”, ha subrayado. Y ha advertido a la consejera que si no acata las sentencias “queda inhabilitada políticamente para defender la legalidad en Cataluña”, pero “ahora hay que ver si también queda inhabilitada judicialmente”, en relación a las querellas criminales interpuestas por Convivencia Cívica Catalana.
“Un gobierno solo puede hacer lo que le permite la ley”
También desde el PP han instado al Gobierno autonómico a cumplir con la ley y a hacer caso a la justicia. La diputada autonómica María José García Cuevas ha recordado que la Ley de Educación de Cataluña, que blinda la prohibición del castellano como lengua vehicular en las escuelas públicas, se desarrolló en base a un “Estatuto provisional” que posteriormente fue ajustado a ley por el Tribunal Constitucional.
“Nos resulta sorprendente que instancias como el Tribunal Supremo, hoy, ya con cinco sentencias, tengan que recordar a la Generalidad que su sistema educativo de inmersión lingüística en catalán es, con palabras de las sentencias, ‘absolutamente incompatible con la Constitución’ y, literalmente, lo inste por cinco veces con la expresión literal ‘deberá adoptar cuantas medidas sean precisas para adaptar su sistema de enseñanza reintroduciendo el castellano como lengua vehicular’. No estamos hablando de tres, cinco ni diez casos, estamos hablando del sistema de enseñanza. […] Nos preocupa que su Gobierno, como han hecho los gobiernos anteriores de Cataluña, continúe anteponiendo sus proyectos políticos separatistas por encima de la ley y del respeto a los poderes del Estado de derecho. Un gobierno solo puede hacer lo que le permite la ley y no lo que le gustaría, como cualquier ciudadano”, ha destacado la parlamentaria autonómica popular.
Rigau se enroca
La consejera de Enseñanza, por su parte, ha reiterado que no piensa aplicar el bilingüismo escolar porque, a su juicio, el Tribunal Supremo no modifica “el marco regulado” por la Ley de Educación de Cataluña, y ha apelado a la sentencia del Tribunal Constitucional de 1994 “en la que se reconoce plenamente que es la Generalidad la que tiene la potestad de determinar en qué proporción se utilizan las dos lenguas en nuestro sistema educativo”.
“Estamos perfectamente en la norma y los centros que estaban citados en alguna de estas sentencias han cumplido perfectamente con su contenido“, ha asegurado Rigau, a pesar de que la Consejería no ha realizado ninguna modificación en la línea marcada por el Tribunal.
