ABC
“A familias como la mía ETA nos quería borrar del País Vasco, matándonos o echándonos mediante la extorsión y el terror, para poder construir así su proyecto totalitario de sometimiento a sus dictados del resto de los que no pensaban como ellos”. Así comienza el escrito que Ramona Garrido, viuda el empresario José María Latiegui, asesinado por ETA en 1981, ha presentado en el Congreso de los Diputados para solicitar formalmente que se abra una Comisión de Investigación sobre la situación de los que se marcharon del País Vasco obligados “a la fuerza” de la extorsión y amenaza de la banda.
En un documento de 40 folios al que ha tenido acceso ABC, la víctima reclama la creación de un órgano parlamentario en la Cámara Baja que estudie las circunstancias y reconozca el “derecho al regreso voluntario, digno y seguro” así como su resarcimiento mediante un “Plan Nacional de Reparaciones” y la implantación de una oficina que facilite el retorno a los “desplazados víctimas del terrorismo”. En el citado escrito, Garrido, de 71 años y residente en el País Vasco, reclama que la comisión aborde el derecho que asiste a los “desplazados internos” para que les sean restituidas sus viviendas, tierras y patrimonio “en virtud de los principios aprobados sobre esta cuestión pro la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 28 de junio de 2005”. Pide asimismo que se contemple la posibilidad de que los “exiliados” vascos puedan ejercer su derecho a voto en el País Vasco, aun viviendo fuera de esta comunidad.
La primera investigación parlamentaria
La fecha del registro en la Comisión Permanente de Peticiones de la Cámara Baja es del pasado 24 de diciembre, una fecha simbólica para recordar que nunca en la historia democrática se ha procedido a la apertura de una investigación parlamentaria sobre las víctimas de ETA. La iniciativa ha sido remitida a los grupos parlamentarios y Garrido solicita ue sea igualmente extendida a todos y cada uno de los diputados, incluidos los de la coalición Amaiur.
