A un mes de las vascas y las gallegas, quiere que la nueva ley afecte a todos los niveles educativos
Ofensiva legal del PP para garantizar la enseñanza en castellano en toda España
MARIANO CALLEJA | MADRID Miércoles, 28-01-09
El autoproclamado «sentido común» de Mariano Rajoy le llevó a prometer en la campaña electoral del año pasado una reforma de la ley para garantizar la enseñanza en la lengua oficial del Estado, el castellano, en todas las aulas de España, sin discriminación de ningún tipo. «¿Se imagina alguien a un niño que no pueda estudiar en francés en algún lugar de Francia?», se preguntaba en los mítines, y acto seguido pedía sentido común en España. Casi un año después, el PP ya tiene lista su propuesta, que será uno de los ejes de la oposición al Gobierno en los próximos meses. Los populares defienden un «bilingüismo integrador» y aseguran que su Proposición de ley está elaborada desde la «concordia». Lo cierto es que ayer mismo, en cuanto se anunció, ya recibió las primeras críticas del PSOE. El camino de la iniciativa no será nada fácil.
Proposiciones de ley
1. Las Administraciones Educativas garantizarán el derecho de los escolares a recibir las enseñanzas en castellano en todas las etapas educativas.
2. Garantizar este derecho en las Comunidades con lengua cooficial.
El derecho de elección de la enseñanza en lengua materna hasta los 8 años.
A que el castellano sea ofrecido como lengua vehicular en todas las etapas.
A que, para los padres que lo deseen, la educación sea ofrecida totalmente en castellano.
3. La Alta Inspección educativa velará por esas garantías.
La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, repartió ayer primero una buena ración de críticas al presidente Zapatero –«lo que vimos en televisión fue su cara más dura»–, mantuvo una escrupulosa distancia respecto al supuesto caso de espionaje a cargos públicos de Madrid –«todos en el partido quieren el esclarecimiento de los hechos»–, y luego se centró en la que será una de las propuestas estrella del PP este periodo de sesiones.
En la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOE), el PP afirma que existen normas de ámbito autonómico «que no garantizan que la lengua castellana sea lengua vehicular de la enseñanza en las diferentes etapas y en las distintas áreas y materias, lo que constituye un requisito indispensable para que los residentes en aquellas Comunidades Autónomas puedan ejercer el derecho que les reconoce la Constitución en materia lingüística».
El PP ha registrado así su iniciativa en el Congreso apenas un mes antes de las elecciones autonómicas de Galicia y País Vasco, donde el partido de Rosa Díez pretende ganarles terreno. De hecho, la portavoz de UPyD quiso adelantarse al PP y ya presentó una iniciativa muy similar en el Parlamento.
En su Proposición de Ley, el PP se fija en dos criterios citados por el Tribunal Constitucional en una sentencia sobre la coexistencia del castellano y otra lengua cooficial en la enseñanza: «libertad real» e «igualdad de condiciones», y a partir de ellos elabora el articulado de la iniciativa. «Las Administraciones Educativas garantizarán el derecho de los escolares a recibir las enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, en todas las etapas educativas», dice el primer artículo de la reforma que propone.
Los populares piden que la lengua castellana y su literatura tengan «el tratamiento propio y el horario necesarios para garantizar que todos los escolares la comprendan y se expresen en ella con corrección oralmente y por escrito al finalizar la enseñanza básica».
En la lengua habitual
En las comunidades con otra lengua cooficial, el PP proclama que los niños tienen derecho a recibir sus primeras enseñanzas, en educación infantil y primaria, en su lengua habitual, ya sea el castellano o la otra lengua cooficial. Y añade: «Las Administraciones Educativas garantizarán que en todas las etapas educativas y en todos los cursos la lengua oficial del Estado sea ofrecida como lengua vehicular en las distintas áreas y materias junto con la otra lengua cooficial, en proporciones equilibradas en el número de horas lectivas, de manera que se procure el dominio de ambas lenguas oficiales, sin perjuicio de la posibilidad de incluir una lengua extranjera».
Los populares piden que la lengua castellana y su literatura tengan «el tratamiento propio y el horario necesarios para garantizar que todos los escolares la comprendan y se expresen en ella con corrección oralmente y por escrito».
Además, se garantizará la opción de recibir las enseñanzas en castellano, sin perjuicio del aprendizaje de la otra lengua cooficial en los términos que establezca la Comunidad Autónoma. Los alumnos que hayan iniciado sus estudios fuera de la Comunidad de que se trate o a quienes acrediten su residencia temporal en ella quedarán dispensados del estudio obligatorio de la lengua cooficial. Se trata, según explicó Sáenz de Santamaría, de evitar el «fracaso escolar».
En la educación superior, los profesores y los alumnos tendrán el derecho a utilizar, oralmente y por escrito, la lengua oficial de su preferencia. Los populares se oponen a que los alumnos sean separados en centros distintos por razón de su lengua habitual. «No es lo óptimo», según Santamaría.
